Venezuela sin ‘fake news’

NATALIA VIANA, VENEZUELA // El pasado lunes 5 de junio, Venezuela amaneció con el mismo presidente, Nicolás Maduro, como viene sucediendo desde que relevó a Hugo Chávez en 2013. Una decepción más para muchos de los manifestantes que vienen llenando las calles de numerosas ciudades del país en los últimos dos meses. Circularon rumores, con un alcance multiplicado por mensajes de WhatsApp, de que Maduro huiría del país un día antes. Hasta una conocida vidente predijo su fuga, según uno de esos mensajes.

A pesar de ese episodio, todo lo que sucede en Venezuela está cercado por la desinformación e impregnado por las fake news divulgadas por simpatizantes del gobierno y la oposición. En la política venezolana todo es espectáculo. Por eso, olvide mucho de lo que ya leyó por ahí: Venezuela no está viviendo una catástrofe humanitaria por la falta generalizada de alimentos; el gobierno de Nicolás Maduro no va a caer mañana; la policía nacional no está masacrando manifestantes en las calles. Pero tampoco es cierto que todo esté bien y que las manifestaciones y la violencia en torno a ellas sean fruto de «terroristas» armados, como dicen los partidarios del gobierno.

Para este reportaje pasamos tres semanas en el país, con la intención de oír lo que dicen los venezolanos y sus líderes. Nada más llegar, asistimos a una marcha de la oposición al este de Caracas. Desde principios de abril, esas marchas han sacudido la capital: cada dos días hay una nueva protesta masiva, y las calles amanecen como un escenario de guerra. En todas las principales avenidas hay camiones de los antidisturbios junto a largas filas de guardias de la Policía Nacional Bolivariana portando armas de gran calibre. Los soldados del ejército, con sus uniformes verde oliva, también ocupan las esquinas y los lugares clave para intimidar a quienes van a manifestarse. Buena parte de las principales avenidas de rápido acceso a los lugares donde tienen lugar las protestas están cortadas por las fuerzas del gobierno, impidiendo el flujo de los manifestantes. Cierran las estaciones de metro. Algunas empresas dan el día libre a sus funcionarios en horarios alternados para evitar el caos.

Las marchas también tienen su rutina: allá en la Plaza Altamira, del barrio de clase media del mismo nombre, señores y señoras rubias con sus características gorras con los colores de Venezuela conversan mientras estudiantes de distintos centros, como la Universidad Central de Caracas, la Universidad Metropolitana y la Universidad Santa María, portan bandas y carteles con los nombres de sus escuelas y mensajes de orden contra el gobierno, que consideran una dictadura. Algunos pocos, grupos de jóvenes, morenos, blancos, negros, se organizan en círculo. Sacan de sus mochilas sus «armas de guerra»: cascos de moto, camisas negras que anudan a su rostro, máscaras antigás, guantes gruesos, escudos de madera cuidadosamente tallados, adornados con palabras como «coraje», «libertad» y «honor».

Los «black blocs» venezolanos piden no ser fotografiados. Al igual que en las manifestaciones en Brasil, abundan los jóvenes de entre 16 y 25 años que encuentran en esas marchas una manera de expresar su deseo de cambio para el país. Allá rompen sucursales bancarias y tiendas. Llevan piedras y usando sus gruesos guantes, devuelven, cuando pueden, las bombas de gas lacrimógeno lanzadas por la policía; algunos lanzan cócteles molotov o explosivos caseros. Y son saludados como héroes por la oposición.

Cuando la plaza está llena, estos jóvenes pasan en fila india, con el brazo sobre los hombros de quien les precede, en dirección a la línea de frente entre fuertes aplausos. Algunas señoras piden permiso para tomarse fotos con ellos. «¡Son tan valientes!», exclamaba una de ellas. Su papel allí consiste en intentar «empujar» el cordón policial que de manera invariable interrumpe la marcha cuando esta se aproxima al centro de la ciudad, impidiendo así que los manifestantes penetren en la zona donde se encuentran los edificios gubernamentales. «No hay un paro nacional en Venezuela. Hay unas protestas, y esas protestas están focalizadas en guetos donde el gobierno te deja «, resume el director del Instituto Datanálisis, Luis Vicente León.

Nada de eso es nuevo en Venezuela. El eslógan «calle, calle, calle» ha sido repetido por diferentes líderes de la oposición, con menor o mayor vehemencia, desde que Hugo Chávez fue electo presidente en 1998. Las olas de protestas, boicots, lockouts (cierre de fábricas), son tantas que se pierde la cuenta. Muchas contaron con el apoyo de Estados Unidos, mediante financiación de la Agencia Americana para la Cooperación Internacional (USAID). Desde la muerte de Hugo Chávez en 2013, hubo por lo menos tres grandes oleadas de protestas, siempre con el mismo recorrido. Y, a pesar de esto, al conversar con los manifestantes, estos aseguran que esta vez será diferente. «Vamos a seguir en la calle. Es todo un país el que no quiere continuar con este régimen», dice Alejandro Ferrero, de 23 años, tras un casco con los colores de la bandera. Desde abril, más de 2.800 manifestantes fueron detenidos. Más de 200 permanecen en prisión.

