¿Qué pinta el Canal de Isabel II en Colombia?

Erika González y Pedro Ramiro* // Devolver todos los bienes, infraestructura e información necesarios al gobierno municipal. Es el dictamen de un juzgado de Colombia, que hace un par de meses ordenó a Metroagua, la filial del Canal de Isabel II en la ciudad de Santa Marta, transferir la gestión del suministro y saneamiento del agua a la administración de ese municipio colombiano. Así concluye un proceso judicial contra la compañía que tiene su origen en las continuadas denuncias por mala prestación del servicio durante quince años. Numerosos cortes de agua, desbordamiento de aguas residuales del alcantarillado, deficiente calidad del agua, falta de extensión del servicio a toda la población… han ido creando un contexto de confrontación entre la ciudadanía y los gobiernos locales, así como entre ambos y Metroagua.

Ahora que termina el plazo para devolver la gestión de la empresa al municipio —la fecha límite es el 17 de abril—, precisamente el día en que finaliza el contrato firmado por el Canal de Isabel II, nos preguntamos: ¿qué pinta la empresa pública de agua de Madrid gestionando otras compañías privadas en países como Colombia? ¿Qué impactos ha tenido allí? ¿Por qué un juzgado ha ordenado la entrega del servicio justo cuando acababa el contrato con el municipio? ¿Qué planteamientos pueden hacerse a partir de ahora para su gestión? Y, en el caso español, ¿hay ejemplos similares?

El Canal de Isabel II, una multinacional en Colombia
Seguramente no es muy conocido el hecho de que el Canal de Isabel II, la empresa pública responsable del abastecimiento de agua y el saneamiento en la Comunidad de Madrid, dispone de filiales privadas en otras ciudades de España y en diferentes países de América Latina. Se trata de toda una corporación transnacional, aunque a diferencia de otras grandes empresas nunca ha hecho mucha publicidad de ello.

Sus negocios fuera de Madrid siempre han sido poco visibles, hasta que en los últimos años han ido saliendo a la luz numerosas denuncias de irregularidades. Como, por ejemplo, la relacionada con el episodio de las bolsas que en 2008 llevaba Ignacio González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, al entrar, junto con otros dos directivos del Canal, en la casa de un familiar de un narcotraficante en Cartagena. A la salida de su visita —como se demostró en un vídeo difundido por la Cadena SER—, las bolsas habían desaparecido y se sospecha que podrían contener dinero fraudulento. Otro caso es el que tiene que ver con la compra de la compañía brasileña Emissão Engenharia e Construções, que se hizo mediante una sociedad instrumental en Uruguay y con pagos a través de cuentas en Suiza, empresa que luego vio reducido drásticamente su valor en apenas un año: en 2013 fue comprada por 21 millones de euros y al año siguiente se estimaba su valor en solo 5 millones.

En realidad, la andadura internacional del Canal de Isabel II empezó bastante más atrás, concretamente en 2001, cuando creó una sociedad mercantil —llamada Canal Extensia— como vehículo para comprar empresas en otros países. Una de sus principales adquisiciones para expandirse por América Latina fue Inassa, una compañía que ya estaba en Colombia y que hasta el año 2000 fue filial de Aguas de Barcelona. A partir de entonces, extendió su actividad a más países como la República Dominicana, Ecuador y Panamá. Y ha llegado a disponer de una red empresarial tan grande que se llega a perder la pista de su internacionalización. Como afirma el periodista Pere Rusiñol, es «un entramado societario que en la práctica escapa al control de los órganos fiscalizadores públicos en España, ya sea la Asamblea de Madrid o la Cámara de Cuentas».

En Colombia, el Canal de Isabel II controla la gestión del ciclo urbano del agua en los municipios de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, todos ellos situados en la costa del Caribe. Y también tiene filiales dedicadas a la aplicación de tecnologías para el agua y saneamiento, así como a la gestión del cobro y de la recaudación tributaria. Eso sí, mientras en Madrid el servicio de abastecimiento y saneamiento es de buena calidad
—aunque con una creciente mercantilización del servicio que hace que se prioricen los beneficios frente a las inversiones, las mejoras técnicas y el empleo, ahora más precarizado—, en ciudades como Barranquilla y Santa Marta deja bastante que desear.

