El Ejecutivo aplica lo que denominan “evaluación ambiental alternativa” a las modernizaciones de regadíos financiadas por Europa. Desde el Ministerio de Agricultura reconocen que, si se aplicase lo que dice la ley (evaluación ambiental para todos los proyectos de más de 100 hectáreas), “las obras no se ejecutarían en plazo, con el consiguiente daño a la economía española”. Con este argumento, en 2024 han eximido de la EIA a un regadío de casi 7.000 hectáreas y varios que rondan las 4.000.