Gas Natural Fenosa en Colombia, historia de una intervención pactada

Pedro Ramiro y Erika González* // “Colombia interviene la filial de Gas Natural Fenosa en el país”. La noticia saltaba el pasado martes, 15 de noviembre, y enseguida pasaba a ocupar grandes titulares en los principales medios de comunicación españoles. Con muchas preguntas que, aparentemente, quedaban sin resolver: ¿será que el gobierno de Juan Manuel Santos había decidido nacionalizar el servicio eléctrico? ¿Se tratará, como en el caso de Repsol en Argentina, de una expropiación de la filial de la multinacional española? ¿Podría afectar negativamente a los intereses de una de las mayores compañías del Ibex 35?

En realidad, si escarbamos un poco más en el caso y analizamos la historia de la empresa en el país desde principios de este siglo, parece que la cosa va por otro lado: lejos de plantearse un conflicto frontal con la corporación presidida por Isidre Fainé, el gobierno colombiano ha decidido pactar con Gas Natural Fenosa un intervención temporal de su subsidiaria en la Costa del Caribe para sanear sus cuentas, mejorar su imagen, ganar tiempo y calmar el aumento de las protestas sociales en contra de la privatización del servicio eléctrico.

La situación actual

Hace tres meses, Gas Natural Fenosa anunciaba que estaba dispuesta a interponer una demanda contra el Estado colombiano ante el CIADI, el tribunal internacional de arbitraje dependiente del Banco Mundial, si no respondía ante la deuda que —según la empresa— la población y las administraciones públicas tenían con la multinacional española y que cifraban en 1.259 millones de euros. Acogiéndose al Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre Colombia y España en 2005, Gas Natural Fenosa pedía “soluciones integrales que permitan garantizar la sostenibilidad de la prestación del servicio de energía en la Costa Caribe”. Y es que Electricaribe, su filial colombiana encargada de la distribución y comercialización de electricidad en siete departamentos, ya había venido siendo objeto de numerosas críticas y movilizaciones en su contra durante todo este año por grandes deficiencias en la prestación del servicio eléctrico.

Así pues, la compañía se marcó un plazo de seis meses para negociar un “acuerdo amistoso” con el Estado colombiano que evitara el litigio ante el tribunal internacional de arbitraje. Y, desde entonces hasta anteayer, el proceso de diálogo entre el gobierno y la compañía fue avanzando, culminando con el viaje a Colombia que hizo Fainé el pasado fin de semana para reunirse directamente con el presidente Santos. En todo este tiempo, las exigencias de la multinacional se han centrado en la asunción de la deuda por parte del Estado, la puesta en marcha de cambios regulatorios y la capitalización de la empresa.

“La protección a los inversionistas es condición indispensable para que los recursos del exterior continúen llegando y se destinen al desarrollo del país”, indicaba Gas Natural en agosto en un comunicado emitido desde su casa matriz, en el que recalcaba la concepción dominante de lo que ha de ser la “seguridad jurídica”, aquella que sitúa los intereses empresariales por encima de la protección de los servicios básicos y los derechos de las mayorías sociales.

En la mañana del martes, sin embargo, la Superintendencia de Servicios Públicos anunciaba a bombo y platillo la intervención de Electricaribe y la toma de posesión de sus bienes, haberes y negocios, mandando a la policía y al ejército a veinte de sus oficinas para “asegurar la prestación eficiente de servicios públicos en todo el territorio nacional”.

“Buscamos solucionar este problema histórico de la mano de Gas Natural Fenosa accionista mayoritario de Electricaribe, pero no logramos en esta ronda de negociaciones un acuerdo para la capitalización de la empresa. Sin el financiamiento del plan de inversiones requerido, la única opción es la toma de posesión”, afirmaba el ministro de Minas y Energía, Germán Arce. Según el gobierno colombiano, de aquí a poco tiempo, Electricaribe no estaría en condiciones de poder garantizar el suministro eléctrico al no estar pagando la generación de electricidad a sus productores, con lo que podría producirse un “apagón” en toda la región que afectaría a sus 2,5 millones de clientes.

Deudas acumuladas

En el núcleo del conflicto está la deuda que la compañía dice haber acumulado en todos estos años. Su origen se encuentra, desde la perspectiva de la empresa, en el impago del servicio por parte de una gran cantidad de clientes, entre los que figuran administraciones, escuelas u hospitales. Para Omar Mendivil, activista de la Red Caribe de Usuarios de Servicios Públicos, por el contrario, la corporación está presionando al gobierno “con su supuestamente crítica situación financiera para exigir más seguridad jurídica, reclamando exagerados cobros de deudas por fraude, de lo que acusa a toda la comunidad, para decir que con ello están en riesgo sus inversiones”. La historia de la filial de la multinacional española en Colombia, como ahora veremos, se ha venido caracterizando por sus continuas acusaciones de impagos generalizados en la región de la Costa Atlántica.

