Una ley (de memoria) histórica

Hay víctimas del franquismo que este miércoles 15 de marzo de 2017 habrían estado en primera fila en la tribuna de invitados del Parlamento andaluz. Paco Marín es uno de ellos. Pero muchos como él murieron antes de verla aprobada. Tras varios años de tramitación, la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, impulsada por IU y fraguada durante el gobierno de coalición con el PSOE, ha salido adelante sin el rechazo del PP, que se ha abstenido junto a Ciudadanos.

El cambio de posición de la derecha andaluza en una ley de estas características -que requiere de la unanimidad para garantizar su aplicación gobierne quien gobierne- no es suficiente y la prueba de fuego estará precisamente en saber qué hará el PP con esa norma si llega alguna vez a la presidencia de la Junta. Sí supone, sin embargo, un paso importante en su discurso, al menos públicamente, por dos razones: porque ha defendido el derecho de los familiares a enterrar dignamente a sus muertos -«La sociedad tiene la obligación moral de apoyar esa recuperación»- y porque, aunque no la ha apoyado, tampoco ha votado en contra de una ley mucho más avanzada que la estatal, que fue rechazada por el mismo partido y desmantelada desde que Rajoy llegó al Gobierno. El tono del diputado que ha participado en la tramitación, Juan Ramón Ferreira, ha sido incluso más conciliador que el mantenido por el portavoz de Ciudadanos, Sergio Romero, cuya intervención caótica y en ocasiones desafortunada -«Hace 80 años se antepuso la ideología a las vidas«- indignó a los familiares: «¡No fue una guerra civil, fue un golpe de estado fascista!», gritaron desde la tribuna.

Algunos de ellos, como Gracia Guerra, de La Palma del Condado (Huelva), comenzaron a llorar. Otros le reprocharon no tener ni idea de lo que estaba diciendo. Y con las fotos encima de sus abuelos, tíos o madres asesinadas, a punto estuvieron de ser desalojados del salón de plenos. Virtudes, que tenía dos años cuando asesinaron a su padre y a su madre en uno de tantos pueblos donde no hubo guerra, y Anita, hoy con 97 años, a quien también los golpistas dejaron huérfana, asistían atónitas al debate, que finalizó con la tribuna en pie, fuertes aplausos y algún viva a la república. «Ahora queda por ver si se cumple», fue uno de los comentarios escuchados tras la aprobación. «¡Por mi abuelo!», exclamó Roger, con la foto de Rogelio Pérez en alto. Concha no paraba de mirar la imagen del suyo, Alfonso Morón. Cecilio Gordillo, referente en la lucha por la recuperación de la memoria, se abrazaba al director general de Memoria Democrática, Javier Giráldez.

La nueva ley andaluza gira en torno a tres cuestiones clave. La primera: la obligación del Estado de dar a conocer la verdad, hacer justicia y reparar a las personas que fueron represaliadas por el franquismo, es decir, es el Estado, en este caso la Junta, quien asume como una política pública más la recuperación de la memoria y, en concreto, las exhumaciones, tal y como venían reclamando el colectivo memorialista, el derecho internacional y la ONU. La segunda: la aceptación de esa parte de la historia -silenciada, ninguneada e incluso negada con insistencia en los últimos años- a través de una especie de comisión de la verdad, incluida a propuesta de Podemos. Y la tercera: la extensión de ese relato a las aulas. Esta última parte es la que no ha terminado de convencer ni a PP ni a Ciudadanos, que apelan igualmente para no haber votado a favor el cuestionamiento de la ley de amnistía que el texto recoge en su preámbulo y el periodo de aplicación: desde 1931 a 1982. Es decir, desde Blas Infante a Manuel José García Caparrós, asesinado en la Transición, como resumió el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, con los colores republicanos en su solapa.

