“Me he encontrado con trabajadores migrantes viviendo en condiciones que rivalizan con las peores que he visto en todo el mundo”

«En Huelva, me he reunido con trabajadores migrantes que viven en asentamientos que rivalizan con las peores condiciones que he visto en cualquier otro sitio del mundo. Están a kilómetros de distancia de las tomas de agua, viven sin electricidad ni sanitarios adecuados. Muchos llevan ahí años, pero no pueden permitirse pagar un alquiler y sostienen que, aunque tuviesen los recursos, nadie les aceptaría como inquilinos. Ganan unos 30 euros al día, y no tienen apenas acceso a ningún tipo de ayuda estatal. Una persona me dijo, ‘Cuando hay trabajo, España necesita migrantes, pero a nadie le interesa nuestras condiciones de vida». Así de contundente se ha manifestado en su informe el Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, al concluir su visita oficial a España entre el 27 de enero y el 7 de febrero.

Y continuaba: «Según las entidades de la sociedad civil, entre 2.300 y 2.500 personas viven en estas condiciones durante la temporada de la fresa. En la temporada de la fresa de 2018-2019, Huelva ganó 533 millones de euros ¹¹³ y el mayor productor es Driscoll’s y sus compañías asociadas. Driscoll´s tiene un protocolo laboral que ‘se aplica a todos los trabajadores de nuestra cadena, sin distinción’, declararon. Puesto que las condiciones que he visto en Huelva son simplemente inhumanas, y dado el control de las multinacionales en la industria local y global de la fresa, les preguntaremos qué están haciendo para identificar y mejorar las condiciones de trabajo en esta región». En lamarea.com publicamos recientemente este amplio reportaje sobre la situación de los jornaleros extranjeros de Huelva.

A continuación publicamos el comunicado íntegro que ha emitido el Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, al concluir su visita oficial al país.

«A pesar de que España está prosperando económicamente, demasiadas personas siguen pasando apuros», dijo Alston. «La recuperación después de la recesión ha dejado a muchos atrás, con políticas económicas que benefician a las empresas y a los ricos, mientras que los grupos menos privilegiados han de lidiar con servicios públicos fragmentados que sufrieron serios recortes después de 2008 y nunca se restauraron». «El único aspecto positivo en la situación es que el nuevo Gobierno de coalición está firmemente comprometido con lograr la justicia social, pero los desafíos son grandes», agregó.

En 2018, el 26,1% de la población en España, y el 29,5 por ciento de los niños, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social. Más del 55% experimentó algún grado de dificultad para llegar a fin de mes y el 5,4% sufrió privación material severa. La tasa de desempleo del 13,78% es más del doble de la que presenta la media de la UE, y ha sobrepasado el 30% para los menores de 25 años.

«España debería mirarse de cerca en el espejo», afirmó Alston. «Lo que verá no es lo que desearía la mayoría de españoles, ni lo que muchos responsables de formular políticas tenían planeado: una pobreza generalizada y un alto nivel de desempleo, una crisis de vivienda de proporciones inquietantes, un sistema de protección social completamente inadecuado que arrastra deliberadamente a un gran número de personas a la pobreza, un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico, un sistema fiscal que brinda muchos más beneficios a los ricos que a los pobres y una mentalidad burocrática profundamente arraigada en muchas partes del gobierno que valora los procedimientos formalistas por encima del bienestar de las personas».

«Los formuladores de políticas les han fallado en gran medida a las personas que viven en la pobreza, y los derechos sociales rara vez se toman en serio. La vivienda de bajo coste es casi inexistente y el sistema para brindar asistencia social está quebrado, es imposible de navegar y hace que las familias acaudaladas se beneficien más de las transferencias de efectivo que las familias pobres. Mientras tanto, las empresas están pagando la mitad de los impuestos que antes de la crisis a pesar de registrar fuertes beneficios».

«He visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país», dijo Alston. «Un barrio pobre con condiciones mucho peores que un campamento de refugiados, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento, donde los trabajadores inmigrantes llevan años viviendo sin ninguna mejora en su situación. Vecindarios de pobreza concentrada donde las familias crían niños con una grave escasez de servicios estatales, clínicas de salud, centros de empleo, seguridad, carreteras asfaltadas o incluso suministro eléctrico legal».

«La palabra que he escuchado con mayor frecuencia en las últimas dos semanas es ‘abandonados'», dijo el experto. «He conocido a personas que perdieron todos sus ahorros durante la crisis, que tienen que elegir entre poner comida sobre la mesa o calentar una casa, y que afrontan la posibilidad de ser desalojadas, incapaces de encontrar una vivienda asequible. Casi todos los que conocí buscaban ávidamente un trabajo decente».

«Ciertos grupos están particularmente olvidados por los formuladores de políticas, sufren el impacto de la discriminación estructural y experimentan tasas de pobreza desproporcionadamente altas. España tiene una de las comunidades de gitanos más grandes de la UE, casi la mitad de los cuales viven en la extrema pobreza. Las mujeres, los habitantes en zonas rurales, los inmigrantes, las trabajadoras domésticas y las personas con discapacidad están extremadamente desatendidas por las políticas actuales y se ven injustamente afectadas por la pobreza».

El experto de la ONU visitó Madrid, Galicia, el País Vasco, Extremadura, Andalucía y Cataluña, y se reunió con personas afectadas por la pobreza, funcionarios del gobierno del ámbito municipal, autonómico y central, así como activistas, académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil. También visitó numerosos centros comunitarios y escuelas, oficinas de ONG, un centro para personas con discapacidad, un centro de servicios sociales, un asentamiento informal para trabajadores inmigrantes, un bloque de viviendas privatizadas, un centro de trabajadoras domésticas y varias comunidades gitanas.

«Ahora España necesita un liderazgo innovador a escala nacional, respaldado con recursos para alentar a las comunidades autónomas a apoyar reformas de gran alcance. Con su acogida de los derechos sociales y la justicia fiscal, y su priorización de los más vulnerables, aplaudimos el mensaje del nuevo gobierno, pero es necesario que sus acciones estén a la altura de esa retórica», señaló Alston. «La pobreza es en última instancia una decisión política, y los gobiernos pueden, si lo desean, optar por superarla».

El Relator Especial presentará su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en junio de 2020.

Philip Alston (Australia) asumió sus funciones como Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos en junio de 2014. Como Relator Especial, forma parte de lo que se conoce como el sistema de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor grupo de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general que reciben los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que evalúan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en cualquier parte del mundo. Los expertos en procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no forman parte del personal de la ONU y no reciben un sueldo por desempeñar su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y ejercen su mandato a título individual.