Las cloacas de la lucha antiyihadista: 144 condenas de 682 personas implicadas

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Osama Taattou fue abandonado el 16 de enero de 2006 a las puertas de la Audiencia Nacional pasadas las 23.00 horas, después de pasar cinco días bajo arresto incomunicado. Osama, vecino de Badalona, monitor de actividades infantiles y ateo, salió en libertad sin cargos tras haber sido arrestado y su casa registrada por la Guardia Civil en el marco de la operación Chacal, ordenada por el entonces titular del Juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, y que se saldó con 20 detenidos. Cinco años más tarde, las cinco personas condenadas por la Audiencia Nacional fueron absueltas por el Tribunal Supremo por falta de pruebas consistentes.

Desde los atentados del 11-M en Madrid hasta el 13 de septiembre de 2016, los medios de comunicación han publicado informaciones sobre operaciones contra el llamado «terrorismo islámico» que han implicado hasta a 682 personas. La última memoria de la Fiscalía cifra en 96 el número de detenidos sólo en 2015 acusados de «yihadismo». Sólo 216 personas han sido juzgadas y 144 han sido condenadas en firme, según datos ofrecidos por el Ministerio de Interior. Una de las últimas detenciones fue la de Mohammad Harrak, arrestado en Palma de Mallorca y acusado de yihadismo en un rocambolesco caso en el que se mezclan mensajes en redes sociales en solidaridad con las víctimas de los atentados de París, la supuesta captación de jóvenes para el Daesh, campeonatos de airsoft «para aprender tácticas de guerra» –sostiene el auto de la Audiencia Nacional– y su reivindicación de trabajar como espía para el CNI. Harrak está en prisión preventiva desde su detención en abril de este año, en régimen de aislamiento, en una cárcel de Algeciras, según confirma su abogado Pedro Casado.

«Hay casos que vienen de hechos que realmente han sucedido, y se busca la participación de los acusados en estas acciones, como sucedió con el 11-M. Pero suponen una parte mínima de lo que hay realmente en materia antiyihadista», explica Benet Salellas, abogado en varios casos relacionados con el terrorismo integrista. «El grueso de operaciones son de anticipación: la Policía detiene a supuestas células que creen que pueden actuar, y ésta es la parte más peligrosa. Si se detiene a gente que no tiene armas ni explosivos, ni tampoco una planificación clara de ejecutar un atentado, ¿en qué se basa la Policía para detener a esas personas? Básicamente en dos cosas: en lo que piensan y dicen, o en sus redes o vínculos», continúa Salellas.

Tras el 11-M

La lista de detenidos que la Policía relaciona con el terrorismo integrista empezó a engrosar de manera progresiva con las operaciones que siguieron a los atentados del 11-M en Madrid. Ya entonces, de las 29 personas acusadas y juzgadas en julio de 2007 por aquellos atentados, 12 fueron absueltas por la Audiencia Nacional tres meses después, o por el Tribunal Supremo al año siguiente. «En muchos casos se presentaron unas imputaciones gravísimas que no tenían consistencia jurídica alguna», explica Endika Zulueta, abogado de Rabei Osman El Egipcio, una de las personas acusadas y finalmente absueltas de los atentados del 11 de marzo de 2004.

Las operaciones Saeta y Sello I en 2005 y la operación Sello II de 2007, todas vinculadas con supuestas tramas de ayuda a los autores materiales del 11-M, quedaron con el paso del tiempo diluidas en los tribunales. En el caso de Saeta, los detenidos quedaron en libertad sin fianza cinco días más tarde y ninguno fue condenado. En la operación Sello I, el Tribunal Supremo acabó absolviendo a todos los imputados en febrero de 2011. Estas absoluciones se justificaron al declarar nulas las escuchas telefónicas y al aducir malos tratos en comisaría para conseguir las declaraciones de los detenidos. La segunda parte de la misma operación cosechó un resultado similar. De los cinco arrestados, sólo uno acabó con condena firme. Todos los acusados de las operaciones Jineta y Bureba, en 2007, fueron también absueltos por la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo por falta de pruebas. «Mientras en el derecho penal del ciudadano hay indicios de que una persona ha cometido un hecho y, por eso, se le investiga, aquí primero se investiga y después se buscan los indicios», explica Zulueta.