La norma parte de que los crímenes son imprescriptibles y debe asegurarse, en consecuencia, su persecución universal: «Por lo que no puede aplicarse a ellos la prescripción de la acción penal o de la pena mediante el establecimiento de leyes de amnistía o de cualquier otro modo», sostiene. Ésta es una de las principales diferencias con respecto a la ley estatal, que apelaba al “espíritu de la Transición” y a la ley de amnistía, defendida por el propio Zapatero para rechazar una comisión de la verdad, como proponía Baltasar Garzón. «Abre un camino que se aleja de una injusta equidistancia», afirmó Maíllo. En el texto andaluz, no obstante, no se hace un relato antitransición: «La transición a la democracia, vista desde la perspectiva del tiempo transcurrido, dio unos resultados políticos positivos, ya que permitió superar la división creada por la Guerra Civil y la Dictadura, institucionalizó la vida democrática y creó espacios de convivencia». La diputada del PSOE que defendió la ley, María Márquez, también insistió en ello: «No tienen que contarle la historia a quienes la protagonizaron. Claro que la Transición fue buena, pero tiene asignaturas pendientes con estas familias». Ella misma, nieta de jornalero y sirvienta de terratenientes, aseguró haber visto el horror y el miedo en los ojos de sus abuelos y reprochó al PP que no apoyara una ley que ni ofende ni hace daño a nadie: «La política española sigue teniendo portavoces de aquel régimen. No responsabilice a la izquierda de que ustedes no hayan votado a favor», concluyó.

Aunque no ha conseguido la unamidad -fueron rechazadas todas las enmiendas de PP y Ciudadanos-, la ley aprobada este miércoles en el Parlamento andaluz es histórica y, como aseguró la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, -de cuyo departamento dependen estas políticas- consolida a Andalucía «en la vanguardia de la recuperación de la memoria». La ocasión unió en una foto, con banderas republicanas de fondo, a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, la coordinadora de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, y el líder de IU Antonio Maíllo. También estuvo presente su antecesor, Diego Valderas. Éstas son las claves:

VÍCTIMAS

«El Estado democrático tiene una deuda con quienes fueron víctimas de violencia y represión a causa de su compromiso con la libertad. Esta deuda se extiende al conjunto de la ciudadanía, que ostenta el derecho a la verdad, en relación con el largo historial de persecución llevado a cabo por el franquismo, así como sobre los valores y los actos de resistencia democrática que representan las víctimas». La ley andaluza va más allá en el tiempo y en la propia definición de víctimas que la estatal. Abarcará desde la Segunda República (14 de abril de 1931) hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Andalucía (11 de enero de 1982).

Reconocerá como víctimas, además de a los familiares directos, a las personas que se exiliaron, a las que sufrieron la confinación, torturas y, en muchos casos, la muerte en los campos de exterminio nazis, a los familiares de niños robados, a la guerrilla antifranquista, a las personas represaliadas por su orientación sexual, a aquellos grupos o sectores sociales o profesionales que sufrieron una específica represión colectiva, a los partidos políticos, sindicatos, minorías étnicas, logias masónicas, movimiento feminista y agrupaciones culturales represaliados; a las personas que ejercieron cargos y empleos o trabajos públicos de la Segunda República que fueron represaliadas, a aquellas que sufrieron privación de libertad por su defensa de la Segunda República o por su resistencia al régimen franquista dirigida al restablecimiento de un régimen democrático.

El texto incluye la creación de una comisión que, sin consecuencias jurídicas, permita conocer el relato de lo que sucedió. «Las conclusiones del grupo de trabajo o comisión independiente, de carácter público, deberán ser aprobadas por el Parlamento de Andalucía y serán remitidas mediante un informe dirigido al Defensor del Pueblo Andaluz, al Defensor del Pueblo y a las Cortes Generales para su aportación a la necesaria y futura Comisión de la Verdad del Estado Español», expone el artículo 41.6. «Esta sociedad no puede olvidar», llegó a decir el diputado del PP. «Los fantasmas siguen vivos en fundaciones que llevan el nombre del dictador y conceden medallas a quienes incumplen la ley», denunció el diputado de Podemos Jesús de Manuel. El diputado de Ciudadanos se atrincheró en el discurso de que la Transición es sagrada -«modélica», replicaron con sorna en la tribuna de invitados-, en que no comparten nada que huela a ideología, que suene a discordia o que traiga la imagen de rojos contra azules o azules contra rojos -«Qué barbaridad», «Ojú, qué facha», «Tan disfrazado de corderito», insistieron los familiares- y en que condenan enérgicamente la dictadura franquista, pero también «todas las dictaduras y modelos en otros países que reprimen las libertades».

