Los relatores especiales de la ONU han emitido un durísimo informe contra las leyes de concordia de Castilla y León, la Comunitat Valenciana y Aragón. Aseguran que “podrían afectar a la obligación del Estado Español de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos, que se cometieron durante la dictadura franquista”.