Adelantarse a los posibles movimientos reaccionarios y blindar el acceso y el derecho al aborto seguro y gratuito para todas las mujeres europeas. Ese es el objetivo de “Mi voz, mi decisión”, una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) impulsada por ocho países que ha lanzado esta semana una campaña de recogida de firmas. Para conseguirlo, deberá recabar un mínimo de un millón antes del próximo 5 de junio.
Ante los ejemplos de retroceso en los derechos sexuales y reproductivos por el ascenso de fuerzas de derecha y extrema derecha, como en Argentina, Estados Unidos o, hace solo una semana, en Italia, las promotoras de este movimiento quieren ir por delante de los acontecimientos. Según explican, uno de los puntos de partida de la iniciativa es que han detectado inversiones millonarias en el movimiento antiabortista a nivel europeo, algo que ya se está dejando sentir también en España.
Un millón de votos para que el Parlamento Europeo escuche
Frente a esa amenaza, “Mi voz, mi decisión” plantea organización y coordinación internacional de la ciudadanía. La ICE es un mecanismo similar al que constituye en España la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), pero que funciona en este caso a nivel europeo: si se consigue el mínimo de apoyos exigido, obliga al Parlamento Europeo a escuchar la propuesta y tomar una decisión al respecto.
En el contexto de la campaña previa a las elecciones al Parlamento Europeo, ésta iniciativa por el derecho al aborto ha sido impulsada por organizaciones y activistas de ocho países (Eslovenia, Polonia, Croacia, Austria, Finlandia, Irlanda y Francia, además de España). Otros tres (Hungría, Dinamarca e Italia) se han sumado más recientemente a los impulsos de movilización. En el transcurso de la campaña pueden unirse más, dado que, en cualquier caso, de cara al millón exigido para que la propuesta pase a la siguiente fase, los votos de ciudadanía de toda la Unión cuentan.
Dado que el aborto –como todas las cuestiones sanitarias– es una competencia de los Estados miembros, no es posible exigir a la UE un cambio legislativo. Así que la iniciativa se acoge a lo que sí se puede hacer: movilizar las llamadas competencias de apoyo.
Concretamente, se busca que las instituciones europeas garanticen el derecho al aborto, mediante la financiación para cualquier mujer que no pueda acceder a un aborto seguro y gratuito en el país en el que reside, tenga la opci`´on de desplazarse a otro donde las condiciones sí que lo permitan. Algo parecido ya ocurre en otras cuestiones de salud pública, como la red europea de Centros Oncológicos Integrales -que busca mitigar desigualdades en el tratamiento del cáncer-.
Prohibido, ilegal o inaccesible: el derecho al aborto no está garantizado en la UE
«Los primeros derechos contra los que atentan son los que tienen que ver con nuestros cuerpos y particularmente el aborto», explica una de las coordinadoras de la iniciativa en España, la escritora y periodista Cristina Fallarás. Hace referencia al posible ascenso de la derecha y la ultraderecha en las próximas elecciones europeas. Sin embargo, la situación que aborda este movimiento no solo se plantea a futuro: el aborto ya es de hecho un problema para muchas mujeres en la UE.
Según “Mi voz, mi decisión”, son en torno a 20 millones las que no tienen acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura y gratuita. Las situaciones difieren: desde países donde el aborto está prohibido o casi totalmente prohibido, como en Polonia y Malta, hasta aquellos en los que es legal, pero no gratuito, como Austria y Alemania. También en los que es difícilmente accesible, como Croacia o Italia –o muchas Comunidades Autónomas en España–.
La iniciativa plantea la posibilidad de que el desplazamiento a un país donde el aborto pueda realizarse en condiciones de seguridad en todos esos casos sea íntegramente financiado. También en los casos de aquellas mujeres que están en un estadio de gestación donde su país ya no permite que puedan interrumpir el embarazo, dado que este límite varía según los casos. En la mayoría de países europeos es 12 semanas, pero algunas legislaciones lo extienden. Por ejemplo, en España el límite son 14 semanas; en Francia, 16, y en Países Bajos, 24.
El acceso al aborto de las mujeres refugiadas o solicitantes de asilo
Asimismo, la propuesta atiende de manera específica a las situaciones de especial vulnerabilidad, como las de mujeres refugiadas y solicitantes de asilo, o las pertenecientes a la comunidad romaní. En este sentido, en España se ha puesto el foco en las mujeres migrantes en situación administrativa irregular, para quienes las dificultades a la hora de acceder al aborto se redoblan.
Frente a todos estos problemas, Kika Fumero, coordinadora también de la iniciativa, da la vuelta a las retóricas reaccionarias para afirmar: “Las políticas de la muerte son aquellas que atentan contra la salud física y psíquica de las mujeres que no tienen acceso al aborto seguro y gratuito. Por el contrario, la cultura de la vida implica velar por nuestra salud sexual y reproductiva, así como blindar nuestros derechos fundamentales como es el de decidir sobre nuestros cuerpos”.
