«Me han llamado ladrón, mafioso, acosador, sicario, terrorista…». De esta forma resume Rubén Sánchez el acoso al que está siendo sometido por parte de la extrema derecha. Su activismo, que va más allá de señalar las malas prácticas puntuales de las empresas, le ha situado en la diana de los ultras.
Hace apenas una semana denunció en redes sociales cómo varios individuos ligados a la ultraderecha compartían datos personales de periodistas y activistas de izquierdas e incitaban a cometer actos de violencia contra ellos. «Aquí os dejamos sus datos, podéis denunciarles, romperles las piernas o lo que queráis», decía el administrador de un canal de Telegram con casi 1.000 integrantes. Un simple rastreo a través de Twitter sirvió a Sánchez para dar con una de las personas que había filtrado los datos. Hablamos con él para conocer cómo se organizan estas redes de acoso.
Hace unos días publicaste un hilo desvelando la supuesta identidad de un ultraderechista que había publicado un documento con tus datos que se difundió en un canal de Telegram con más de 1.000 suscriptores para que te agredieran. ¿Esto es una práctica habitual de estos activistas? ¿Quiénes son y cómo operan?
En ese caso se trataba de un tipo que creó un documento con datos personales de objetivos de la ultraderecha, lo colgó en Pastebin y después se le dio difusión a través del que se presenta como canal de Telegram «oficial» del llamado Team Facha. Con la ayuda de unos cuantos amigos, he destapado la identidad de unos cuantos ultraderechistas, algunos con bastante relevancia en las redes. Y sí, dentro de la extrema derecha, hay quienes difunden bulos, hay quienes insultan y hay quienes lanzan amenazas, incluso de muerte. Todavía estoy esperando a que algún dirigente de Vox salga públicamente a decir que no tiene nada que ver con los violentos de ese Team Facha, al que por cierto mandan mensajes de cariño algunos de sus dirigentes.
También has destapado la identidad de un ultra que había lanzado amenazas de muerte contra el presidente Pedro Sánchez y el vicepresidente Pablo Iglesias.
Atacan con la impunidad que les da el anonimato, pero muchas veces dejan huellas. Y en este caso se trataba de un tipo que desde una cuenta lanzaba amenazas de muerte y cuando se la cerraron, abrió otra que usó para contar que había sido apoderado de Vox en Guipúzcoa en las últimas autonómicas y fotografiarse junto a Macarena Olona. El problema es que olvidó que desde esa otra cuenta también había reconocido que Twitter le había cerrado la de las amenazas.
Estos foros son de acceso libre. ¿Existe algún tipo de control sobre la publicación de datos personales incitando a cometer actos de violencia contra esas personas? ¿La policía tiene conocimiento de esto? ¿Sabes si se monitorizan estas redes?
Bueno, quizás para actuar contra lo que se denominan injurias a la Corona hay a veces algún tipo de monitorización o reacción rápida de alguna Fiscalía. Pero si sufres insultos, calumnias, acoso o amenazas, tienes que recopilar las pruebas –es fundamental certificar digitalmente los mensajes con herramientas como e-Garante– y acudir a un Juzgado. Realmente, es imposible controlar todo lo que se dice en las redes como. Tiene su lógica que sea el afectado el que tenga que denunciar. Y en buena parte de las ocasiones no basta con reportar a Twitter para intentar que se eliminen los tuits y se suspenda durante unos días o para siempre la cuenta. De hecho, en demasiadas ocasiones Twitter ha cerrado cuentas por motivos peregrinos que merecerían una demanda judicial por atentar contra la libertad de expresión.
A veces, da la sensación de que la máquina o los seres humanos que supervisan los reportes tienen la compresión lectora de un chimpancé. Aunque es cierto que en ciertas ocasiones se cierran cuentas dedicadas al acoso, las amenazas o promover los discursos de odio racista y xenófobo, en otras Twitter permite que sigan abiertas. Y en cualquier caso, la solución no pasa simplemente por cerrarles cuentas para que vuelvan a abrir otras. Cuando la gravedad de los hechos lo requiere y si se tienen indicios de quién está detrás, hay que acudir a la Justicia. Pero desde luego, por muchas sentencias que condenen a los enfermos de odio, siempre seguirán ahí los que lo siembran, alimentados y blanqueados por algunos grandes medios de comunicación y periodistas que no ensucian nuestra profesión.