Una Asamblea en desacato y una Constituyente sin voto popular

El motivo de la última ola de protestas está en un edificio blanco en el centro de Caracas, adornado con columnas blancas de estilo romano y una fuente de agua en su lujoso patio, donde trabaja -o debería- la Asamblea Nacional. A mediados de mayo de este año, las sesiones tenían lugar como mucho una vez por semana, reuniendo a un puñado de diputados de la oposición; los diputados del gobierno no daban la cara. En agosto del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) declaró a la Asamblea en «desacato», y desde entonces nadie sabe bien cómo sacarla de esa situación.

Un destino melancólico, pero muy venezolano, para una Asamblea cuya elección, en diciembre de 2015, significó la primera derrota electoral del chavismo en el Legislativo, controlado durante 16 años por el gobierno. Los partidos de la oposición que forman parte de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) conquistaron la mayoría de dos tercios de los escaños, pudiendo así hacer leyes que contrarian las principales políticas del Ejecutivo, además de aprobar o derogar préstamos internacionales o los presupuestos nacionales. Un hecho histórico, fuertemente celebrado en las ruas, en los cafés elegantes, en las empresas y en los grupos de WhatsApp.

Ya en la ceremonia de investidura, el presidente electo de la Asamblea, Henry Ramos Allup, promulgó una ley de amnistía para todos los presos políticos y prometió que «en un periodo de seis meses, vamos a proponer un método, un sistema para cambiar al gobierno por vías constitucionales». Horas antes, el presidente Nicolás Maduro había emitido un decreto retirando a la Asamblea el poder de nombrar al director del Banco Central, y el TSJ había impedido a tres diputados de la oposición la toma de posesión -para que no lograran la mayoría-. La MUD no acató la orden judicial y desde entonces, el gobierno no paga salarios a los diputados, y todas las decisiones del Legislativo son anuladas por el TSJ -que el 29 de marzo llegó a decidir que asumiría los poderes del Congreso, pero capituló tras la reacción internacional-.

«La asamblea funciona en un sentido testimonial. Acá en el palacio funcionan reuniones, se hacen debates, pero todas las leyes que aprobamos fueron anuladas. Desde que empezó este mandato, hay más de 60 decisiones de la Sala Constitucional anulando todos los actos», explica a Agência Pública el actual presidente de la Asamblea, Julio Borges. Aún más beligerante que su predecesor, Borges tomó posesión del cargo en enero prometiendo elecciones generales para este verano. En marzo anunció que el Legislativo declaraba el «abandono del cargo» del presidente Nicolás Maduro, por la ineficiencia del gobierno para lidiar con una aguda crisis económica que genera crisis de falta de medicamentos y alimentos, y una inflación anual por encima del 500%. Pero nadie le dio demasiada importancia.

«Es absurdo pretender que toda una institución esté en desacato, como si fuera una persona», dice Borges. «Maduro aprobó el presupuesto él solo, en el Tribunal Supremo de Justicia. Aprobó la deuda nacional él solo, sin pasar por el Parlamento, de manera que tenemos un Parlamento cerrado por un gobierno al que no le importan ni el voto popular ni la democracia».

La guerra entre los dos poderes se agravó a lo largo de 2016. Un intento de diálogo, acompañado por el Papa Francisco y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) a finales de año, también quedó en papel mojado. «Nicolás Maduro está gobernando fuera de la Constitución. Y el país se rebeló ante un gobierno que está instalando en Venezuela una dictadura», opina Borges, en referencia a una avalancha de enredos a los que el gobierno apeló para postergar los votos en las urnas, después de la abrumadora derrota electoral en el Legislativo en 2015. El referéndum revocatorio para el mandato del presidente -propuesto por los partidos de la oposición- fue interrumpido cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió la recogida de firmas por fraude en cinco estados a finales de octubre. Esa misma semana, el CNE anunció que las elecciones a gobernador, que podrían dar mayoría a los opositores -y darían así el control de diversos cuerpos regionales de policía-, serían realizadas en el primer semestre de 2017, con seis meses de retraso. Todavía no han tenido lugar.

Antes de despedir a Borges, la reportera pregunta sobre qué pasaría si el gobierno no convocara elecciones generales, como pide la oposición: «Nada. Vamos a seguir luchando, porque no hay otra».

