Así se ha aplicado la Ley Mordaza durante el estado de alarma

Este 1 de julio se cumplirán cinco años de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Hasta el momento, sigue sin derogarse, a pesar de las promesas electorales. Y con la misma arbitrariedad que vienen denunciando distintos colectivos y organizaciones se ha aplicado también durante el estado de alarma.

Un nuevo informe de Amnistía Internacional recoge, según datos facilitados por el Ministerio del Interior, 1.044.717 propuestas de sanción desde que se decretó el estado de alarma hasta el 23 de mayo pasado. En este periodo, la organización ha documentado 61 casos de personas que han sufrido violaciones y abusos contra los derechos humanos. Y se han producido, según denuncia Amnistía, en cinco situaciones diferentes. Estos son los casos que recoge el informe:

Personas en situación de pobreza

Amnistía Internacional ha recibido informaciones sobre personas en situación de calle que han sido denunciadas por incumplir las medidas de confinamiento, en al menos Madrid, Valencia y Barcelona. Algunos casos han desembocado en procedimientos penales. En el caso de Madrid, una trabajadora del Sámur Social explicó a la organización que la situación durante las primeras semanas de confinamiento fue complicada por falta de instrucciones claras a la Policía, y la descoordinación había provocado incertidumbre para muchas personas sin hogar. En el caso de Barcelona, la fundación Arrels explicó a Amnistía Internacional que tenía constancia directa de ocho propuestas de sanción a personas sin hogar por parte de la guardia urbana.

Arbitrariedad policial

El 7 de mayo, Xanti Hidalgo acudió junto con otras tres personas a un piso de Vitoria-Gasteiz para ayudar a una familia con tres niños pequeños, que había ocupado dos días antes una vivienda deshabitada propiedad del Ayuntamiento. Esta familia, de origen colombiano, llevaba meses solicitando ayuda a los servicios sociales para acceder a una alternativa habitacional, sin ninguna respuesta. Fueron echados de la vivienda en plena pandemia, ocuparon otra para no quedarse en la calle. Xanti y sus acompañantes llevaron mesas, sillas, un colchón y una bombona para mejorar las condiciones de vida de esta familia. Una vez allí se personaron agentes de la policía local, que comenzaron a golpear fuertemente la puerta. Cuando abrieron, los agentes comunicaron a Xanti y sus acompañantes que no podían estar en el piso porque estaban incumpliendo el confinamiento. Obedecieron y salieron de la vivienda. Una vez fuera, fueron denunciados por la Policía.

Obstaculización del trabajo periodístico

El 8 de mayo Jon Hidalgo, periodista de Hala Bedi, se encontraba grabando una movilización de protesta contra el desalojo de un local por parte de la Ertzaintza en Vitoria-Gasteiz. Según ha dicho a Amnistía Internacional, tuvo que identificarse y acreditar ser periodista reiteradamente, cada vez que llegaban nuevos agentes al lugar. Finalmente, uno le ordenó que dejara de grabarle. Jon relata que el agente insistía en que tenía derecho a visionar las imágenes que había grabado y a eliminar las que considerase oportuno. Jon, por su parte, indicó tener derecho para grabar lo que quisiera.

La discusión con el agente se prolongó durante un cuarto de hora aproximadamente. Según su testimonio, el agente le advirtió de que se arriesgaba a cometer un delito de desobediencia si no le entregaba el teléfono móvil y le amenazó con detenerle. Tras repetir esta amenaza unas cinco veces, le entregó el teléfono al agente, que dijo que iba a darle un “acta de ocupación” para acreditar que había confiscado su teléfono. Según su versión, el agente tuvo el móvil en su poder otros 15 minutos. Después, se lo devolvió junto con su documentación, pero sin entregarle ningún tipo de acta. “No te he dado el acta de ocupación, así que no te lo he ocupado. Te lo voy a devolver, pero te voy a explicar por qué: ¿a que no estás inscrito como periodista?”.

Tras hacerle entrega del teléfono, el agente volvió a amenazar a Joan, esta vez con una multa de 40.000€ a 300.000€, si publicaba las imágenes. Joan lamenta que entre el tiempo que estuvo discutiendo con el agente, más el tiempo que sufrió la requisa de su teléfono, no pudo ejercer su trabajo durante cerca de media hora. De hecho, cuando recuperó su móvil, el operativo policial había terminado. Joan presentó una queja al Ararteko por estos hechos el día 24 de junio.

Uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía con tintes racistas

Celenia de Aza, mujer de nacionalidad dominicana, trabajaba como limpiadora en un hotel “medicalizado” de Barcelona. El 11 de abril regresó a su casa después del trabajo y, tras ducharse, salió al supermercado a comprar. En ese momento fue interceptada por los Mossos d’Esquadra que le preguntaron la razón de su presencia en la calle. Celenia Relata que cuando explicó que iba a comprar algo para comer, tras regresar del trabajo, uno de los agentes le dijo que estaba mintiendo, y le espetó “¿tú qué eres, doctora o puta? ¡Vuelve a tu casa!». Celenia contestó «¿cómo que me vuelva?; ¿qué voy a comer, aire? Gilipollas, ¿no ves que vengo de trabajar?», tras lo cual el agente empujó a Celenia.

