Casi cuatro años después de que 7.291 personas muriesen en las residencias de Madrid, no hay ningún responsable juzgado ni ninguna consecuencia política, salvo la del pobre infeliz que señaló las irregularidades en la gestión de esa pandemia, el que fuera el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, denuncia Javier Durán.