Los ojos de Chávez

En el centro de la ciudad, los ojos del fallecido líder Hugo Chávez están por todas partes. Literalmente. Pintados sobre paredes de edificios gubernamentales, adornando muros, esparcidos sobre los escalones del parque El Calvario, trayendo -de una forma un tanto siniestra- la memoria constante de que Venezuela es «territorio del chavismo», como muchas pintadas se encargan de recordar. También ante la mirada de varios retratos de Chávez atiende Elías Jaua en su despacho del Ministerio de Educación. Hombre de confianza de Chávez, anteriormente Jaua fue secretario de la Presidencia, canciller (ministro de Exteriores), ministro de Economía Popular, ministro de Agricultura y Tierras y vicepresidente. Ahora, además de la cartera de Educación, Jaua dirige el principal esfuerzo del gobierno para librarse del atolladero creado por la oposición, que sigue firme en las calles: la creación de una Asamblea Constituyente, propuesta por Nicolás Maduro el pasado 1 de mayo. La elección de los 545 miembros está fijada para el próximo 20 de julio. Lo que antes fuera una consigna de la oposición, deseosa de poner fin al gobierno chavista, la Asamblea propuesta está cargada de controversia. Si sigue adelante en el futuro, la Constituyente suplantará a todos los demás poderes -y por tanto, puede comandar o poner fin a la rebelda Asamblea Nacional-. El gobierno promete un referendum popular nada más terminar el proceso.

De tez morena y con mirada seria tras sus gafas cuadradas, Jaua explica, enfático, que el mayor problema del país es la «injustificable negativa de la oposición a sentarse a dialogar con el gobierno y su preferencia por la violencia». «Ellos desconocen el derecho de gobernar de esa fuerza popular que alzó la bandera de los indígenas, campesinos, pescadores, afrodescendientes, excluidos de todo tipo. Y no es nuevo. Son 18 años de ignorancia», dice.

Como chavista histórico que es, Jaua fue el encargado de coordinar el esfuerzo constituyente, una apuesta arriesgada de modificar uno de los mayores legados de Hugo Chávez, la Constitución de 1999 que, a pesar de ser muy protestada en la época, ahora está en boca de cualquier político: todos se acusan mutuamente de estar violando la Constitución. Es la respuesta del ministro, por ejemplo, cuando se indaga sobre si no sería más fácil abrir el diálogo realizando unas elecciones generales. «No está en la Constitución la figura de las elecciones generales. Y mediante la presión y la violencia ellos no pueden forjar un escenario que no es constitucional. Eso seria la desaparición de la república”. Es tal el aprecio por la Carta Magna que Jaua parece contradecirse al explicar la necesidad de una Constituyente.

«No se trata de cambiar la Constitución», explica Jaua a Agência Pública. «Se trata de apelar al principio de que la soberanía popular es la fuente suprema del destino de la nación. [Buscando diálogo] no más con la cúpula de la oposición, sino con un proceso electoral por vía universal, directa y secreta. Y que emerjan tanto líderes del gobierno, como líderes de la oposición que están en contra de esa violencia».

La fórmula para elegir a los constituyentes es más que polémica. La mitad será escogida por regiones; la otra mitad, en función de nueve sectores, como campesinos, empresarios, indígenas, personas con deficiencia, universitarios y representantes de consejos comunales, que cuidan del mantenimiento de las favelas (barrios humildes), por ejemplo. Cada sector tendrá sus representantes. Sobre los que quedarán fuera, como los jóvenes que no están en la universidad, Jaua justifica que todos podrán votar por su región.»La única razón es técnica y legal. Tiene que haber un registro histórico, reconocido, institucional de los sectores. No se trata de discriminación, sino que el registro ha de ser fiable y certificado», enfatiza.

Pero, ¿cómo sabe el gobierno que la población aprueba la iniciativa si no hay un referéndum consultivo? Él responde con confianza: «Eso se verá en las elecciones constituyentes, y se verá en las próximas semanas, en miles de candidaturas que ya empiezan a florecer por todos lados». Hasta mediados de junio, ya había más de 50.000 candidatos, según fuentes oficiales. Sean cuales sean los cambios que surjan tras la Constituyente electa de esta forma, él garantiza que «las bases doctrinarias y filosóficas de la Constitución de 1999 se mantendrán».