EXHUMACIONES

La localización de las personas desparecidas será la política prioritaria de la Junta, que actuará de oficio -aunque ya lo viene haciendo en determinadas fosas- y determinará sus actuaciones en un Plan Andaluz de la Memoria Democrática cada cuatro años -con informe anual-. “La Consejería competente en materia de memoria democrática será responsable del seguimiento de la realización de los trabajos de indagación, localización y, en su caso, exhumación e identificación, que serán supervisados por un comité técnico, del que formarán parte las personas especialistas necesarias que garanticen el rigor científico”, dice el artículo 10.2 del texto. En este aspecto, tanto IU como Podemos incidieron en la necesidad de asignar un presupuesto coherente para poder actuar de una manera más o menos rápida. De las más de 600 fosas en Andalucía, ya se han exhumado más de un centenar y se han recuperado unos 3.800 restos, según cálculos de la Dirección General de Memoria Democrática. «Con los recursos actuales, tardaríamos 230 años en exhumar todas las fosas», cuantificó el diputado de Podemos, que pidió perdón a las víctimas por llegar «muy, muy tarde». ¿Qué hará un familiar si la fosa donde está su abuelo o su tío no entra en los planes de actuación por falta de presupuesto? Según la Junta, podrá hacerlo por su cuenta pero siempre con la tutela de la Administración.

La Junta asegura que hará todo lo posible para aumentar los recursos y evitar los obstáculos que hasta ahora han impedido o dificultado a muchos familiares exhumar. La ley establece la posibilidad de expropiar temporalmente el uso de terrenos de propiedad privada si su titular se opone a la intervención, como ocurrió en un primer momento, por ejemplo, en la fosa de El Marrufo (Cádiz). E incluye la creación de un protocolo para dignificar las fosas comunes en los cementerios -«¿Qué va a pasar con las 8 fosas del cementerio de Sevilla?», gritaron también desde la tribuna-, y asegurar su conservación para ser exhumadas -en algunos casos han sido destruidas-. La ley también incluye un banco de ADN en colaboración con las universidades públicas de Andalucía, ya creado, en el que se registrarán tanto los datos de los restos óseos exhumados como el ADN de personas voluntarias que acrediten su condición de familiares víctimas.

JUSTICIA

Será la Administración, como responsable, la que denuncie ante la autoridad judicial y, en el caso de que alguien descubra por azar restos que puedan corresponder a las personas desaparecidas deberá comunicarlo a la Junta, al Ayuntamiento correspondiente o a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la mayor brevedad. Cuando se estaba realizando el primer borrador de la ley, IU vio importante en este punto la necesidad de que el sistema judicial se moje y forme parte de una vez por todas de la recuperación de la memoria, porque hasta ahora lo único que hace es archivar la causa. En algunos casos, la presentación de la denuncia ha retrasado la exhumación. En la fosa del cementerio de San Rafael, en Málaga, donde se recuperaron 2.840 cadáveres, los familiares decidieron no presentar denuncia porque temían que la tardanza en la respuesta de un juez alargara la exhumación.