Una vecina de la zona grabó la actuación policial justo después de que el agente empujase a Celenia, y cuando ella se encontraba ya en el suelo, inmovilizada, y rodeada por cuatro agentes. Celenia relata que notó como presionaban su espalda y pidió que pararan porque no podía respirar. Mientras estaba en el suelo, gritó pidiendo ayuda a los vecinos. Celenia cuenta que ya en el coche, camino de comisaría, uno de los agentes le propinó un puñetazo en la boca. Tras ser atendida en el hospital ese mismo día, el parte de lesiones constata que presentaba una “herida contusa en labio inferior izquierdo”, así como “dolor a la movilización” en el codo izquierdo. Celenia, que ha sido despedida de su trabajo después de estos hechos, considera que el motivo del despido fue la imposibilidad de ejercer sus funciones después de las lesiones en el brazo y la boca.

Registros de domicilios sin orden judicial

S. D. y su familia llegaron a España hace dos años como solicitantes de asilo, procedentes de Colombia, huyendo de la violencia de grupos paramilitares. Tras ser denegada su solicitud en diciembre de 2019, la pandemia les sorprendió en Vitoria-Gasteiz donde desde febrero, todos los miembros de la familia (la pareja más tres niños pequeños) convivían en una sola habitación de la que se les echa el 5 de mayo. Esa misma noche ocuparon una vivienda deshabitada al no haber recibido ninguna alternativa habitacional por parte de servicios sociales. Desde ese mismo día y hasta principios de junio, la presencia policial en la vivienda ha sido constante. S.D. ha contado a la organización que, hasta en dos ocasiones, agentes policiales entraron en su vivienda sin mediar orden judicial. En ambas ocasiones intentaron forzar la puerta de entrada. En una ocasión los agentes le dijeron: «nosotros tenemos todo el derecho a tumbar la puerta porque nos llaman de emergencia y no sabemos qué nos vamos a encontrar».

Reforma urgente de la ley mordaza

“Una de las lecciones más importantes que nos ha dejado el estado de alarma es que hay que reformar de forma urgente la Ley Mordaza, eliminando los artículos que limitan el ejercicio de derechos humanos como la libertad de reunión, expresión e información”, asegura el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán. La organización, que ha presentado el informe esta mañana en un acto público frente al Congreso de los Diputados, pide a las autoridades que investiguen las denuncias y situaciones de abusos y violaciones de derechos humanos atribuidas a miembros de las fuerzas de seguridad; que incorporen mecanismos independientes de investigación y garantías efectivas de supervisión y de rendición de cuentas de la actividad policial para evitar el uso excesivo de la fuerza o actuaciones arbitrarias de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; que elaboren un informe que evalúe la actuación de las fuerzas de seguridad durante el estado de alarma, en especial sobre grupos vulnerables; y, en resumen, que lleven a cabo una reforma urgente de la Ley Mordaza para garantizar el pleno disfrute de los derechos a la libertad de expresión, reunión, manifestación y acceso a la información para toda la ciudadanía.

Para ello, Amnistía Internacional ha recogido más de 142.000 firmas y ha planteado una agenda parlamentaria a los partidos políticos. «La mayoría de los grupos parlamentarios, incluidos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente, Pablo Iglesias, se han mostrado favorables públicamente en el pasado a reformar esta ley, pero es una promesa postergada», denuncia Amnistía. El mismo acuerdo de gobierno de coalición progresista alcanzado en diciembre de 2019 incluía el compromiso de aprobar una nueva ley que sustituyera a la Ley de Seguridad Ciudadana vigente para garantizar el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y reunión pacífica.

Interlocución con el Ministerio del Interior

Amnistía Internacional, que ha mantenido una interlocución con el ministro del Interior, denuncia que el ministerio no ha proporcionado información sobre directrices o protocolos específicos en relación con los colectivos vulnerables que demandaba la organización y aseguró que “el ejercicio de la potestad sancionadora produce un efecto disuasorio en las personas frente al ejercicio de acciones insolidarias”.

El 70% de las sanciones impuestas de acuerdo a la Ley de Seguridad Ciudadana se refiere a dos artículos. El primero, 36.6, refleja la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, con sanciones de hasta 30.000 euros y se ha empleado en el contexto de manifestaciones pacíficas, o en el ejercicio de la libertad de expresión, o por ejercer el derecho de información, recuerda Amnistía Internacional. Por otra parte, prosigue la organización, también se ha aplicado de forma reiterada el artículo 37.4, que refleja sanciones por faltas de respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y otorga una gran discrecionalidad a los agentes del orden, ya que la interpretación queda bajo su consideración.