Diagnóstico del empleo en España y cómo mejorarlo

En la actualidad, el empleo está creciendo y el paro disminuyendo en términos generales. Esto en absoluto se debe a las políticas de austeridad o de devaluación salarial aplicadas, sino al comportamiento cíclico de las economías capitalistas (a una recesión le sigue siempre un periodo de crecimiento). La recuperación de la economía española y de su mercado laboral se explican fundamentalmente por factores externos (reconocido por el propio Banco de España): política monetaria ultraexpansiva del Banco Central Europeo, reducción de precio del petróleo, euro débil, llegada masiva de turistas, y crecimiento económico internacional. De hecho, estos factores externos habrían permitido que la economía española comenzase a crecer mucho antes si no llega a ser por la aplicación de las políticas de austeridad y devaluación salarial, que actuaron como freno a esa recuperación. España ha tardado más años en comenzar a recuperarse que la mayoría de países por culpa de las políticas que receta la Unión Europea y que fueron aplicadas por los gobiernos del PSOE y del PP. La economía española se recupera e incrementa el empleo a pesar de las políticas de austeridad, no gracias a ellas.

Que la situación laboral esté mejorando no quiere decir que sea idílica ni mucho menos. Todavía mantenemos una tasa de paro cercana al 15%, el segundo nivel más alto de toda la Unión Europea y muy por encima de muchos países más pobres que el nuestro. Además, si a la hora de calcular la tasa de paro contabilizásemos (como hace la oficina de estadísticas de Estados Unidos) como parados a: 1) todas las personas que, aunque quieren encontrar un empleo, no lo están buscando porque no confían en encontrarlo, o no lo están buscando aún por otros motivos; y 2) a las personas que están trabajando a tiempo parcial pero que siguen buscando empleo a jornada completa, obtendríamos una tasa de paro cercana al 22%.

Por otro lado, no podemos olvidarnos de que el paro se está reduciendo también debido a la emigración (hoy hay un millón más de personas inscritas en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero que en 2009) y a la evolución demográfica (constantemente superan la edad de jubilación más personas que las que sobrepasan la edad para comenzar a trabajar). No todas las personas que dejan de estar paradas comienzan a trabajar. Es importante señalar que un tercio de los parados (33%) lleva más de dos años buscando empleo sin éxito y que casi la mitad (47%) llevan más de un año. Sólo el 58% de todos los parados reciben algún tipo de ayuda económica por desempleo (34% prestación por desempleo, 24% subsidio).

Además, la calidad del nuevo empleo es extremadamente pobre: en buena medida temporal y a tiempo parcial. Aproximadamente nueve de cada diez contratos firmados son de carácter temporal, lo que ha provocado que España haya alcanzado por primera vez en la historia la tasa de temporalidad más alta de toda la Unión Europea (26,9%, más del doble que la media europea). Esta tasa no ha dejado de aumentar desde 2013, justo después de la aprobación de la reforma laboral del PP. El 14,8% de todo el empleo es a jornada parcial, siendo más de la mitad del mismo involuntario (1,8 millones de personas que quieren trabajar más horas pero no encuentran un empleo de esas características). Tres de cada cuatro de estos empleos parciales son ocupados por mujeres, lo que explica en buena medida la brecha salarial ya que estos empleos tienen un salario menor.

A esto hay que sumar la baja remuneración de los nuevos contratos. Los últimos datos disponibles (de 2016) evidencian que la mitad de los nuevos empleos eran de un salario inferior a los 1.000 euros mensuales. La baja remuneración se debe a la elevada tasa de paro (las mermas salariales se aceptan frente al miedo a perder el puesto de trabajo), a la legislación laboral que otorga mucho poder y maniobra a los empleadores, y al elevado fraude laboral que se comete. Entre las ilegalidades cometidas por los empleadores destaca la elevada contratación temporal: es inadmisible que 9 de cada 10 empleos sean temporales cuando acorde al artículo 15 del Estatuto de Trabajadores esta figura laboral debería ser la excepción. Otra argucia laboral frecuentemente empleada es la del ‘falso autónomo’: el empleador obliga a su trabajador a darse de alta como autónomo para que se pague él las cotizaciones sociales cuando según la ley debería ser contratado como asalariado y las cotizaciones deberían correr a cargo del empleador. Los contratos en prácticas y otras becas son utilizadas de la misma forma: para ahorrarse unas pelas. Por último, otro fraude laboral cometido por antonomasia es el de las horas extraordinarias. Se estima que cada semana se realizan en torno a 6 millones de este tipo de horas, de las cuales la mitad no son pagadas. Si estas horas extras fuesen convertidas en empleos estaríamos hablando de más de 200.000 nuevos puestos de trabajo, amén de menos explotación laboral.

