Andalucía amplía la violencia de género a todas las formas de maltrato a las mujeres

Ni las víctimas de violencia de género son solo las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Ni la violencia de género es sólo la agresión cometida dentro de las relaciones de afectividad. Esta es la base de la reforma de la ley andaluza contra la violencia de género, cuyo anteproyecto, aprobado este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, amplía el concepto a cualquier forma de maltrato hacia las mujeres: feminicidio (homicidio o asesinato cometido como instrumento para dañar a la mujer); el acoso y las agresiones sexuales; a la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos; la trata de mujeres y niñas; la explotación sexual; la mutilación genital femenina; el matrimonio precoz o forzado; las violencias originadas por tradiciones culturales que atentan contra los derechos de las mujeres; las derivadas de conflictos armados; la ciberviolencia y cualquier otra forma que sea susceptible de lesionar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

Cada año se denuncian en España 1.161 violaciones (agresiones sexuales con penetración) según los últimos datos que facilita el Ministerio del Interior, de 2011. Son tres cada día; una cada ocho horas. Y el 8,1% de las mujeres asegura haber sufrido violencia sexual (la mitad antes de los 15 años), según la Macroencuesta Violencia contra la Mujer de 2015.

Además, la nueva ley reconocerá también como víctima directa a los hijos expuestos a la violencia que sufren sus madres y a los que sean agredidos. También incluye en el término «mujer víctima» a las menores de edad, con el fin de que estas reciban la misma asistencia específica que se presta a las mayores.

Con esta reforma pionera, que recoge las reivindicaciones de los colectivos feministas y profesionales que trabajan a diario con víctimas de la violencia hacia las mujeres, Andalucía convertirá, además, en norma cuestiones que ya en la práctica se venían haciendo, como ha destacado la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio. Es el caso, por ejemplo, del derecho de las mujeres a ser atendidas sin necesidad de haber puesto una denuncia.

La nueva ley también exigirá como requisito previo para los trabajos que impliquen contacto habitual con menores no haber sido condenado por algún delito contra la libertad e indemnidad sexuales (agresión, abuso o acoso sexual, exhibicionismo, provocación, prostitución y explotación sexual, corrupción de menores o trata de seres humanos). Para ello, explica la Junta, se deberá acreditar una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, de ámbito estatal y en funcionamiento desde 2015.

Además, el Observatorio Andaluz de la Violencia de Género homogeneizará sus indicadores de análisis e incluirá la garantía de formación permanente de los profesionales que trabajan en la lucha contra la violencia de género, más allá del ámbito de la Administración autonómica. En materia de sensibilización, los medios de comunicación de titularidad pública tendrán que realizar acciones de forma continuada, no solamente las que se realizan en fechas conmemorativas, como este 25-N.

En el área de coordinación institucional, la ley, que mejorará a la que lleva en vigor desde 2007, reconocerá los Centros Municipales de Información de la Mujer, en el punto de mira desde la reforma de la Administración Local del PP, como unidades de referencia de atención e información a las víctimas de violencia de género. “Lo que me encuentro es que es un servicio que funciona a costa de subvenciones. En cada pueblo se hacen convocatorias, se piden unos requisitos para entrar. A mí me pedían un proyecto, tuve que pasar una prueba, un examen de tres horas, una entrevista personal, en Umbrete. Eso para unos meses. Cuando lo que tenía que hacerse es un servicio de calidad y continuado”, denunció Inmaculada Sánchez desde el público en el reciente VII Congreso para el estudio de las violencias contra las mujeres.

Pacto de Estado

El texto gira en torno a la propuesta de Pacto de Estado que el Gobierno andaluz remitió el pasado 11 de noviembre al Ejecutivo central, cuyas principales medidas son: la suspensión del régimen de visitas a los hijos para las personas denunciadas o condenadas por maltrato; la reposición del presupuesto estatal en prevención y asistencia social, recortado un 17% durante los últimos cuatro años según la Junta; el mantenimiento de la red de atención directa en todos los niveles territoriales; la formación especializada de profesionales; el impulso de la coeducación y la inclusión en las estadísticas oficiales de las personas afectadas indirectamente (familiares, amistades y entorno más íntimo de las mujeres) para conocer el alcance real del problema.

La Junta recuerda las principales cifras: el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha contabilizado ya este años 39 víctimas mortales, tres de ellas andaluzas, y 25 menores huérfanos a causa de este tipo de violencia. Desde que existen estadísticas (2003), más de 865 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas (172 en Andalucía). Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015, el 63,6% de las que sufren o han sufrido malos tratos afirma que los hijos han presenciado estos episodios.