10 años de acoso: de Luis Pineda a Francisco Serrano
¿Cómo llega una organización de consumidores como FACUA, y tú personalmente, a convertirse en uno de los objetivos principales del acoso de la extrema derecha?
Posiblemente porque FACUA es una asociación de consumidores bastante distinta a las que existen en nuestro entorno, muchas de las cuales se presentan como apolíticas –algo bastante habitual en organizaciones de derechas– o sencillamente callan ante políticas contrarias a los intereses de los consumidores para obtener luego sus recompensas en forma de subvenciones. En España llevamos décadas viendo cómo gobierno tras gobierno se infla con dinero público a pequeñas organizaciones, incluso a auténticos chiringuitos, sin comprobar si tienen los miles de socios que dicen tener. Como la mayoría no son molestos, en el fondo han servido a los intereses de partidos que prefieren alimentar la idea de que el movimiento de consumidores está atomizado, porque así eluden la interlocución bilateral con las organizaciones realmente representativas. Al no darnos el papel que nos corresponde, evitan que el diálogo social incorpore a un nuevo agente.
Hace una década, cuando FACUA clamaba contra la subida del IVA y los recortes en la educación y la sanidad pública, el gobierno de Mariano Rajoy amenazó con ilegalizarnos, con retirarnos la condición de asociación de consumidores –estamos sometidas a una regulación específica– basándose en la absurda invención de que la ley solo nos permitía actuar ante prácticas de empresas privadas y nos prohibía ni tan siquiera posicionarnos públicamente sobre la regulación de lo público. Mientras el resto de asociaciones de consumidores callaron, nosotros emprendimos una campaña contra la censura que pretendía imponernos el gobierno del PP que tuvo una enorme resonancia en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales. Logramos el apoyo de numerosas organizaciones de la sociedad civil y líderes de opinión así como multitud de consumidores que decidieron unirse a FACUA por solidaridad.
Ese momento representó un punto de inflexión en nuestra trayectoria. No solo porque salimos reforzados del envite y nuestra ilegalización no llegó a producirse. Ocho años después de que hubiésemos irrumpido en el movimiento de defensa de los consumidores a nivel nacional –nuestro proyecto nació en 1981 en Andalucía, pero no nos convertimos en organización de ámbito estatal hasta 2003–, nos acabamos de convertir en un agente social de primer orden. Y para ciertos sectores de la derecha, en un enemigo a batir.
A todo esto se sumó que me convertí en la obsesión de un histórico ultraderechista, el jefe de Ausbanc, un negocio disfrazado de asociación de consumidores que creó en 1986, dos años después de su condena por la Audiencia Nacional por sus actividades en la banda terrorista Frente de la Juventud, de la que llegó a ser su líder. Luis Pineda Salido quería eliminar a FACUA. Y para intentar lograrlo puso todo su empeño –e invirtió mucho dinero– en minar mi reputación. A través de Twitter y de sus medios de comunicación sembró todo tipo de bulos sobre mi familia y sobre mí: nos acusó de cometer fraudes con el dinero público y a mí de emitir facturas falsas, desde Ausbanc impulsaron una campaña–-usando entre otros medios una cuenta fake de Twitter– para hacer creer que yo era un pedófilo. E incluso Pineda, un millonario que se creía impune y que todo le saldría gratis, llegó a decir que mi pareja –Keka Sánchez– era en realidad prostituta a la que yo pagaba para encubrir mi supuesta homosexualidad y que a la vez mantenía relaciones sexuales con mi padre.
Como la difusión que lograba desde su cuenta de Twitter y los periódicos de Ausbanc no llegaba todo lo lejos que quería, llegó a contratar una campaña publicitaria con la que llenó las calles de Sevilla –donde vivo– y otras ciudades de carteles con la portada de una de sus publicaciones en la que aparecía mi cara con el rótulo «se busca» y me acusaba de numerosos delitos.
Y unido a todo esto, aprovechando que prácticamente había tomado el control del seudosindicato de ultraderecha Manos Limpias, Luis Pineda hizo que presentaran una denuncia contra mí acusándome de facturas falsas. El problema no fue la denuncia a la que se sumó el PP andaluz del hoy presidente autonómico Juan Manuel Moreno Bonilla. La denuncia fue archivada sin que ni tan siquiera me imputaran después de que tanto el Fiscal como el juez considerasen que no había no ya indicios, sino ni tan siquiera sospechas sobre mí. El problema fue su repercusión en los medios de comunicación y en las redes sociales. A día de hoy, todavía leo en Twitter a gente que me acusa de los delitos que Pineda me atribuyó recurriendo a noticias que se hacían eco de la denuncia de Manos Limpias.