Esta deuda, además, se ha visto agravada por el incremento del 34% en el precio de la electricidad en 2015 —la mayor parte de la generación en Colombia es a través de centrales hidroeléctricas, con lo que la disminución de lluvias provocada por el efecto climatológico de El Niño ha repercutido negativamente en el coste final de la energía— y por la demora en el pago de subsidios por parte del gobierno. Ambos factores han conducido a empeorar las ya de por sí malas condiciones en las que Electricaribe ha venido prestando el suministro eléctrico desde que fue privatizada hace una década y media.

En 2014, las numerosas denuncias efectuadas ante el Ministerio Público ya reflejaban irregularidades en la gestión de los impagos, coerción y chantajes a la hora de realizar acuerdos de pago por deudas. Un año antes, la problemática era la misma: en Cartagena 380 usuarios denunciaron cobros inadecuados y accidentes por fallos en servicio de energía. Todo ello ha contribuido al aumento de las protestas y las movilizaciones sociales contra Electricaribe, como las que hace dos años llevaron al bloqueo de carreteras en Barranquilla tras sufrir apagones de 34 horas seguidas sin electricidad. Nada de esto es nuevo; de hecho, es el patrón de conducta que ha caracterizado las operaciones de Gas Natural Fenosa desde que inició su andadura en Colombia.

La historia de Fenosa en Colombia

Unión Fenosa comenzó con sus negocios en Colombia en el año 2000, cuando compró tres empresas del sector eléctrico que habían sido públicas hasta su privatización a finales de la década de los noventa: Electrocosta y Electricaribe, dedicadas a la distribución y venta de energía en los siete departamentos de la costa del Caribe —ambas unificadas bajo el nombre de Electricaribe en 2008—, y Energía del Pacífico (EPSA), compañía que operaba en el suroccidente del país controlando todo el proceso desde la generación hasta la comercialización de electricidad. En 2009, Unión Fenosa vendió EPSA a capitales colombianos y, tras culminar su fusión con Gas Natural, pasó a integrar todos sus activos en la renombrada como Gas Natural Fenosa.

Como analizamos en 2007 en el libro La energía que apaga Colombia, la llegada de la compañía española a este país suramericano siguió entonces las pautas marcadas en su estrategia de expansión internacional: tras llevar a cabo adquisiciones a muy bajo precio y con la posibilidad de operar en régimen de monopolio pero, a la vez, con poca rentabilidad inicial, ya que se trataba de empresas situadas en regiones con infraestructuras en mal estado y amplias capas de población empobrecida, se trataba de maximizar los beneficios empresariales en muy poco tiempo mediante tres vías: invertir solamente en aquellas zonas que aportasen beneficios, tener mano dura en la gestión del cobro y reducir drásticamente los costes laborales.

Desde el principio de sus operaciones en Colombia, Unión Fenosa achacaba su agresiva política de recaudación y la mala prestación del servicio eléctrico al hecho de que la población de la costa caribeña tenía una “cultura del no pago”. Así, sostenía la empresa, el antiguo monopolio estatal habría creado una suerte de cultura clientelar que favorecería el impago; la versión de los usuarios y usuarias, sin embargo, era radicalmente distinta: ante un servicio prestado en pésimas condiciones, las familias se negaban a pagar unas tarifas que no paraban de crecer. No olvidemos que, en 2002, una persona con pocos recursos que viviera en una ciudad costera como Barranquilla tenía que destinar nada menos que el 52% de sus ingresos totales al pago de la factura mensual de Electricaribe.

Para asegurarse el cobro de las facturas a toda costa, las filiales de Unión Fenosa emplearon todos los medios a su alcance: racionamientos de electricidad, apagones, sobrefacturación, amenazas de demanda por la vía penal por acometer conexiones irregulares… Junto a ello, no realizaron las inversiones necesarias para el mantenimiento de las redes ni para su extensión en barrios empobrecidos, con lo que eran continuos los cambios de tensión y las caídas del cableado que provocaban cuantiosos daños materiales e incluso llegaron a costar la vida a muchas personas por electrocuciones.

Ayudas del Estado

Ante ese contexto, se sucedieron las denuncias de la población y aumentó la movilización social. Sin exagerar demasiado, podemos decir que entre 2002 y 2003 prácticamente toda la costa del Caribe salió a manifestarse, a cortar carreteras, a concentrarse en las puertas de la empresa. Al mismo tiempo, Electricaribe anunciaba que estaba a punto de entrar en quiebra y que, por tanto, tendría que “escoger los sitios y las condiciones que pudieran hacer su actividad más rentable y productiva”.

Frente a la amenaza de abandonar el servicio en amplias zonas, el gobierno colombiano —entonces presidido por Álvaro Uribe— desplegó las políticas y promulgó las leyes que exigía la multinacional española para hacer rentable su negocio: subsidios estatales —pagados directamente a la filial de Fenosa— para reducir la factura de la población con menos recursos, inversión pública en infraestructura eléctrica, capitalización de la empresa —en la que el Estado siempre ha mantenido una participación significativa, aunque con los años esta se ha ido reduciendo hasta llegar al 15% actual—, reenvío a las instituciones municipales de la responsabilidad de ofrecer el servicio a los barrios más pobres.