Más protestas y más muertes

La propuesta gubernamental prendió el ambiente político. La conmoción fue palpable cuando, el 11 de mayo, una marcha llenó las calles de La Mercedes, en la zona oriental de Caracas. La protesta, organizada en menos de 24 horas, era la antítesis de la marcha del día anterior, cuando en aquel mismo lugar la multitud intentó acceder al centro de la ciudad, enfrentando el cordón policial, los estallidos y, finalmente, la tragedia. Hoy, guiada por un sacerdote católico, las familias rezan, cantan y traen coronas de flores para el joven Miguel Fernando Castillo Bracho, de 27 años, un estudiante de comunicación de la Universidad Santa María, que murió por el impacto de una bola de acero lanzada por un arma casera en las manifestaciones del día anterior, según la Fiscalía venezolana. «Estoy aquí como madre para compartir el dolor de las madres de esos jóvenes asesinados, resultado de tanta represión y tanta maldad como tiene este gobierno. ¿Qué miedo tienen de que la gente llegue al palacio de Miraflores?», decía la profesora Ana Karina Malave.

Ya han muerto más de 70 personas en la ola de protestas en Venezuela desde marzo. El recuento de fallecidos -una perversión del sensacionalismo venezolano- se convierte en arma arrojadiza a ambos lados del espectro político. En Caracas, una de las ciudades más violentas del mundo, los muertos han marcado todas las olas de manifestaciones contra el chavismo. En 2014 los 43 manifestantes muertos sirvieron para que la Justicia condenara a 14 años de prisión al líder opositor Leopoldo López, del partido Primera Justicia. Desde entonces, López se ha convertido en el preso político más famoso del país. En 2002, las 19 muertes durante la jornada de protestas del 11 de abril sirvieron de pretexto para que la cúpula militar exigiera la renuncia de Hugo Chávez, despejando así el camino para un golpe de Estado que duraría menos de 48 horas.

Es por eso que, al entrar en el despacho del ministro de Comunicación, esta reportera encuentra a Ernesto Villegas sobre una montaña de papeles impresos, organizados en el suelo al pie de una pizarra blanca, con una lista de nombres. Cada folio trae una foto, nombre, apellidos y datos como la edad, el sexo y el «status del caso». Ernesto Villegas es ministro de Comunicación y presidente de la cadena estatal Venezolana de Televisión (VTV). Es, ante todo, periodista. «Eso no me lo quita nadie». Tras el golpe de 2002, Villegas estudió los muertos del 11 de abril para su libro Abril, golpe adentro.

«Mire, todas las muertes valen lo mismo, son todas dolorosas, independiente del color político de la victima», dice Villegas, asegurando que hoy como en la época del golpe, el número de muertos a manos de la policía nacional es muy interior al que se difunde. Hasta comienzos de junio, de los 77 casos registrados por su equipo, solo 25 personas estaban participando en manifestaciones cuando fallecieron. Entre ellas hay víctimas que recibieron impactos de armas caseras o por armas de fuego. Un estudiante de medicina, Paúl Moreno, de 24 años, fue atropellado por una camioneta Hilux en Maracaibo, al oeste del país, y otro universitario, Juan Pernalete, de 20 años, murió tras el impacto de una bomba lacrimógena tirada por la policía y que impactó contra su tórax, según la fiscal general, Luisa Ortega Díaz. Entre los muertos hay también cuatro chavistas, cuatro policías y ocho víctimas que murieron electrocutadas durante un saqueo a una panadería en Caracas (los datos pueden ser consultados aquí y aquí).

«El pretexto para la intervención extranjera son las violaciones de derechos humanos. De ahí los esfuerzos de un aparato mediático gigantesco están puestos para esa narrativa del gobierno de Maduro como violador masivo de derechos», declara el ministro. Para él, si un agente de policía dispara a manifestantes, está desobedeciendo la Constitución, las órdenes expresas de sus superiores y las del presidente. «Para mí es sospechoso estar alineado con el show de Luis Almagro en Venezuela», dice en referencia al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que actúa en concordancia con la política de Estados Unidos.

La muerte más brutal de todas fue la de un joven de 21 años, Orlando Figuera, linchado, acuchillado y quemado vivo por manifestantes que ocupaban la plaza Altamira el 20 de mayo, tras haber sido acusado de intentar robar a una persona. Figuera murió en el hospital 15 días después. Según sus padres, chavistas férreos, el joven se dedicaba a estacionar vehículos en Las Mercedes y «fue asesinado por ser chavista». La noticia recibió poca atención por parte de los medios internacionales y fue utilizada por el gobierno para atacar a la oposición. «Aquí la prensa internacional no aplica su manual de estilo. Se descalifica a la fuente oficial como válida. Hay una visión de que cualquier cosa que se diga contra el gobierno es válida como noticia, no es necesario verificar».

Entre 2002 y la actualidad Villegas destaca una diferencia fundamental: la primacía de las redes sociales. Internet tiene una tasa de penetración del 53% en Venezuela, con más del 70% referida a las clases populares. «En aquella época éramos prisioneros de la televisión», opina el ministro. «Hoy la comunicación digital sustituyó a la televisión en algunas franjas geográficas y de edad. Tiene mucho impacto lo que circula en grupos de WhatsApp; Facebook es la red más popular en Venezuela, y Twitter es muy usado por políticos».