El jefe de Ausbanc acabó con cuatro condenas por difamarnos a FACUA y a mí. Entre ellas, sentencias pioneras a nivel mundial sobre intromisiones ilegítimas en el derecho al honor a través de las redes sociales. Más allá de que la segunda implicó una de las indemnizaciones más altas que se han resuelto en España por atentados contra el honor, Pineda tuvo que tuitear el fallo de la primera de ellas durante 30 días consecutivos desde prisión. Y es que en 2011, el juez Santiago Pedraz acabó con Ausbanc y Manos Limpias ordenando la detención y entrada en prisión provisional de los líderes de ambas organizaciones, Pineda y Miguel Bernad. La acusación popular en la causa la ejercemos FACUA y Podemos –que también fue objeto de las difamaciones de Manos Limpias–. El fiscal pide más de 118 años de prisión para Luis Pineda, acusado de más de una treintena de delitos, que curiosamente eran los mismos de los que me acusaba a mí –el juicio finalizará en los próximos meses–.
Echando la vista atrás, los ataques de Pineda representaron una especie de entrenamiento, un duro pero fortalecedor entrenamiento, para lo que hemos vivido después.
¿En qué ha consistido este acoso a lo largo de estos últimos años?
Por un lado, en una larguísima lista de insultos y calumnias basados en bulos que crean empresarios, políticos y periodistas relevantes en la derecha y la ultraderecha. Unos crean los bulos, otros les dan difusión a través de sus medios de comunicación y una masa de odiadores –y también de gente que, de buena fe, da credibilidad a las difamaciones– los viraliza en las redes sociales, WhatsApp y Telegram.
Hay dirigentes de Vox, entre ellos varios cargos públicos, que me han llamado ladrón, mafioso, acosador, sicario, terrorista… me han advertido de que me vigilan y me han recordado que conocen cuál es mi camino habitual de mi casa al trabajo., como hizo su secretario de Comunicación en Andalucía, Rubén Pulido –condenado a cinco meses de prisión condicional en Andorra por calumnias a funcionarios–. Y luego está el mantra de las subvenciones, de que los que somos de izquierdas accedemos fraudulentamente al dinero público y cometemos irregularidades con él. Era el discurso habitual del juez condenado por prevaricación Francisco Serrano, hasta hace unas semanas líder de Vox en Andalucía. El pasado octubre, destapé que había montado una empresa para lograr 2,5 millones de euros de dinero público para un proyecto que nunca ejecutó. Intentó justificarse en un hilo de Twitter en el que llegó a reconocer que consiguió la ayuda pública falseando el capital social de la sociedad, por lo que lo denuncié en la UDEF y la Fiscalía le ha puesto una querella por fraude en subvenciones. Una causa donde voy a ejercer la acusación popular. Por puro compromiso de clase, compromiso antifascista.
He vivido cómo llegaban a hackear en Telegram dos años de conversaciones de un grupo de amigos en el que yo participaba, lo difundían a través de una página web y lo viralizaban a través de Twitter simulando que en él nos dedicábamos a perpetrar campañas de acoso. Curiosamente, en las ocasiones en que hablábamos de acoso se trataba del que sufríamos nosotros, nos dedicábamos a intentar averiguar la identidad de ultras que nos difamaban o amenazaban desde cuentas anónimas de Twitter y comentábamos los bulos que estaban lanzando ultraderechistas con relevancia en las redes sociales. Lógicamente, acudí a los tribunales y de momento hay una mujer imputada por delito de revelación de secretos. Resulta curioso que haya tanto hater fingiendo que desconoce que acceder a comunicaciones privadas y difundir su contenido es delito.
Pero también hay quienes van del insulto a la amenaza. Amenazas de agresiones físicas e incluso de muerte. Creo que la gran mayoría de periodistas de izquierdas que hemos sacado a relucir una pequeña parte de la basura que hay en la ultraderecha hemos sido víctimas de ellas.
Conforme ha ido aumentando mi relevancia en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales, especialmente Twitter, han ido creciendo esos ataques, sobre todo de la derecha más extrema.