Ya entonces Electricaribe afirmaba, como lo hace ahora, que los clientes acumulaban una deuda insostenible. Efectivamente, había un elevado endeudamiento de los habitantes de los barrios empobrecidos y de algunas administraciones, pero es igualmente cierto que nunca llegó a plantearse seriamente cómo hacer frente a este problema. En realidad, como tratamos de demostrar en un estudio publicado en 2008, la deuda ha venido funcionando como un elemento de presión para obligar al gobierno a seguir asegurando los ingresos empresariales vía subsidios públicos.

Con el paso de los años, las protestas contra la filial de Gas Natural Fenosa fueron reduciéndose, tanto por las políticas estatales a favor de la compañía como por sus propios programas de “responsabilidad social”, con los que —a través de otra subsidiaria llamada, no por casualidad, Energía Social— subcontrataba a destacados líderes comunitarios como cobradores de las facturas para así desarticular al movimiento social. Y en eso también tuvo mucho que ver, como en tantas otras partes de Colombia, la violencia ejercida por los grupos paramilitares contra los dirigentes sociales y sindicales: entre 1998 y 2006 fueron asesinados 27 sindicalistas relacionados con el sector eléctrico en la Costa del Caribe. Como resumía una vecina de Riohacha, la capital de La Guajira, “la dilatación de los procesos debilitó la protesta, a la vez que los paños de agua caliente de la administración, la eliminación selectiva de los líderes sociales y las amenazas favorecieron la apatía de la comunidad”.

Las perspectivas de futuro

En 2016, solo en el municipio de Barranquilla se han producido 142 protestas por fallos de Electricaribe, lo que nos da una idea del nivel de conflicto social que está causando la prestación del servicio eléctrico en malas condiciones. La empresa, a su vez, también maneja sus propias estadísticas: 193 agresiones físicas contra el personal que realizaba el cobro o la supervisión de las conexiones en lo que va de año.

Protestas crecientes, aumento de los apagones y de la tarifa, violencia en la relación usuarios-empresa, amenaza de estar en una situación de quiebra por parte de Electricaribe, críticas a la “cultura del no pago”, apertura de mesas de negociación por el Estado… En realidad, la situación actual es prácticamente la misma que se vivió en el año 2003. Por aquel entonces, el gobierno puso en marcha las leyes y la financiación pública necesarias para lograr la rentabilidad exigida por Electricaribe. ¿Ocurrirá algo parecido en esta ocasión? Si atendemos a la postura del gobierno de Santos respecto a la inversión extranjera y a los mensajes que ha transmitido Gas Natural Fenosa, todo indica que estamos ante una segunda parte de la misma película.

El presidente Santos ha sido un invitado habitual a muchos foros internacionales impulsados por los lobbies empresariales, donde no ha dudado en promocionar una idea de “seguridad jurídica” muy favorable a los intereses de las empresas transnacionales. Por ejemplo, en el Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial entre Colombia y España, celebrado en 2012 justo un mes después de que el gobierno de Cristina Fernández expropiara la filial de Repsol en Argentina, Santos se reafirmó en su declaración de intenciones: “Aquí nosotros no expropiamos, presidente Rajoy”. Dos años después, en el Foro Invertir en Colombia, organizado por el grupo PRISA junto a grandes multinacionales con presencia en el país como Telefónica, Ferrovial, BBVA, Endesa y Gas Natural Fenosa —representada esta última en aquel encuentro por quien fue su consejero hasta hace poco, el expresidente del gobierno Felipe González—, venía a trasmitirse un mensaje similar: lo que es bueno para las transnacionales españolas es bueno para la población colombiana.

Con estos antecedentes, no parece que precisamente vaya a avanzarse por la senda del conflicto con compañías como Gas Natural Fenosa, a pesar de que esté incumpliendo con su obligación de proveer un servicio público básico. La multinacional, por su parte, tampoco se ha sentido demasiado amenazada con la intervención del gobierno colombiano, tal y como se desprende de su comunicado del martes: “No se estima que la mencionada intervención temporal de la compañía colombiana tenga impacto sobre el resultado neto ni sobre el cash-flow de Gas Natural Fenosa, no afectando por tanto a su actual política de dividendos”.

En sintonía con lo que ha sido la historia de la empresa en el país y en línea con lo que apuntaba hace un par de días el diario El Confidencial, más bien parece que la intervención de Electricaribe por parte del Estado colombiano a lo que responde es a un acuerdo no oficial, a un pacto gobierno-empresa no declarado públicamente, con unos objetivos muy claros: calmar las protestas sociales, inyectar liquidez y sanear las cuentas de la empresa, y crear los instrumentos necesarios para que la compañía continúe obteniendo grandes dividendos con sus operaciones en el país.

*Autores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)