Es un lema muy sencillo, pero muy claro: “Acabemos con el negocio de la vivienda”. Decenas de organizaciones han convocado este sábado, 5 de abril, manifestaciones en toda España para exigir a los gobiernos medidas contundentes y reales que permitan construir una vida en torno a un derecho recogido en la Constitución.

Esto dice el artículo 47: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».

De momento, los mismos datos oficiales corroboran que lo que las administraciones del Estado están haciendo para que se cumpla este mandato no está sirviendo. El antropólogo Jaime Palomera, que acaba de publicar un libro con otro título sencillo pero muy claro –El secuestro de la vivienda–, va más allá y sostiene que es el propio Estado el que está fomentando esta desigualdad: “El Gobierno está ayudando a crear una minoría cada vez más rica a través de la vivienda”. Lo único que logrará un cambio en el sector –argumenta– será un movimiento popular de contestación social muy amplio.

La de este sábado será una más de las multitudinarias movilizaciones por el derecho a la vivienda que se han venido sucediendo en diferentes ciudades. La diferencia es que, en esta ocasión, las manifestaciones discurrirán a la vez por todo el país.

«Los precios desorbitados de los alquileres son la principal causa de empobrecimiento de la clase trabajadora y una barrera para acceder a una vivienda. El enriquecimiento de una pequeña minoría rentista a costa de asfixiar económicamente a una gran parte de la sociedad, la impunidad con la que opera la patronal inmobiliaria y la imposibilidad de construir proyectos de vida por la falta de acceso estable a una vivienda han encendido la indignación social y han consolidado el consenso de que la vivienda debe dejar de ser un negocio para convertirse en un derecho», denuncia el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

«En las ciudades turísticas –prosigue– la situación es aún más grave: los alquileres de temporada y el modelo turístico expulsan a las vecinas de sus barrios y precarizan a las trabajadoras del sector». En ese sentido, el colectivo sostiene, como explicaba Palomera, que «solo la organización sindical de base puede tumbar el sistema rentista que sostiene el modelo de vivienda actual». El movimiento, de hecho, ha ido creciendo en los últimos años en forma de red en diferentes ciudades: Madrid, Barcelona, Vigo, Asturias, Cádiz, Málaga, Sevilla, Zaragoza e Ibiza.

El abogado Javier Burón, que acaba de publicar otro libro sobre vivienda –El problema de la vivienda: cómo desactivar la bomba de relojería que amenaza con colapsar España– pone cifras al desequilibrio: «El 97% de las viviendas están en manos privadas y el 3% en manos de administraciones o entidades del tercer sector. En ese 97% están las personas que viven en su única vivienda de propiedad o que tienen muy pocas viviendas, pero también operadores mercantiles que poseen muchas viviendas. En otros países el equilibrio privado-público es 80-20, 70-30, 60-40… En España tenemos muy poco parque público de vivienda social o asequible», explica en esta entrevista.

Bajar los alquileres de la vivienda un 50% y otras medidas

Entre las medidas que propone el Sindicato de Inquilinas, destaca sobre todo una que tendría efectos inmediatos: bajar los alquileres un 50%. «En un contexto de precios en constante subida, lograr una reducción radical supondría un golpe directo al negocio que han montado con nuestras casas y, por tanto, un paso decisivo en la consolidación de la vivienda como un derecho», esboza el colectivo, que plantea estas otras reivindicaciones:

En primer lugar, contratos de alquiler indefinidos. «Cada 5 o 7 años nos expulsan de nuestros hogares para subir los alquileres, provocando miles de desahucios invisibles. Necesitamos contratos indefinidos para poder desarrollar proyectos de vida en nuestros hogares», explica el Sindicato de Inquilinas.

La recuperación de viviendas vacías, turísticas y en alquiler de temporada es otra pata fundamental para hacer de la vivienda un derecho real: «Mientras se habla de falta de vivienda, cientos de miles de casas se usan para fines que no son vivienda habitual. Necesitamos recuperarlas para que cumplan una función social».

Frente a la vivienda como inversión, los colectivos piden el fin de la compra especulativa: «Se debe prohibir la compra de vivienda si no es para vivir en ella, ya sean fondos buitre o rentistas individuales». Y proponen también la desarticulación de grupos de desokupación: «Cada vez más caseros acuden a grupos de matones para echarnos de nuestros hogares con coacciones y amenazas. Estas prácticas violentas deben prohibirse».

Como ejemplo de que sí es posible, los sindicatos de inquilinas recuerdan la victoria de la Casa Orsola, en Barcelona. Y consideran clave en su lucha las huelgas de alquiler. «El 5 de abril no será solo una gran movilización, sino un paso más en la organización de un movimiento que no parará hasta acabar con el negocio de la vivienda», concluyen.