En la región costera de Colombia, donde más de la mitad de la población dispone de escasos recursos económicos, sus tarifas no son asequibles para muchas personas. Y las reclamaciones no solo se centran en las facturas, también en los cortes de agua, en la ausencia de una calidad adecuada del servicio y en la falta de mantenimiento y extensión de las redes, especialmente de saneamiento. Esta realidad, que ya se expuso en la audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos celebrada en Madrid en 2010, apenas ha cambiado desde entonces; de hecho, en Santa Marta, el servicio ha empeorado en los últimos años.

Los impactos de la gestión del Canal en Santa Marta

En Santa Marta, la capital del departamento del Magdalena, el servicio de abastecimiento y saneamiento de agua ha sido gestionado hasta ahora por Metroagua, filial del Canal de Isabel II. Además de la empresa madrileña, en su accionariado están el distrito de Santa Marta, con un 28% de la propiedad, y varios empresarios colombianos entre los que se encuentra William Vélez, conocido como el «zar de las basuras» porque controla la gestión de los residuos en toda la costa del Caribe y que, por cierto, ha sido investigado por sus conexiones con el paramilitarismo.

El Canal inició su actividad en la ciudad en el año 2002. Si antes de su llegada había denuncias de la falta de inversión y mantenimiento de las redes de agua, tras su entrada las quejas se multiplicaron. Hoy hay 15.000 familias sin conexión a las redes y, del 85% de vecinos y vecinas con acceso a agua potable, una parte importante no dispone siempre de este recurso. A una parte de la población le llega 20 horas diarias de agua, a otra solo durante algunos días a la semana; en las zonas más deprimidas, se llega a cortar el agua durante 15 días. Así que en la ciudad ha aumentado la recolección de agua de lluvia, la compra de agua a cisternas, la apertura de pozos… Ante el mal servicio prestado, la ciudadanía ha venido reclamando la salida de la empresa como solución a este problema, y para ello ha llevado a cabo cortes de carretera y manifestaciones, a la vez que se han recogido más de 260.000 firmas.

Según la empresa, el problema es que no existen fuentes de agua para asegurar la demanda de todo el distrito de Santa Marta. De hecho, los ríos de donde se obtiene el agua para la ciudad están sobreexplotados y su situación está empeorando por los efectos del cambio climático —en 2016 las sequías y la escasez del agua fueron más graves debido al fenómeno climático de El Niño—. En este escenario, la compañía no ha buscado alternativas para satisfacer la cantidad de agua que necesita la población y, al mismo tiempo, no deteriorar más los ecosistemas de donde procede el recurso. Para Carlos Caicedo, exalcalde de la ciudad, esto es debido a que en el contrato «no se estableció que la empresa tenía que hacer estudios sobre las nuevas fuentes y tampoco se estipuló que hiciera inversiones en el sentido de satisfacer esa demanda».

En lo que se refiere al saneamiento de aguas residuales, la situación es aún peor: el alcantarillado solo llega al 75% de la población y, al igual que en el abastecimiento, el servicio, cuando existe, es deficiente. Cada vez que llueve rebosan las alcantarillas y continuamente hay aguas residuales en diferentes puntos de la ciudad. Todo ello se vuelve especialmente sensible en el centro histórico de una localidad tan turística como Santa Marta.

La rescisión del contrato y salida del Canal de Isabel II

Cuando Carlos Caicedo fue alcalde de Santa Marta, entre 2012 y 2015, intentó romper el contrato con Metroagua. Pero se encontró con que estaba hecho a medida de los intereses de la empresa: según comentaba Caicedo en diciembre pasado en una reunión que mantuvo en Madrid con la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, estaba «plagado de irregularidades». Empezando por el hecho de que no se trata de una concesión de un servicio, sino de un contrato de arrendamiento. Y eso introduce importantes diferencias como, por ejemplo, que tuviera que haber un concurso público para seleccionar la mejor oferta para la gestión; es decir, que se adjudicó directamente. Además, un contrato de arrendamiento como el que fue firmado, según la normativa colombiana, no podría tener una duración mayor a cinco años; en cambio, los anteriores gobiernos locales aprobaron cambios legales que permitieron su vigencia durante 25 años.

Otras modificaciones que se fueron realizando sobre el contrato, a principios de la primera década de los años 2000, continuaron con la misma senda e introdujeron cláusulas en contra del interés público: se bajó la recaudación que tenía que pasar al distrito, en concepto de pago por arrendamiento, del 33% mensual al 2%; el control fue subcontratado por la propia empresa a un tercero, en vez de ser realizado por instituciones públicas; las mejoras financiadas por la compañía pasarían al municipio una vez acabado el contrato y serían pagadas en base a su valor comercial. Por todo ello, Caicedo señala la connivencia entre la empresa y los anteriores gobiernos municipales, como el encabezado por Hugo Gnecco, alcalde que no terminó su mandato al ser destituido en 2003 por corrupción.