Dado que marchas como la de Miguel no son mencionadas por la televisión abierta -Telesur y VTV, en particular, dedican largas franjas a programas propagandísticos plagados de acusaciones contra los opositores-, es imposible controlar el torrente de vídeos caseros divulgados por páginas antichavistas como Maduradas.com o La Patilla. Hay vídeos que muestran a jóvenes siendo linchados por manifestantes, mientras que en otros aparece la Policía Nacional Bolivariana rompiendo y quemando sus propias motos para incriminar a manifestantes.

El ministro asegura que existe una mezcla entre los medios de comunicación digitales y otros, que «son fachadas de un aparato político con expresión digital». «Son páginas que corroboran a uno y a otro, ayudan a divulgar noticia exageradas o falsas, y hasta propagan un valor inflacionado del dólar paralelo»», asegura, citando la web dolartoday, dirigida por un ex militar venezolano entrenado por Estados Unidos y relacionado con el golpe contra Chávez en 2002, que mezcla cotizaciones que suben a un ritmo vertiginoso con cualquier información contraria al gobierno chavista.

«Hay otro fenómeno: Miami está aquí. Buena parte de los contenidos que se producen para Venezuela salen de Miami. Si usted investiga a los influenciadores, verá que en torno al 60% está fuera de Venezuela».

El contraataque chavista no se queda atrás y es propagado por páginas como La Iguana TV. Por un lado, divulgan vídeos como este, en el que aparecen manifestantes lanzando bombas caseras contra la policía. Pero también alcanzan extremos de manipulación, como la inserción de armas en fotos de manifestantes -imágenes que después se filtran a las televisiones públicas-.

La sombra de 2002

Aquella mañana de mayo, ataviado con una sudadera, Henrique Capriles parecía animado como quien acaba de practicar jogging. El principal rostro de la oposición desde hace más de una década dice estar seguro de que si no se resuelve la crisis política, no se resolverá la crisis económica. Conversando con él, parece difícil resolver la crisis política. Derrotado por apenas 224.000 votos por Nicolás Maduro en 2013, Capriles, el candidato que une a la oposición, desde abril tiene prohibido presentarse a las elecciones en los próximos 15 años. «Según la Constitución, la única forma de ser inabilitado es si hay un juicio definitivo. No se me notificó la inhabilitación debido a una multa de 40.000 bolívares [aproximadamente seis dólares en la cotización paralela], por haber recibido una donación de Reino Unido para un proyecto escolar», explica. Dos días después de la entrevista con Agência Pública, a Capriles, gobernador del estado de Miranda, le fue confiscado su pasaporte en el aeropuerto, impidiéndole así salir del país cuando pretendía ir a la ONU para denunciar violaciones de los derechos humanos. Capriles opina sobre lo que considera una persecución: «Si acá fuéramos a elecciones el próximo fin de semana, el gobierno sabe que el próximo presidente sería este que está hablando «.

Para el político, el caos puede llegar a más. Si la Constituyente avanza, dice, el país puede terminar con dos constituciones. «Estoy sumamente preocupado porque el gobierno radicalizó su posición, un gobierno que está cada vez más solo y aislado, y eso no es sostenible en el tiempo», asegura.
Para él, la solución consiste es más calle, calle, calle. «Maduro ignoró el resultado que el pueblo venezolano dio en las urnas, una mayoría contundente a las fuerzas del cambio. ¿Qué propusimos? Referéndum revocatorio, previsto en la Constitución. ¿Qué pasó? Nos robaron. ¿Qué hacemos cuando nos echan de todas las puertas democráticas? ¿Qué hago yo como líder?».

En público, Capriles es otro hombre. Lleva a la multitud al delirio con discursos durante las protestas, insultando al presidente y asegurando que el gobierno va a caer pronto. En su despacho, paraece más sensato y bastante más conciliador. Habla con mucha vehemencia sobre una salida electoral, por la presión de la calle. «Estoy convencido de que el cambio va a tener lugar por la vía electoral, porque tenemos que pensar en el día después de Maduro. Un gobierno que caiga, que termine, que venga de una insurrección militar, un golpe de Estado, no va a dar estabilidad a Venezuela», declara.

Capriles siguió de cerca el golpe fallido de 2002, aunque insista en apartarse de esa herencia maldita. El 11 de abril de 2002, horas antes de que Chávez fuera llevado preso por militares rebeldes, el presidente de su partido, Primera Justicia -Julio Borges, actual presidente de la Asamblea- exigió por televisión la renuncia del gobierno y de los demás poderes. A su lado izquierdo estaba el joven Leopoldo López, alcalde de Chacao, un municipio del Gran Caracas. Al día siguiente, López llevaría a la policía municipal para que arrestase al ministro del Interior y Justicia, Rodríguez Chacín, parte de una purga» que duró tan poco como el golpe. Al allanar la casa donde se encontraba el ministro, estuvo acompañado por Henrique Capriles, por entonces joven alcalde de Baruta, también en la capital, y de las fuerzas policiales de ambos municipios.

