Imputaciones y suspensiones ante “gestos simbólicos” en la Cataluña del ‘procés’

El pulso entre Gobierno y Generalitat ha dado un nuevo paso con la apertura de un juicio oral contra el ex president Artur Mas y las ex conselleras Joana Ortega e Irene Rigau, acusados de prevaricación y desobediencia grave. Un nuevo capítulo de la judicialización del procés por parte del Ejecutivo, por un lado, y de la tensión que buscan las autoridades catalanas para, precisamente, lograr la reacción del Estado y sumar puntos para el independentismo en el terreno de la legitimidad.

En esta pugna se enmarcan las inhabilitaciones del Tribunal Constitucional de leyes catalanas tras denuncias del Gobierno -como la de la pobreza energética o la que prohíbe el fracking-, pero también la apertura de diligencias al Ayuntamiento de Badalona, esta semana, por un presunto delito de desobediencia -motivada por otra denuncia del PP-, después de que varios concejales decidieran abrir las oficinas municipales durante el 12-O. Era el Día de la Fiesta Nacional  española y, por tanto, festivo, y la corporación actuó contradiciendo una orden del juez.

Parece claro que ambos bandos buscan el choque. Ahora, la apertura de juicio oral a Mas puede alimentar nuevos gestos con fuerte carga simbólica, comparables al que se vio hace justo un año, cuando 400 alcaldes y cientos de personas acompañaron al president el día de su declaración por la consulta del 9-N. El juez ha abierto juicio oral esta semana por los presuntos delitos de prevaricación y desobediencia grave por estos mismos hechos. Se descarta, eso sí, la petición de la acusación particular -de Manos limpias y dos sindicatos policiales- de que se incluyesen responsabilidades penales por malversación, lo que habría supuesto cárcel.

En cualquier caso, Mas se enfrenta a una posible pena de diez años de inhabilitación, en tanto presunto autor del delito, mientras que Ortega -ex vicepresidenta- y Rigau -ex consejera de Educación y diputada de Junts pel Sí-, consideradas “cooperadoras necesarias”, lo hacen a nueve. De este modo, no podrían ocupar ningún “cargo público electivo”, ni tampoco “ejercer funciones de gobierno” durante ese periodo.

La consulta, antes que la ley

Lo que sí están remarcando las autoridades catalanas es el carácter popular de la consulta del 9-N y se están presentando como meros representantes de la voluntad de la ciudadanía. No en vano, aquel día más de dos millones de catalanes se acercaron a colegios públicos de toda Cataluña para participar en la votación. Eso sí, la gran mayoría de los movilizados se expresaron de forma favorable a la independencia. Sólo un 10’7% lo hizo por el ‘no’, lo que refleja hasta qué punto no logró reflejar la opinión de los contrarios a la secesión, por tratarse, precisamente, de un referéndum no pactado con el Estado.

Mas ha asegurado este jueves que la consulta “no se ideó en un despacho”, sino que venía precedida de multitudinarias “movilizaciones independentistas que reclamaban un nuevo Estado para Cataluña”. Por su parte, en una entrevista en TVE, el actual president, Carles Puigdemont, ha tachado la decisión judicial de “errónea” y de “rareza democrática”, y ha asegurado que “habrá respuesta”. Más aún, Puigdemont ha defendido la importancia de los “gestos simbólicos”.

La consellera de la Presidència, Neus Munté, ha echado más leña: “A nadie le puede sorprender que cada vez haya más catalanes que queramos marchar”, ha defendido, tras lo que ha asegurado que la ciudadanía está “movilizada” contra las acciones judiciales. Irene Rigau, por su parte, ha avisado a navegantes de que, puesto que planean realizar otro referéndum el año que viene, “si el Estado español continúa igual puede pasar que vuelva a haber imputaciones”. Rigau ha tachado de “muy grave” el hecho de que se trate como a “delincuentes” a miembros del Govern por poner unas urnas.

Orden, ley y tribunales

El auto considera que Mas “articuló una estrategia de desafío completo y efectivo” a la suspensión de la consulta que había impuesto el TC. La estrategia del Govern fue aparentar que la organización corría a cuenta exclusivamente de personas voluntarias pero, señala el juez, los trabajos encargados a empresas siguieron en pie. Se “mantuvo activa” la propaganda y la web institucional -con MediaPlanning-, se repartió correspondencia y se instalaron los programas informáticos -a cuenta de T-Systems y Fujitsu- a 7.000 ordenadores adquiridos para la consulta.

La estrategia, por su parte, del Gobierno, es erigirse en defensor de la Carta Magna y las leyes democráticas españolas. “Un referéndum vinculante sólo se puede hacer si se cambia la Constitución”, dejaba claro el ministro de Exteriores esta semana en una entrevista en Catalunya Ràdio. Es por eso que se encuentra en una posición cómoda con el auto, que denuncia que Mas convirtió el 9-N su voluntad “irrazonablemente en aparente fuente de normatividad” y que tanto él como sus colaboradores eran “conscientes” de que contradecían una resolución del TC. Tiras y afloja, tribunales, democracia y leyes, elementos de un choque de trenes que parecen, no obstante, no acabar de descarrilar.