La actual ley educativa, la LOMLOE, aprobada en diciembre de 2020, lo prohíbe de forma expresa: ni los centros públicos ni los concertados podrán “imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos”. Es decir, las cuotas son ilegales en este tipo de centros.
La realidad, sin embargo, se torna diferente y, dependiendo de la etapa educativa, entre un 81% y un 95% del alumnado de colegios e institutos concertados paga cuotas. Así lo señala un estudio de EsadeEcPol que, por primera vez, ha logrado acceder a dos bases de datos elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE): una de ellas analiza el fenómeno desde el lado de las familias y, la otra, desde el de los centros.
El informe, elaborado por los profesores Lucas Gortazar (EsadeEcPol), Ángel Martínez (EsadeEcPol) y Xabier Bonal (UAB y GEPS), expone que los cobros de cuotas provoca un aumento de la segregación escolar por motivos socioeconómicos, lo que termina desembocando en que la concertada, en comparación con la pública, escolarice en una proporción mucho menor al alumnado de renta baja y origen migrante. Esto, explican, “daña significativamente la igualdad de oportunidades y la equidad, uno de sus objetivos fundamentales”.
La ubicación de los centros concertados, generalmente en zonas de rentas altas y en núcleos urbanos, ya da pistas del tipo de alumno que accede a ellos: la renta de sus familias es mayor que la de aquellas que llevan a sus hijos a colegios e institutos públicos. En los barrios más pobres, el 90% de los centros son públicos. Esta brecha de clase es la única que explica la divergencia de resultados en el informe PISA entre unos colegios y otros, logrando los privados y concertados mejores resultados que los públicos.
Incluyendo a las familias que no pagan nada por llevar a sus hijos e hijas a colegios concertados, la cuota media en este tipo de centros oscila entre los 680 y los 860 euros al año. Sin embargo, esta realidad no es monolítica en todo el país, ya que el 70% de las cuotas se concentra en Cataluña, Madrid y País Vasco. En estas tres comunidades, más del 90% del alumnado de centros concertados tiene que hacer frente a pagos obligatorios.
El catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y coautor de informe, Xavier Bonal, asegura que la mayoría de las cuotas transita por los caminos de la alegalidad: “Los centros no cometen ilegalidades formales porque nunca explicitan la obligatorieda de las cuotas, sino que las camuflan de voluntarias, pero en la práctica se convierten en obligatorias porque si no no puedes acceder a determinados sevicios básicos”.
El pago de las mismas está tan asumido por las familias que, según publicaba el diario El País al inicio de este último curso escolar, el temor de los padres y madres de dos colegios concertados de Catalunya era no poder hacer frente a la subida del precio de las tasas si la Generalitat rescindía el concierto con ambos centros por mantener la segregación por género: “Aquí hay familias con muchos hijos y no podrán pagar si nos suben las cuotas”, explicaba uno de los progenitores a la vez que aseguraba que el colegio se había comprometido a no aumentar el coste. Sin embargo, como escuelas concertadas que habían sido hasta ese momento, ninguno de los dos colegios podría haber cobrado cuotas al alumnado. “Está completamente asumido por las familias que en la concertada se paga”, expresa Bonal.
Entre los motivos de la no gratuidad de los centros, el estudio destaca las siguientes: “Una parte de los centros concertados recurre a las cuotas simplemente por la insuficiente financiación que reciben por parte de las administraciones para la provisión del servicio de enseñanza: lo que las administraciones no financian lo complementan las familias. La otra parte lo hace para aumentar su financiación y prestar servicios adicionales no concertados, pero también para asegurar barreras de entrada en el acceso”.
Asimismo, centros bien financiados por parte de las administraciones públicas también cobran cuotas para lograr un mayor beneficio económico.
Según Xavier Bonal, las administraciones regionales son permisivas con estas prácticas porque, con ellas, han conseguido un equilibrio cómodo: “Permiten a los centros cobrarlas para así no tener que aumentar el presupuesto de los centros infra-financiados, pero lo que decimos en el informe es que basta con repartir mejor el presupuesto actual”, explica el catedrático de Sociología.
Ante esta realidad educativa, el estudio de EsadeEcPol pide alterar el actual statu quo, el cual “reproduce una situación que vulnera el derecho a la educación”. Los especialistas, sin embargo, no apuestan por un incremento generalizado de la financiación pública, ya que los centros sobre-financiados son, en la actualidad, los que escolarizan a un mayor número de alumnos, por lo que un crecimiento presupuestario “conduciría a una situación incluso de mayor injusticia e ineficiencia”.
Por ello, piden desarrollar un análisis detallado del coste teórico de la plaza escolar en el sector público y concertado en todas las comunidades autónomas. Además de esto, auditar los gastos no concertados de estos colegios, así como regular el coste del comedor escolar en los centros concertados para equipararlos con los costes de los centros públicos y las aportaciones que las familias puedan realizar en concepto de actividades complementarias.
Además de estas medidas generales, el informe pide que los mecanismos de financiación que se establezcan vayan asociados a “objetivos explícitos de reducción de la desigualdad educativa y de lucha contra la segregación escolar”.