Ese mismo día Capriles protagonizó un episodio infame en la embajada de Cuba. La casa estaba cercada desde el día 9 por una multitud que amenazaba con invadirla, y habían cortado la luz y el agua desde que empezaron a circular noticias de que el vicepresidente de Chávez, el teniente del Ejército Diosdado Cabello, buscaba asilo allí. Capriles entró en el local garantizando la seguridad de la embajada y pidió revisarla; el embajador se negó e invocó el derecho internacional para exigir respeto al territorio soberano de la embajada. A la salida, Capriles se lavó las manos: «No puedo confirmar ni desmentir que esté en la embajada, porque no me dejaron revisarla». Capriles asegura que fue hasta el lugar por petición del embajador y que fue una trampa en la que calló «por inexperiencia». «Nunca estuve en el golpe, ¡nunca!», repite durante la entrevista.

Diosdado Cabello, el ex vicepresidente que buscaba asilo en la embajada cubana, es hoy el hombre más fuerte del chavismo.

Sentado sobre bayonetas

Todos los martes a las 20 horas, el canal estatal VTV emite un colorido programa que dura unas cuatro horas. En la apertura, una orquesta toca: «Soy chavista y voy marchando, por la vida celebrando… ¡Y con el mazo dando!». Es la hora del programa semanal de Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV (partido del gobierno), el más fiel seguiro del estilo del «comandante» fallecido. El programa Con el mazo dando recibe el nombre de un martillo que el presentador mantienesobre una mesa, con el cual golpea cuando quiere dar énfasis a lo que dice. Gordote, el exmilitar que aparece ante un gran letrero que forma la sigla 4F -símbolo del golpe de Estado fracasado que intentó Chávez en 1992, en el cual participó Cabello en condición de teniente del Ejército- y la frase «#Aquí no se habla mal de Chávez».

En el último programa, grabado dentro del Fuerte Tiúna, instalación militar histórica de la capital, el presentador y político comenzó haciendo un reconocimiento especial a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional Bolivariana. Decenas de militares que siempre están presentes entre el público respondieron con un largo coro. «La derecha está montando falsos positivos todos los días para ustedes, pero nosotros prometemos: ¡No pasarán y no volverán nunca más a gobernar esta patria de Bolívar y de Chávez!», dice Cabello, besándose la punta de sus dedos como signo de compromiso. Antes de pasar por la tradicional burla de las noticias de la semana que «atacan a Venezuela», haciendo una X sobre ellas, grita a los asistentes:

-Hashtag oposición terrorista y…

-¡Asesina!, responde el público.

Diosdado es la pieza clave de un gobierno que apela cada vez con más frecuencia al componente militar. Fue, además de vicepresidente durante el golpe, presidente de la Asamblea Nacional, ministro de Obras Públicas y Vivienda y gobernador del estado de Miranda, título que perdió en favor de Capriles. Hoy, sin cargo en el gobierno y con el puesto inútil de diputado federal en una Asamblea que no funciona, es uno de los hombres-propaganda del gobierno ante la población.

«Él es el político que en este momento mejor conoce las Fuerzas Armadas. Tiene cercanía y dominio sobre toda la promoción del ejército», explica Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada. «Creo también que Cabello juega un poco a vender esa imagen, a hacer creer que controla las Fuerzas Armadas, lo cual es falso. Nadie en Venezuela las controla en este momento. Ni siquiera el presidente de la República».

Es justamente esa apuesta de la oposición, que desde principios de este año está trabajando para que los militares abandonen su apoyo a Maduro. «Hoy es un gobierno sentado sobre las bayonetas. Pero esperamos que en las Fuerzas Armadas haya una reserva democrática institucional, y que no vaya a apoyar a un gobierno que está corrompido», dice Julio Borges. «Es a eso a lo que estamos apelando: que no tengan miedo de votar, que no teman que podamos tener un proceso electoral en Venezuela, y unificar el país. Un cambio en Venezuela no significa persecución, no significa caza de brujas, no significa venganza».

El objetivo de seducir a los militares llegó incluso a la Asamblea Nacional. A finales de mayo, fue instaurada una «Comisión de Garantías para la transición», para hacer leyes de amnistía para quienes cambien de bando. «No solamente amnistía, sino también incentivos», explica el diputado Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional y del Partido Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López: «Si alguien es despedido o preso, o lo echan de su trabajo por apoyar la lucha por la democracia, que sepa que, a pesar de que la dictadura lo amedranta, en el momento en que llegue la democracia, tendrá una recompensa».