Una de las vías que utilizó Carlos Caicedo para intentar rescindir el contrato de arrendamiento fue la judicial. En 2015, interpuso una acción popular —una acción jurídica para la defensa de los intereses colectivos— para declarar la ilegalidad del contrato. En ella solicitaba que, ante el cúmulo de irregularidades que se estaban produciendo, la empresa entregara la gestión del agua al gobierno local. Especialmente, para evitar que se hiciera realidad una de las cláusulas: la compañía no cedería las redes de agua al distrito si antes no se le pagaban las inversiones hechas en el transcurso del contrato. Es decir, si el gobierno de Santa Marta no pagaba lo que estimara Metroagua, podría prorrogarse automáticamente el contrato.

La compañía, por su parte, ha ido señalando que su intención era salir de Santa Marta una vez que finalizase el contrato a mediados de este mes de abril. Eso sí, cobrando entre 6 y 10 millones de euros, que según Metroagua es lo que ha invertido en las infraestructuras del agua. Y esto es precisamente lo que se ha evitado con la reciente decisión judicial: la empresa debe transferir los bienes, redes e información al municipio el 17 de abril, día en que termina el contrato, sin poder poner como condición el pago de ese dinero. Frente a la sentencia, la empresa afirma que «acata las órdenes judiciales y administrativas de las autoridades competentes, sin perjuicio de ejercer sus derechos ni renunciar a los mecanismos de impugnación o protección disponibles» que tiene a su disposición.

Qué puede ocurrir a partir de ahora

Hasta el momento, el proceso de transferencia del servicio se está realizando de manera efectiva. Ahora que, en relación al monto solicitado por Metroagua, hay un debate abierto sobre la veracidad de las cifras. La alcaldía de Santa Marta señala que las inversiones para garantizar el servicio de agua, estimadas en más de 80 millones de euros entre 2003 y 2016, han sido financiadas mediante las propias tarifas. Y también hay que tener en cuenta las subvenciones del Estado colombiano, a través del Plan Departamental de Aguas y el Ministerio de Ambiente, así como la financiación concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, estimada en más de 8 millones de dólares.

De cara a la futura gestión del agua, la alcaldía de Santa Marta y el Departamento de Planeación Nacional han hecho una licitación para que una empresa lo administre de forma transitoria durante un año, hasta que pueda definirse bien cómo será el tipo de contrato o si una empresa pública se encargará de ello. Según las declaraciones publicadas en diversos medios colombianos y lo propuesto por el exalcalde Caicedo, la opción que se está barajando para realizar las inversiones necesarias y llevar a cabo una buena gestión del servicio es la de constituir una alianza público-privada.

Y el primer paso ya está dado: la compañía Proactiva ha sido la ganadora de esa licitación y será la que, a partir del 17 de abril, sustituirá a Metroagua en la gestión del servicio. Proactiva es una empresa que fue filial de la constructora española FCC, quien compartía su propiedad con la multinacional francesa Veolia, hasta que en 2013 —tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y las abultadas deudas acumuladas por esta compañía— FCC decidió vender todas sus acciones en esa empresa a Veolia. Proactiva, por cierto, también había sido denunciada ante el Tribunal Permanente de los Pueblos en 2008 por la ausencia de suministro de agua y la realización de obras sin tener en cuenta los impactos y riesgos que se estaban produciendo en diferentes barrios de Montería, otro municipio de la costa del Caribe colombiano.

Por otro lado, los movimientos sociales que apuestan por la remunicipalización del agua defienden que la recuperación de este servicio por parte de las administraciones públicas debe cumplir una serie de requisitos. Algunos de ellos se están poniendo en marcha en el caso de Metroagua; otros no parece que vayan a implementarse. Y es que el traspaso de una gestión privada a una pública debería contar con mecanismos para ejercer un adecuado control social, por eso es importante llevar a cabo una auditoría socioeconómica que habría de ser ciudadana y tendría que evaluar la gestión privada para ver cómo terminar el contrato. En esa línea, los esfuerzos del distrito de Santa Marta han ido encaminados a la realización de esta auditoría y a comunicar sus resultados a toda la población.