Teniendo en cuenta este panorama, la forma más rápida y eficaz para disminuir el desempleo y la precariedad laboral pasan por la creación de empleo en condiciones dignas. Cuanto menor sea el ejército de parados, menor será el miedo de los actuales trabajadores a perder su puesto de trabajo y, por lo tanto, mayor será su poder de negociación frente a los empleadores. Puesto que el sector privado no está dispuesto a generar suficiente empleo ni de una calidad mínima, es imprescindible que intervenga decisivamente el sector público. Por un lado, incrementado la oferta público de empleo convencional (recordemos que desde que el PP llegó al gobierno han sido destruidos más de 250.000 empleos públicos). No sólo hay que recuperar el empleo arrebatado sino incrementarlo mucho más. España tiene uno de los ratios de empleo público sobre el total más bajos de la Unión Europea: 17,1% frente al 34,9% de Dinamarca, 25,2% de Polonia o 21,3% de la media de la OCDE. Por otro lado, a través de un programa de Trabajo Garantizado que, al menos el primer año, garantice un empleo en condiciones dignas a un millón de personas.

Por otro lado, urge perseguir con más ahínco el fraude laboral que comete buena parte del empresariado español: contratos temporales, horas extraordinarias, falsos autónomos, falsos becarios, etc. Solamente con una mínima campaña de persecución del fraude laboral que inició el gobierno saliente con el apoyo de Unidos Podemos hace unos meses logró la conversión de más de 46.500 trabajadores temporales en indefinidos, y la detección de 19.000 falsos autónomos más que el año anterior. Si esta campaña se fortaleciera con más recursos y medios, la mejora de las condiciones laborales de muchos trabajadores serían muy cuantiosas (y también la recaudación por sanciones).

También hay que repartir el tiempo de trabajo y reducir la jornada laboral. En sólo unos meses se podría reducir la jornada laboral a 35 horas en todas las administraciones públicas y también en las grandes empresas. Francia llevó a cabo esta medida a final de los años 90, demostrando que es perfectamente factible. El reparto del tiempo de trabajo mejora las condiciones de trabajo de la gente y también aumenta la creación de empleo. Solamente con el reparto de horas extraordinarias que hoy día se realizan se podrían crear más de 200.000 nuevos puestos de trabajo.

Todas estas medidas mejorarían la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora, que es quien más dedica su renta al consumo, de forma que aumentarían las ventas de muchas empresas que ofrecen bienes y servicios a esta capa de la población. El aumento de ventas y beneficios empresariales también podría acabar repercutiendo en mayor contratación, pues los empresarios necesitarían nuevos empleados para satisfacer la nueva clientela. Recuérdese que, acorde a la encuesta de acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas que realiza el Banco Central Europeo, el principal problema de las empresas españolas es que no tienen suficientes clientes. Y, según el INE (Instituto Nacional de Estadística), el 94% de las empresas españolas no contratan trabajadores porque no los necesitan (no porque los salarios o impuestos sean muy elevados). Con más clientela, necesitarían más trabajadores.

Es imprescindible continuar elevando el salario mínimo. Según la Organización Internacional del Trabajo el salario mínimo debe ser, al menos, el 60% del salario medio de un país. Para España sería de 1.313 euros al mes. En otros países el salario mínimo es mucho más elevado: Irlanda: 1.656,20 euros; Países Bajos: 1.615 euros; Bélgica: 1.593 euros; Alemania: 1.557 euros; Francia: 1.521,22 euros, etc.