El mensaje busca asegurar que no se repita la caza del 12 de abril de 2002, ocasión en la que la persecución contó con la participación de dos de los principales líderes opositores de la actualidad. Desde entonces, el gobierno chavista reformó la policía y sedimentó la doctrina bolivariana en el Ejército nacional, asegurando el mando a militares leales.

«Chávez introdujo a los militares en el poder como fórmula de gobierno, pero sin duda, después de su muerte, se formó una cohabitación mucho mayor entre políticos y miilitares, por las concesiones de poder que Maduro hizo a los militares. Es un gobierno militarista. Incluso con el gobierno de un civil, tiene todas las características de un gobierno militar. La militarización de la sociedad, todos los elementos del día a día están dirigidos por las Fuerzas Armadas Nacionales: los alimentos, la circulación, los metros, las farmacias», explica San Miguel.

Entre los 32 ministros de Maduro, 11 son militares; y 11 de los 23 gobernadores regionales son militares jubilados. Más allá de eso, los militares también están presentes en la Zona Económica Militar Socialista, un complejo industrial implantado por Maduro desde 2013 para intentar reanimar la economía en decadencia. Cinco empresas, creadas tras el anuncio de esta iniciativa, tienen relaciones con las Fuerzas Armadas: un banco, una agropecuaria, una televisión digital, una empresa de cosntrucción y una de suministro de aguas subordinada al Ministerio de Defensa. Otras tres compañías fueron creadas desde entonces. «El cambio más importante es la producción y explotación de minas por la Caminpeg. Es una empresa militar con un tamaño en su área similar al de PDVSA, la estatal de petróleo», explica San Miguel.

La Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, creada a principios de 2016, tiene por finalidad la explotación de petróleo, gas y minerales, entre otras actividades. Su junta directiva es nombrada por el ministsro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, y el gobierno tiene acciones mayoritarias. Maduro asegura que esta empresa se limita solo a «prestar servicios a PDVSA».

También los militares están al frente de los esfuerzos del gobierno por enfrentar la actual crisis económica, en concreto el programa Gran Misión Abastecimiento Soberano, que también encabeza Padrino López. La Misión se encarga de velar por la importación y distribución de alimentos para la población más pobre a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Estos comités, vinculados con los consejos comunales de las favelas, distribuyen a las familias un saco de comida con aproximadamente 12 kilos de productos ensenciales como arroz, harina, pasta y aceite, a precios subvencionados por el gobierno. A pesar de sus problemas, la política del CLAP permitió aliviar la escasez de alimentos básicos importados, que alcanzó su punto crítico en 2016. Ese año, un estudio de tres universidades desveló que el 70% de los venezolanos perdió una media de ocho kilos -un desastre tras la drástica reducción de hambre obtenida por el chavismo, del 15% al 5% de la población, reconocida por la Unesco en 2015-. Hoy hay un militar al mando de cada género alimenticio dentro del Plan Rubro por Rubro: aceite, azúcar, café, arroz e incluso papel higiénico.

Cuando la reciente ola de protestas se extendió más allá de Caracas a otros estados del país, generando saqueos, bloqueos de carreteras y ataques contra instalaciones policiales, el gobierno puso en marcha la segunda fase del Plan Zamora, que emplea al ejército para controlar el orden público, militarizando áreas enteras del país. A mediados de mayo, el Ministerio de Defensa desplegó 2.000 soldados de la Guardia Nacional Bolivariana y 600 efectivos de tropas de pesciales en el estado de Táchira, en la frontera con Colombia. Desde mayo los militares también se han encargado de arrestar a manifestantes en todo el país, juzgados por cortes militares.

Respecto a esto último, el general Padrino López no se cansa de mostrar su apoyo al presidente, afirmando que la Constituyente «es una propuesta revolucionaria, constitucional, profundamente democrática que nosotros apoyamos», pidiendo «que acabe la campaña de odio contra las Fuerzas Armadas», o apoyando públicamente la retirada de Venezuela de la OEA -el secretario general de esta organización, Luis Almagro, es el objetivo de gran parte de sus críticas-. López también es históricamente leal a Chávez. Durante el golpe contra el expresidente, el entonces teniente-coronel y comandante del Batallón de Infantería en Forte Tiúna permaneció leal a Chávez y llegó a ofrecer ayuda al presidente depuesto. Meses antes de morir, el líder lo ascendió a Segundo Comandante del Ejército. En 2013 Maduro lo nombró jefe del Comando Estratégico Operacional y, meses después, ministro de Defensa. Recientemente el general garantizó que las Fuerzas Armadas son un pilar de Venezuela «porque rechazan todos los ataques infames y enfermizos impuestos por la derecha terrorista».