Otra cuestión es ver quién gestiona el agua una vez se haya rescindido el contrato. Ante este tipo de decisiones, movimientos como la Red Agua Pública y ayuntamientos como los de Madrid, Barcelona y A Coruña, entre otros, defienden que la mejor opción son las instituciones 100% públicas. Así quedó recogido en el Encuentro de ciudades por el agua pública que se celebró en Madrid en noviembre de 2016. Allí, los alcaldes y las alcaldesas de las ciudades anteriormente citadas y de otras como Zaragoza, Córdoba, Valencia, Valladolid, Terrassa, Santiago de Compostela y Arganda se comprometieron a impulsar la gestión pública, transparente, participativa y sostenible del ciclo integral del agua. No parece que ese vaya a ser el caso de Metroagua, ya que, a corto plazo, va a entrar una de las mayores transnacionales del agua y, a largo plazo, lo que se está planteando es una alianza público-privada para invertir en la construcción de más infraestructuras para proveer el agua que necesita Santa Marta.

A nuestro entender, sin embargo, la capacidad de financiación que tiene el Estado para la inversión en infraestructuras y servicios públicos es alta —como ya se ha visto en los rescates a bancos, constructoras o eléctricas como Gas Natural Fenosa en Colombia—, con lo que es posible buscar formas de pago que no supongan un excesivo endeudamiento público ni tener que depender de compañías privadas que luego puedan pedir contraprestaciones contrarias a la función social y ambiental del servicio. Por eso, lo mejor sería buscar y seleccionar empresas públicas para ese período de transición hasta concretar la gestión definitiva, poniendo en marcha, en el caso de necesitar apoyos externos, una alianza público-pública como en el caso de la Mancomunidad Aguas del Huesna en Sevilla o de los operadores remunicipalizados de París y Grenoble, que a su vez han tenido un papel clave en la recuperación pública del agua en otras ciudades de Francia.

El debate sobre la remunicipalización

Esta rescisión del contrato de una de las filiales colombianas del Canal de Isabel II no solo debería servir para generar debate sobre cómo plantear el paso de lo privado a lo público en Colombia, sino también aquí. Porque en el Estado español ya existe un creciente movimiento por la remunicipalización del agua, que se ha reflejado en la creación de la Red de Ciudades por el Agua Pública en 2016 y en la recuperación de la gestión por parte de gobiernos municipales como los de Valladolid, Torrelavega, Arteixo, Manacor, Medina Sidonia, Arenys de Munt y Lucena.

Una de las cuestiones a las que debe hacer frente la ruptura del contrato con la empresa privada es qué hacer cuando la compañía reclama el pago de las «inversiones realizadas». En este sentido, las propuestas dirigidas a la realización de auditorías ciudadanas que certifiquen qué y cómo se ha invertido constituyen un imprescindible primer paso. Volviendo al caso colombiano, si se demuestra que la inversión del Canal de Isabel II en las redes de Santa Marta no ha repercutido en una mejora del servicio, ¿el gobierno de Santa Marta debe pagar esos 10 millones que Metroagua dice que ha invertido? Con los datos que exponen el gobierno municipal y las instituciones públicas colombianas consideramos que no, aunque se tratara de dinero que procede del presupuesto público que tiene el Canal. Si damos por ciertas las afirmaciones del presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, según el cual «Canal Gestión no invierte un euro de lo recaudado por los madrileños en el extranjero y, en cambio, sí que obtenemos beneficios de las inversiones que hacen nuestras empresas filiales», el rechazo de este pago se debe hacer aún con mayor motivo.

El problema de la indemnización cobra especial relevancia en el Estado español por el canon concesional, esto es, el monto que pagan las compañías a los ayuntamientos cuando son subcontratadas para administrar la gestión del agua. Es una fuente de abundante liquidez para las arcas municipales; pero también es una fuente de irregularidades y una forma de quedar absolutamente atado a la empresa por el pago de este canon en el caso de romper el contrato.

La rescisión del contrato, la auditoría ciudadana, el cuestionamiento del pago de una hipotética indemnización y la eliminación del sistema de canon concesional, en definitiva, son medidas que devuelven la soberanía sobre el agua a las comunidades y poblaciones que están siendo afectadas. Estas y otras propuestas, como considerar el abastecimiento y saneamiento del agua un derecho humano que debe estar fuera de la lógica del mercado, o como invertir lo recaudado en las tarifas en la mejora del servicio y no en otros negocios, así como la puesta en marcha de mecanismos de control social y democrático, son las premisas de las que parte la Red de Ciudades por el Agua Pública para avanzar en una gestión que garantice el cuidado de los ecosistemas de donde procede el agua que usa la población y también un acceso universal, equitativo y participativo.

* Erika González y Pedro Ramiro son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.