Barcelona alargará el pulso con Interior para impulsar un debate sobre los CIE

3 de diciembre de 2013. Aramis Manukyan, un ciudadano armenio encerrado en el CIE de Zona Franca aparece muerto. Se trata de un suicidio, según la versión policial. 5 de enero de 2012. Idrissa Diallo, guineano, fallece de un ataque al corazón. Mayo de 2010. El marroquí Mohamed Abagui muere, según denuncian varias asociaciones, sin la debida asistencia sanitaria. La del CIE de Zona Franca es una historia, como la de cualquier otra de estas prisiones para extranjeros en situación irregular, de impunidad y opacidad.

En noviembre de 2015 el Gobierno se vio obligado a cerrarlo temporalmente para realizar obras de adecuación en su interior tras la denuncia de un grupo de jueces. Ya acabadas, con algunas semanas de retraso, ha llegado el momento de la reapertura. Es en este punto en el que el Ministerio de Interior se ha topado con los movimientos sociales barceloneses, que quieren aprovechar la situación para evitar la reapertura del centro, y con el propio Ayuntamiento de Barcelona, que asegura que el CIE no cuenta con las debidas medidas de seguridad contra incendios.

De igual forma, el consistorio ha ordenado el cierre de las instalaciones por no contar con licencia y ha llegado, incluso, a enviar inspectores, a los que la Policía Nacional ha impedido entrar “en un acto de menosprecio y provocación sin precedentes”. Las palabras son del propio teniente de alcalde, Jaume Asens, quien no duda en calificar al CIE de “agujero negro de la democracia”. “Tenemos un informe de bomberos que dice que no consta que haya un plan de evacuación ante incendios, y estamos obligados por ley a ejercer nuestras funciones de control”, defiende.

Recorrido limitado

Asens reconoce que la capacidad del Ayuntamiento en este pulso contra el Ministerio de Interior tiene un recorrido limitado y que, en el caso de que se cumplan los requisitos requeridos, no tendrán, al menos en principio, más instrumentos legales para impedir la reapertura del CIE. “Por eso no entendemos por qué se esconde el ministro Fernández Díaz, ahora mismo le están dando ellos más recorrido al asunto”, reflexiona. “No haremos más que lo que nos toque en nuestro ámbito competencial”, añade.

Entonces, ¿hasta qué punto tienen sentido los movimientos del consistorio? Según fuentes del mismo, el objetivo es ganar tiempo y resucitar el debate sobre los CIE en el plano político. “Queremos articular una red de ciudades contra el CIE, en coordinación con Valencia, Madrid, Lanzarote y otras, para ver cuáles son los pasos a seguir”, adelanta Asens, quien apunta a Fernández Díaz -con quien no descarta ponerse en contacto los próximos días- como el máximo responsable. “Siempre hace apelaciones a la legalidad, especialmente a los catalanes, y ahora se la está saltando”, critica.

«Hemos estado todo este tiempo funcionando sin él»

Pese a que los instrumentos al alcance de los ayuntamientos para obstaculizar el funcionamiento de un CIE son prácticamente inexistentes, desde los movimientos por los derechos de los migrantes valoran la actuación del de Barcelona. “Está siendo consecuente con sus declaraciones públicas, que incitan al cierre, y no se han quedado en una declaración simbólica”, elogia Cristina Fernández, portavoz de Tanquem els CIEs (Cerremos los CIEs, en catalán). Para esta activista, la actuación de Interior es “una muestra más de las arbitrariedades” que se producen en estos centros.

La plataforma defiende que el CIE no sólo es un lugar con poca garantías democráticas, sino además totalmente innecesario. “Sólo un 50% de los internos acaban siendo expulsados y hemos estado todo este tiempo funcionando sin él y no ha pasado nada, hay que cambiar el enfoque de la política migratoria”, señala. Algunos de los presos de Zona Franca se han trasladado a ciudades como Madrid o Valencia. Los activistas aseguran que han notado un drástico volumen de internamiento. “Es difícil cuantificarlo exactamente porque este año aún no se ha publicado la memoria actual del anterior”, denuncia.