Uno de los problemas de emplear a los militares en áreas estratégicas de la economía es precisamente el telón de Aquiles del gobierno chavista, la corrupción. En diciembre del año pasado, un reportaje de la Agência Pública mostró los relatos de comerciantes que compran alimentos en el mercado negro de los militares, o que aseguran pagar sobornos directamente al ministro de alimentos, el general Rodolfo Marco Torres. Los reporteros también identificaron empresas offshore ligadas a familiares del exministro de Alimentación, el general Carlos Osorio, que actualmente es inspector general de las Fuerzas Armadas. El gobierno de Estados Unidos reaccionó con sanciones contra militares y miembros del gobierno venezolano. Los últimos en entrar en la lista negra de los americanos fueron el ministro del Interior, el general Néstor Reverol, y el antiguo subdirector del despacho antidrogas, el general Edilberto Molina, ambos acusados de ayudar a narcotraficantes en la distribución de cocaína para los Estados Unidos.

«El gobierno se apoya en las Fuerzas Armadas en una dialéctica que hasta ahora se mantiene. En el corto y medio plazo, esa relación debe mantenerse», vaticina Rocío San Miguel. Más allá de esa alianza, dice, hay una amenaza tocando a la puerta. «Hay tres delitos que persiguen a la cúpula militar venezolana: el narcotráfico, las violaciones contra los derechos humanos y la corrupción», resume esta investigadora.

Un interlocutor realista

Buscar una voz imparcial en Venezuela es imposible. Como mucho -y con mucho esfuerzo- se puede encontrar a un interlocutor realista. Luis Vicente León no es un hombre que no toma partido; cree que Maduro se está convirtiendo en un gobernante abusivo, con trazos dictatoriales. Pero su visión como científico de datos -es director del Instituto Datanálisis, uno de los más importantes de Venezuela- va más allá de sus convicciones: desde 2016, cuando la crisis por el desabastecimiento de alimentos alcanzó su auge, hasta principios de 2017, reconoce que la popularidad de Maduro aumentó. «La popularidad bajó de manera significativa desde que ganó con el 51% de los votos; su peor momento fue en diciembre del año pasado, cuando llegó al 18% de popularidad. Paradójicamente, el presidente Maduro este año recuperó seis puntos porcentuales de apoyo popular, pasando del 18% al 24%. Esto tiene que ver con una parte importante de la población que es independiente, el 35% de los venezolanos se definen así: ni chavistas ni opositores». Mientras, asegura que el 90,5% de los venezolanos opina que el país está mal o muy mal, y el 70% culpa a Maduro. «Pero sin duda el liderazgo opositor tampoco es apasionante, que hable de la historia que este país puede tener. Ellos prefieren seguir peleando contra Maduro».

Para León, lo mejor para el país sería una negociación entre el gobierno y la oposición.

«Creo que la solución de Venezuela para por una negociación política. Sin negociación política, no hay ninguna forma de recuperar los equilibrios. Creo que la oposición tiene que construir en su trabajo y en sus protestas el suficiente poder de negociación para obligar al gobierno, no a entregar su cabeza, sino a negociar la reinstitucionalización del país», opina.

Si no ocurriera -como demuestran los últimos acontecimientos-, la tendencia es que el gobierno se mantenga «encapsulando las manifestaciones en guetos» de forma que se vuelvan aún más violentos. «Eso es lo que tenemos que evitar a cualquier precio», dice León.

Este experto señala también otro modo de que el país alcance una solución, uno más profundo e intangible: «En Venezuela hay escasez de leche, café, arroz, pero lo que más escasea es la verdad. Y, todavía más, la objetividad. Este es un país en el que nunca se sabe la verdad, ni en los medios de comunicación, ni en los discursos, ni en los debates, ni en las entrevistas», declara. «El tema de la verdad fue perdido completamente como un valor en Venezuela. Y, por cierto, no solamente en el gobierno, también en la oposición. Hay una guerra de pinochos, donde todo el mundo miente y donde usted nunca sabe qué es verdad y qué es mentira. Y si usted pierde la verdad, simplemente no es capaz de separar el ruido de las señales. Entonces, tomar posiciones o decisiones se convierte en un elemento muy difícil», dice. De momento, Venezuela parece haber inventado la polarización que se infiltró en el resto del continente. «Y cuando se está en el clímax de la polarización, la verdad es vista como una traición», lamenta León.

Natalia Viana es periodista de la Agência Pública, la primera agencia de periodismo de investigación independiente de Brasil, que publicó la versión original en portugués de este reportaje. Agência Pública es el medio invitado del número 48 de La Marea.

*Fotografías de Manuel Rueda/Agência Pública.

**Traducido del portugués al castellano por José Bautista.