La ley del aborto cumple dos años asfixiada por las autonomías

MADRID // La Ley del Aborto celebra hoy su segundo cumpleaños a sabiendas de que nunca apagará tres velas. Como anunció el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al poco de asumir el cargo, la intención del Partido Popular es volver a la legislación anterior, que despenaliza el aborto en tres supuestos. Las mujeres dirán adiós al aborto libre hasta las 14 semanas de gestación, un grave retroceso para los derechos de las féminas, según denuncian los partidos de izquierda, las asociaciones de mujeres y las clínicas que practican abortos.

Asfixiada por el impago de las autonomías a las clínicas concertadas y con la asignatura pendiente de la educación sexual y reproductiva, aún sin desarrollar por las consejerías de Sanidad y Educación, la de la Ley del Aborto es una muerte lenta. Así lo denuncia la Asociación de Clínicas acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai). Las autonomías adeudan a estos centros alrededor de ocho millones de euros. “La normalización del recurso ha sido posible gracias a la voluntad de los centros acreditados”, explican en Acai. Muchas de estas clínicas llevan meses sin cobrar y están al borde de la quiebra, insisten.

“Intento de frenar la norma”
“La asfixia económica responde a un intento de frenar la normalización de la norma”, se muestra convencida Acai. De hecho, como llevan denunciando desde hace meses las clínicas y las asociaciones que trabajan con mujeres, no hay ningún dato objetivo que justifique la decisión del Gobierno. El número de abortos no se disparó con el aborto libre. En 2010 se realizaron un 1,3% más de interrupciones que en el año anterior.

Tampoco ha habido una avalancha de chicas de 16 y 17 años que han decidido abortar sin consultarlo a sus padres, a pesar de los augurios del PP. Al contrario, los profesionales que atienden estos casos aseguran que estos casos son muy puntuales. “Lo normal es que acudan con la madre”, explican en la Clínica El Bosque. El 87% acudió con un familiar, según un estudio que elaboró hace unos meses Acai.

Si bien la ley nació con el propósito de que el aborto fuera una prestación más de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, la realidad en la mayoría de autonomías ha sido un galimatías de triquiñuelas para dificultar el aborto libre y gratuito. La insumisión a la norma se dio desde el primer momento. El ejemplo más beligerante fue el de Murcia, que se declaró insumisa, aunque luego tuvo que recular. Por su parte, Navarra, que presentó, como el PP, un recurso contra la ley ante el Tribunal Constitucional, siguió hasta hace unos meses, derivando a las mujeres a otras autonomías.

Otras comunidades, con gobiernos conservadores, pusieron palos en las ruedas al aborto libre con artimañas mucho más elaboradas. Otro ejemplo, Galicia, promotora de leyes de apoyo la familia como la que pretende ahora impulsar el Gobierno central, cedió a grupos ultraconservadores la gestión de los sobres informativos para que las mujeres reflexionen antes de abortar. También fue significativo el caso de Catalunya, que obligaba a las mujeres a adelantar el pago de la interrupción y que hace unos meses, acosada por las críticas, decidió corregir.

La ley anterior era un coladero
Al Gobierno no le hace falta esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso que también presentó el PP contra la norma y pretende acabar con el aborto libre el próximo otoño. El PSOE critica que esta decisión responde a cuestiones ideológicas, ya que la normativa que el Gobierno pretende recuperar, que permitía el aborto si seguir con el embarazo suponía un peligro para la salud de la madre o el feto, era en realidad un coladero y en la práctica dejaba indefensos ante la justicia a las mujeres y a los profesionales sanitarios. Entre 1996 y 2004, cuando gobernaba José María Aznar, se realizaron 500.000 abortos.

El movimiento feminista critica la hipocresía del PP y prepara “la mayor campaña conjunta” de los últimos 20 años para defender la legislación en vigor. La plataforma Decidir Nos Hace Libres reúne a unas 200 entidades, entre asociaciones de mujeres, de vecinos, sindicatos, clínicas que practican abortos y la Federación de Planificación Familiar. Ante la inminente derogación de la norma, están organizándose para salir a la calle. “Vamos a dar mucha guerra”, explica una de sus impulsoras, Olga Domínguez.