El pacto de inmigración en Catalunya y los universos paralelos

El pacto en inmigración anunciado entre el gobierno central y la Generalitat de Catalunya consiguió colarse en la parrilla informativa catalana durante la mañana de ayer martes. Esto, en estos tiempos, representa un hecho noticiable en sí mismo. El desinterés hacia los asuntos políticos en Catalunya — sobre Catalunya —es tan acusado que conseguir que se hable de competencias autonómicas durante diez minutos en prime time debe interpretarse como una tímida señal de salud democrática. Catalunya va despertando poco a poco de la traumática amnesia de los últimos años. La ocasión, apartando el contexto concreto, lo merecía.

Según el acuerdo entre Junts per Catalunya y el PSOE, los Mossos d’Esquadra gestionarán la seguridad en puertos y aeropuertos, así como en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y en la tramitación de permisos de residencia y trabajo. Esta transferencia de funciones se llevará a cabo en coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil. El acuerdo también establece la participación de los Mossos en el control de pasaportes y en la ejecución de devoluciones en los puntos de entrada habilitados. Además, la Generalitat dispondrá de una «ventanilla única» para la gestión de diversas autorizaciones de residencia y tendrá capacidad para decidir sobre la contratación de trabajadores en origen.

El pacto se produce en un contexto en el que la Generalitat busca ampliar la plantilla de los Mossos d’Esquadra hasta los 25.000 efectivos en 2030, lo que refuerza su apuesta por una mayor autonomía en la gestión de la seguridad en Cataluña. Sin embargo, las competencias en materia de control fronterizo seguirán siendo compartidas con el Estado, un punto que ha sido objeto de tensas negociaciones.

Ahora bien: la ley está pactada, que no aprobada. Que nadie celebre — o se martirice — antes de tiempo. A pesar de que se puede contar con los votos afirmativos de Junts per Catalunya, de ERC, Sumar y del PSOE, Podemos ya ha mostrado su disconformidad por una medida que podría sustraer todavía más derechos a la población migrante. El PNV, fiel a su estilo discreto, guarda silencio.

Que Catalunya comience a despertar de ese clima antipolítico que se respira desde el fin del procés (solamente es necesario echar un vistazo a las tertulias de tele y radio matutinas para ver cómo cada grupo ideológico vive todavía encerrado en su mundo paralelo). Según los independentistas más fervorosos, el pacto es una prueba más de la sumisión del independentismo al sanchismo. Argumentan que de lo que realmente se trata es de una cesión en la gestión de las competencias, pero no un traspaso integral de las competencias. Por otro lado, el sector catalán no independista de derechas se prepara para un nuevo apocalipsis zombie, temeroso de que nos encontremos en la rampa de salida de otro ciclo independentista.

Desde el Ejecutivo central se insiste en que el acuerdo es plenamente constitucional y, por lo demás, permanecen en silencio. Saben que este no es un marco que les dé votos. Por su lado el Partido Popular sale con todo su arsenal de ataques, reproches y delirios varios. Es una de las leyes de hierro de la política estatal: atacar a Catalunya da votos a la derecha española, da igual si los ataques se fundamentan en algo sólido, o no. Y a su vez, el ataque de la derecha española insufla fuerza al nacionalismo catalán de derechas, representado en Junts per Catalunya y Aliança Catalana.

Pero mientras el Partido Popular desplegaba su catálogo de exabruptos, Feijóo se reunía la noche anterior en Barcelona con los principales representantes del sector empresarial privado catalán. En la intimidad, y solamente en la intimidad, nada más desea el Partido Popular que poder contar con Junts per Catalunya como un aliado estratégico en el Congreso de los Diputados. Cosas de los mundos paralelos.

La realidad será, como de costumbre, algo más aburrida y bastante más burocrática de lo que parece. Es difícil concebir que, de aprobarse, no abra la puerta a que otras comunidades autónomas puedan decidir su política migratoria. De ser así, quién ganará finalmente será quien defienda una versión algo más descentralizada y federalizante del Estado. Aunque todo esto queda todavía lejos. La siguiente parada será en el Parlamento, pero no hay una fecha fijada. Así que, por ahora, hagan como dijo el profeta: ¡Cálmense todos!