Tres mínimos para que el nuevo bono social no quede (otra vez) en papel mojado

Al menos tal y como está no sirve para lo que se creó. Es la conclusión rotunda de la Defensora del Pueblo sobre la reforma del bono social eléctrico, pactada entre el PP y el PSOE en diciembre y validada a finales de enero en el Congreso con el apoyo de Ciudadanos. En la resolución, realizada de oficio, recomienda al Gobierno modificar los principales aspectos de la medida, comenzando por la propia definición de consumidor vulnerable, es decir, las personas que se podrán beneficiar de ella. «El suministro eléctrico es esencial para una vida digna y una condición imprescindible para el ejercicio de otros derechos fundamentales. La alimentación, la educación o la salud de las personas son derechos que se ven afectados por una falta de suministro eléctrico, que aboca a la exclusión social», sostiene en las consideraciones iniciales.

El Ayuntamiento de Cádiz (Podemos y Ganar Cádiz), que de momento ha visto frustrado su bono municipal por el rechazo del PP y Endesa, también ha sido muy crítico con la medida del Gobierno, a quien ha remitido distintas aportaciones. Desde el PSOE aseguran que ahora tendrán que decidir las comunidades autónomas y Podemos insiste en que el bono en sí no vale porque no responde al significado real de la pobreza energética. Estos son tres mínimos indispensables para que el nuevo bono social, al menos, sirva de algo.

1. Que nadie que lo necesite se quede fuera

«El concepto de consumidor vulnerable se encuentra sin definir, y tal y como ha estado regulado el bono social eléctrico hasta la fecha, los recursos económicos destinados a la protección del consumidor vulnerable no se han estado empleando adecuadamente, puesto que hay colectivos con rentas bajas que están excluidos del bono social y otros que se han estado beneficiando de él al margen de todo criterio socieconómico». La nueva ayuda será aplicada ahora según la renta familiar. Y en ello insiste también la Defensora del Pueblo: “Modular el umbral de renta de conformidad con las circunstancias personales, siempre y cuando la elección de las mismas y su modulación estén debidamente justificadas y no supongan discriminación”. El borrador enviado a las comunidades incluye diferentes categorías para aplicar un descuento de acuerdo a unos umbrales de renta establecidos mediante el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Esta ha sido una de las quejas más repetidas por el Ayuntamiento de Cádiz, que ponía como ejemplo contrario su bono. La fórmula municipal, basada en la renta familiar, progresiva y con el compromiso de formar a los usuarios sobre ahorro energético, tiene prevista la bonificación de una cantidad de energía según el número de habitantes de la vivienda y de un tramo fijo de potencia contratada, no un descuento fijo. Los beneficiarios tienen que pagar el resto de componentes de la factura (IVA, impuesto de electricidad y alquiler de contador) y la cantidad de energía y/o potencia que supere la cantidad bonificada.

La Defensora del Pueblo incide especialmente en este apartado en la protección de los menores: «Hay que valorar el principio de interés superior del menor y el hecho de que la falta de suministro eléctrico afecta a un derecho fundamental que es la educación, porque en los meses de invierno los menores han de realizar sus tareas escolares después de la puesta de sol. Del mismo modo, las personas mayores y los discapacitados cuentan con unas necesidades particulares que no pueden olvidarse».

2. Que la energía no se someta a las reglas del mercado

«El ámbito objetivo de las nuevas medidas, según el artículo 52, se limita a los impagos que se produzcan en los contratos acogidos al PVPC o Tarifa de Último recurso. Muchos consumidores contratan el suministro eléctrico en el mercado libre y no cuentan con esta garantía, por lo que sería conveniente incluir también en el ámbito de aplicación de este procedimiento el caso de los impagos de estos contratos”, recomienda la Defensora del Pueblo. Además, propone dar publicidad suficiente a los requisitos para acceder al bono de manera que llegue al conocimiento de las personas afectadas.

También aconseja incluir los impagos causados por las refacturaciones por fraude: «Las penalizaciones en materia de fraude han sido objeto de actuaciones por parte del Defensor del Pueblo, que ha puesto de manifiesto en que estos procedimientos no se están desarrollando con las suficientes garantías de imparcialidad, llegándose en algunos casos a producirse una verdadera indefensión material, que requiere medidas regulatorias específicas, que salvaguarden derechos tan fundamentales como la presunción de inocencia”.

Ahora las pequeñas comercializadoras también tendrán que financiar la medida, costeada exclusivamente por las grandes eléctricas hasta que el Supremo, el pasado octubre, les dio la razón al considerar que el anterior modelo era discriminatorio -el Gobierno, no obstante, ha recurrido la sentencia-. El nuevo reparto se realizará en función del número de clientes y no de acuerdo al volumen de negocio o energía, como solicitan las pequeñas empresas. Desde Cádiz lo ven como una barbaridad y se produce, además, la siguiente paradoja: Eléctrica de Cádiz, mayoritariamente pública y con servicio al 80% de las familias gaditanas según el Ayuntamiento, no podrá ofrecer a sus propios clientes el bono porque el decreto ley limita los beneficiarios a las comercializadoras de referencia, igual que venía sucediendo hasta el momento.

3. Que no ocurran casos como el de Rosa, la mujer que murió en Reus

“La experiencia de algunas comunidades autónomas ha puesto de manifiesto la existencia de casos de bloqueo o de colapso por la insuficiente capacidad de los servicios sociales para emitir los correspondientes informes que determinen si la personas está o no en situación de vulnerabilidad”, indica el informe de la Defensora, que remarca que los procedimientos han de funcionar correctamente: “Y para ello es fundamental la cooperación leal entre Administraciones aprovechando las nuevas tecnologías». Esta cooperación -añade- se puede desarrollar a través de Conferencia Sectorial de Energía.

Según el borrador, las administraciones competentes en materia de política social tendrán un listado permanentemente actualizado de las suspensiones del suministro eléctrico previstas. “Como novedad fundamental, se crea una tercera categoría constituida por los hogares vulnerables severos en situación de exclusión social. En estos casos, cuando las autoridades competentes aporten ayudas que supongan una financiación del 50% de la factura, el suministro será declarado esencial y se cofinanciará junto con las comercializadoras eléctricas, impidiendo así el corte de suministro para estos hogares”, recoge la nota de prensa del Gobierno.

La Defensora del Pueblo hace referencia al contexto: ”El esfuerzo que realizan los hogares para pagar lo suministros energéticos se ha elevado considerablemente. En el ámbito específico de la energía eléctrica, la proporción de ingresos que los hogares dedican al pago de la misma se ha incrementado de manera muy significativa en los últimos años, por la confluencia de dos factores: la crisis económica y la subida del precio de la electricidad», concluye.