El abogado señala los cambios realizados en legislación antiterrorista en los últimos años: «No va destinada a las personas que cometen este tipo de actividades, que son capaces de meterse en una discoteca y matar a cien personas. A estas personas no les afecta que el Código Penal sea más o menos duro y, a nivel de prevención, estas medidas suponen un cero. Lo que llaman ‘guerra contra el terrorismo’ se traduce en una guerra contra las garantías procesales de todos los ciudadanos».

Algunas de las 12 personas absueltas en la causa por los atentados del 11 de marzo de 2004 pasaron varios días en prisión preventiva. Otras, varios años. Algunos de ellos pidieron al Ministerio del Interior una indemnización por los daños sufridos pero, en todos los casos, la Administración ha rechazado dar ninguna compensación por el tiempo pasado en prisión. Tampoco ha aceptado indemnizar a Vidal y Ángel –nombres ficticios asignados por el poder judicial– por los 426 días que pasaron en prisión preventiva por un supuesto delito de integración en organización terrorista en el marco de un caso que fue archivado en marzo de 2010. Ni a otros cinco detenidos, que fueron absueltos después de pasar más de dos años en preventiva.

El papel de los medios

«Tres de los pakistaníes arrestados por la Policía, vinculados al grupo de los atentados de Bombay». Fue el titular de La Razón para informar sobre la operación Fisch, en cuyo marco se detuvo a los presuntos responsables de una red de falsificación documental en Barcelona y Valencia en febrero de 2009. Un día después, el juez Fernando Grande-Marlaska redactó un auto en el que declaraba que no había indicios de que alguno de los detenidos tuviera relación con el terrorismo islámico. «Dejar la secta del odio cuesta la muerte» y «Regreso al club del odio» son algunos de los titulares publicados por El País en junio de 2012 en relación con una de las operaciones contra el yihadismo en Melilla. En esta ocasión, a un caso de homicidio se le puso la etiqueta de «yihadista» sin pruebas. Después de que la justicia marroquí archivara la causa contra los dos jóvenes acusados al no encontrar pruebas contra ellos, la justicia española reabrió la causa, esta vez acusándoles de terroristas. El 28 de junio de 2012 fueron detenidos y al día siguiente llevados a Madrid, donde estuvieron bajo custodia de la Audiencia Nacional durante nueve días. Tras esto, fueron puestos en libertad sin cargos.

Los medios de comunicación tenían «ganas de dar bombo y platillo», resalta Berta Tomás, abogada de los dos jóvenes. «Los de La Sexta vinieron, hicieron una entrevista y la manipularon completamente, distorsionaron las voces de niño que tenían, aunque pedimos que dejaran sus voces reales en el vídeo, y lo oscurecieron todo. El País entrevistó a la chica [pareja del joven asesinado] y manipuló lo que quiso. Cuando ella después desmintió su declaración inicial, no lo publicaron. Escriben lo que les da la gana, manipulan e infunden miedo y racismo en lugares como aquí, en Melilla, donde vivimos musulmanes y cristianos», concluye la abogada.

La cara amarga más cotidiana de este revuelo mediático se ve en el aumento de la islamofobia, el rechazo a lo relacionado con el Islam. «En los últimos años, con los atentados de Niza y antes de la sala Bataclan y Charlie Hebdo, se está haciendo un discurso del miedo que afecta a la opinión pública», apunta Alba Cuevas, de SOS Racismo Catalunya. «Se trata de un discurso que señala a un culpable poco definido, que muchas veces se identifica con una religión o una zona geográfica en el que juega un papel muy importante el desconocimiento sobre, por ejemplo, qué es el Islam”, concluye Cuevas.

Actualización de un reportaje publicado en Diagonal, el  30/ 12/2015