REPARACIÓN

En cuanto a la reparación de las víctimas, se declarará el 14 de junio de cada año como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe y la dictadura. La fecha, escasamente conocida hasta entre el movimiento memorialista, hace referencia a la primera exhumación que se hizo de manera pública en Andalucía, en el verano de 2003 en Lecrín (Granada). Agustín Góngora buscaba a su hermano, pero falleció sin encontrarlo. Supuestamente, la tumba está debajo de una autovía. En un borrador del texto, la fecha señalada era el 18 de julio, que fue rechazada también en el Congreso como día de condena del franquismo, con los votos en contra del PP y la abstención de UPyD. Aunque no se incluyen indemnizaciones, el artículo 19 del texto sostiene que la Junta impulsará actuaciones para hacer “copartícipes de las medidas de reconocimiento y resarcimiento a las organizaciones que pudieron utilizar los trabajos forzados en su beneficio“. Algunos campos de concentración fueron creados por los propios ayuntamientos, como el de Sevilla, y se beneficiaron de grandes obras, como el Canal de los Presos, empresas y terratenientes. En una disposición adicional, se señala que se impulsará -sin más detalle- la inscripción de defunción de los desaparecidos en el Registro Civil, una pared contra la que siguen chocando los familiares.

SÍMBOLOS FRANQUISTAS

La ley andaluza corrige los artículos descafeinados de la ley estatal sobre la retirada de símbolos franquistas. La Junta dará un plazo de 12 meses para que sean retirados -también en los edificios privados con proyección a un espacio o uso público- y eliminará las razones artísticas, que la ley de Zapatero admitía para mantenerlos, en estos tres casos: cuando estén sobre lugares o edificios históricos, desmerezcan la legalidad republicana o aludan a los “participantes, instigadores y/o legitimadores de la sublevación militar de 1936 y de la dictadura”, que es lo que ocurrió con el polémico monumento a Primo de Rivera en el centro de Granada.

La Junta no concederá ningún tipo de subvención o ayuda a las personas físicas y las entidades públicas y privadas que hayan sido sancionadas por mantener estos símbolos o por cualquier circunstancia que atente, alente o tolere prácticas en contra de la memoria democrática. En el caso de que no se retiren de forma voluntaria en ese plazo desde que entre en vigor la ley, la Junta incoará de oficio el procedimiento y, si tampoco así se retiran en el plazo establecido, será la Junta la que pueda hacerlo de manera subsidiaria. Incumplir la orden de retirada, tipificado como infracción grave, puede conllevar multas de entre 2.001 a 10.000 euros. Los símbolos pasarán a formar parte del Instituto de la Memoria Democrática, órgano que también prevé crear la ley. El anteproyecto recoge, además, un artículo según el cual prevendrán y evitarán -aunque no prohibirán- la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del golpe militar o del franquismo, u homenaje o concesión de distinciones a las personas físicas o jurídicas que apoyaron el golpe militar y la dictadura.

NULIDAD DE LAS SENTENCIAS DEL FRANQUISMO

El texto no aporta ninguna novedad en este aspecto. Traslada al Gobierno central la necesidad de adoptar medidas para hacer efectiva la reparación y reconocimiento personal a quienes, como Blas Infante, «padecieron condenas o sanciones de carácter personal por tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos, civiles o militares, como las sentencias de los Consejos de Guerra, Tribunales de Responsabilidades Políticas, Tribunal Especial de represión de la Masonería y el Comunismo o del Tribunal del Orden Público (TOP), por causa de la lucha en defensa de los derechos y libertades del pueblo andaluz. Algunos colectivos han pedido la personación de la Junta en la querella argentina como forma de reparar a esas personas. Una propuesta de IU fue rechazada en el Parlamento por el PSOE y el PP.

LUGARES DE MEMORIA

El texto impulsa el reconocimiento de los lugares de memoria, una figura ya creada por la Junta de Andalucía con anterioridad con la que se han protegido más de medio centenar de enclaves, que tendrán que ser señalizados e incluidos en un inventario. Según la normativa, las legislaciones referentes a la ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente tendrán que respetar en todo momento estos lugares y las actuaciones necesitarán un informe preceptivo antes de la aprobación definitiva.

Las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de los terrenos o inmuebles inscritos como lugar de memoria tienen el deber de conservarlo y mantenerlo. La falta del cumplimiento facultará a la Administración para la expropiación total o parcial del lugar por causa de interés público o social. De igual modo, la Junta también podrá descatalogar los lugares “cuando hayan desaparecido las circunstancias que motivaron su inscripción”. Actualmente, uno de esos lugares, la cárcel de Huelva que sirvió de centro de represión de homosexuales, se encuentra en un estado de absoluto abandono.

MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La normativa andaluza reconoce específicamente el papel y la relevancia del movimiento asociativo -una de las reivindicaciones del colectivo en la tramitación del texto-: «Las entidades memorialistas contribuyen a la concienciación social para la preservación de la Memoria Democrática de Andalucía y a la defensa de los derechos de las víctimas. Las entidades memorialistas son reconocidas por esta ley como titulares de intereses legítimos colectivos de las víctimas», dicen los artículos 38.1 y 38.2 de la ley. Además, el artículo 42 promueve el fomento de la actividad asociativa. En todos estos años de recuperación de la memoria, han sido las asociaciones las que han hecho el trabajo que ahora asume la Administración, que seguirá de la mano de familiares, asociaciones y ayuntamientos, insisten en la Junta.

ÓRGANOS Y ARCHIVOS

El texto recoge la creación de un registro de entidades de memoria democrática, un censo de la represión, un Consejo de la Memoria Democrática de Andalucía y un Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía. Este punto ha sido otro de los escollos para el PP y Ciudadanos, que ven en él un aumento de la estructura de la Junta, ya de por sí mastodóntica, según denuncian. La Administración deberá reunir y recuperar los fondos documentales, testimonios orales, etc. Y cada año, de acuerdo con las posibilidades presupuestarias, deberá haber una dotación para la adquisición de documentos en archivos públicos, privados, nacionales y extranjeros. El acceso a esos documentos debe estar garantizado. Además, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la ley, deberá emprender actuaciones encaminadas a que el patrimonio documental perteneciente a la Administración del Estado en relación con la Memoria Democrática de Andalucía se transfiera al Archivo General de Andalucía, a excepción de los archivos judiciales, que se regirán por su normativa específica. También impulsará medidas para la recuperación del patrimonio documental incautado por las fuerzas golpistas en Andalucía.

EDUCACIÓN

Los contenidos de memoria democrática serán incluidos en el currículum de primaria, secundaria, bachillerato y en la educación permanente de personas adultas, pero no como una asignatura específica. La Consejería de Educación incorporará a los planes de formación del profesorado “la actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la Memoria Democrática de Andalucía“. Además, se impulsará la incorporación en los estudios universitarios que proceda. «No es aceptable que los libros digan que Lorca murió en Granada y Machado falleció en Colliure», afirmó Maíllo.

En un apartado de investigación, la ley menciona específicamente los estudios sobre las mujeres. Y el artículo 48 describe la colaboración con los medios de comunicación públicos «mediante programas divulgativos de debate, documentales y de ficción, y mediante la cobertura informativa de las actividades relacionadas con la materia». Reglamentariamente, recoge el texto, se aprobará un manual de estilo sobre lenguaje y tratamiento de la información. Tanto PP como Ciudadanos temen un «sesgo ideológico» en la escuela. Juan Morillo, maestro, señalaba sobre un papel la importancia de este punto: «Solo el conocimiento de los hechos represivos llevados a cabo por el golpe de estado y la posterior dictadura llevará al enjuiciamiento necesario que termine con la condena pública del franquismo».

MULTAS

El proyecto de ley, en su régimen sancionador, establece multas de hasta 150.000 euros para las infracciones muy graves, que van desde la exhumación sin autorización de la Junta o la construcción o remoción de terrenos sin autorización donde haya certeza de la existencia de restos humanos de personas víctimas de la represión; a la destrucción de fosas y la omisión del deber de conservación, cuando traiga como consecuencia la pérdida, destrucción o deterioro irreparable de bienes inscritos como lugar o sendero de memoria.

Las multas oscilan entre los 2.001 y los 10.000 euros para las infracciones graves, como el imcumplimiento de la orden de retirada de símbolos franquistas, trasladar restos humanos sin autorización, no comunicar el hallazgo casual de restos o incumplir los deberes de conservación de los lugares de memoria. Las sanciones leves, con multas entre 200 y 2.000 euros, incluyen el incumplimiento de cualquier otro tipo de obligación que recoge la ley.