Excelentes y precarios: Cifuentes define su modelo de universidad

Más de un año después de su llegada al Gobierno de la Comunidad de Madrid, el PP de Cristina Cifuentes empieza a mostrar sus intenciones respecto a la universidad madrileña. Recientemente se ha hecho público un documento titulado «La modernización del Espacio Madrileño de Educación Superior. Ideas para el debate» y firmado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid. Según se señala en el propio documento, en cuya elaboración han participado expertos y representantes de las universidades y de los estudiantes, así como miembros del Gobierno de Cifuentes, su objetivo radica en lanzar propuestas y abrir el debate para la aprobación de una futura ley autonómica reguladora del Espacio Madrileño de Educación Superior (EMES). Aunque en el propio documento se subraya su carácter inicial, fragmentario y no exhaustivo, lo cierto es que de su lectura se pueden extraer importantes conclusiones sobre el modelo de universidad que pretende el PP para Madrid.

Para empezar, nótese el carácter continuista de este documento con los que desde diferentes instancias se vienen emitiendo con cierta periodicidad. Desde el ya clásico «informe Bricall» de 2000 (financiado por la CEOE y Telefónica) hasta el emitido en 2013 por la «comisión de sabios» nombrada por el exministro Wert, pasando por los de las fundaciones BBVA y Alternativas, o el más reciente de la Conferencia de Rectores. Este documento de la Comunidad de Madrid repite términos, conceptos y argumentos que han devenido clásicos en este tipo de literatura sobre la reforma de la educación superior. Ahora bien, una cosa es reconocer que la universidad española, en general, y la madrileña, en particular, necesita profundas reformas, y otra bien distinta es aprovechar esta necesidad para introducir un modelo dual de universidad que viene a profundizar en los problemas y fragmentar aún más el actualmente vigente.

En el documento de la Comunidad de Madrid no podía faltar la retórica propia de estos tiempos, incluidos los mantras habituales de la excelencia, la alta calidad y el alto rendimiento. En abstracto, son conceptos y objetivos en los que nadie estaría en desacuerdo. El problema viene a la hora de definirlos. Pues bien, en el documento se recurre a identificar la excelencia y alta calidad con una serie de «buenas prácticas internacionalmente consolidadas», cuya adopción y seguimiento llevarían a la universidad madrileña a las más altas cotas de producción científica.

Una de estas buenas prácticas parece ser la de dotar con más recursos, personal y dedicación a la actividad investigadora frente a la docente. No haberlo hecho así en el pasado es causa de que, según el texto, nuestra organización institucional -incluida la política de dotación y selección de plazas- no sea hoy la más adecuada. Así, las propuestas presentadas se basan en potenciar esa faceta investigadora frente a la docente. Con respecto a esta última, las propuestas se centran en potenciar la docencia en lengua inglesa, o aquella que se realiza a través de las nuevas tecnologías. La docencia generalista, en castellano y mediante las técnicas tradicionales de transmisión de conocimientos (la llamada «lección magistral»), quedan fuera de este ámbito de excelencia. Sin entrar en detalle a este respecto, surgen muchas dudas sobre la mejora para la calidad docente que supone enseñar el Código Penal español o la historia de España en inglés (máxime cuando los estudiantes son españoles).

En todo caso, el documento parte de una premisa falsa, la separación funcional entre investigación y docencia universitaria. Puede haber investigación sin docencia, pero no a la inversa. Un docente no investigador no puede nunca ser un buen docente. Por tanto, el impulso a la calidad docente no puede traducirse -como sí hace el documento- en crear mecanismos para que una serie de investigadores «excelentes» se liberen de sus tareas docentes. Para potenciar la investigación, pero sin perder de vista su reflejo en la docencia, quizá sea más oportuno reforzar mecanismos que permitan acompasar mejor ambas facetas de la actividad universitaria. Algunos de ellos ya existen, como por ejemplo la reducción de carga horaria docente mientras se desarrollan proyectos de investigación de la Unión Europea. O directamente fortalecer más los centros de investigación ya existentes (algunos de ellos -como el CSIC- de gran prestigio internacional).

Pero el documento -y el modelo del PP- va más allá. El fomento a la actividad investigadora de calidad no solo supone que un sector del profesorado tenga «dedicación preferente» a la investigación y que, a cambio, otro la tenga a la docencia (¿sin límites? Es decir, ¿habrá docentes convertidos en meros «dadores de clase»?). El desafío es mucho más profundo. En el fondo, lo que contiene el documento son las bases para la creación, dentro del sistema universitario madrileño, de una auténtica vía paralela -dedicada a la investigación de «alta calidad»-, al margen de la actual, con sus propias estructuras, políticas y financiación pública. Varios son los elementos que permiten atisbar esta conclusión en el horizonte.

En primer lugar, se pone el énfasis en que una de esas buenas prácticas internacionales consiste en dotar de mayor libertad a los centros de investigación a la hora de regular aspectos como su organización interna, la contratación de su personal, su régimen retributivo o, incluso, su política de promoción. La flexibilidad es la palabra clave en este aspecto, dado que se relaciona directamente con el éxito en la calidad investigadora. Que los recursos económicos hayan sido y sigan siendo escasos; que las nuevas infraestructuras y la dotación de medios materiales estén en unos niveles irrisorios; que a la falta de personal docente e investigador (PDI) se sume también la alarmante escasez de personal de administración y servicios (PAS); o que el profesorado universitario alcance niveles de precariedad realmente lejanos a esas buenas prácticas tantas veces invocadas. Todos estos aspectos no parecen ser relevantes para la Comunidad de Madrid a la hora de alcanzar buenos resultados.

Tanto es así que prácticamente ni se mencionan en el documento. De sus 53 páginas, tan solo una se dedica a la cuestión de la financiación. Y en ella se contiene otra de las claves de este modelo: además de la financiación básica, la que dice cubrir el coste de funcionamiento de las universidades, se establecerán programas específicos que financien y premien a quienes cumplan con estas «buenas prácticas académicas». Es decir, dos canales de financiación con preferencia para los centros que ocupen esta vía paralela. Y los que no lo hagan, es decir, los que no sean «excelentes», pues tendrán que conformarse con la financiación básica, que es manifiestamente insuficiente, como sabemos por la experiencia de los últimos años. De programas de becas a estudiantes, de la financiación de los programas de movilidad e internacionalización de los que tanto presume el documento, o de cómo la Comunidad de Madrid va a pagar la deuda pendiente con sus universidades, nada se dice en sus páginas.

Otro de los elementos en los que se aprecia con más claridad la apuesta del Gobierno del PP por un sistema universitario paralelo al actual consiste en la propuesta de creación de una nueva figural contractual, la del «profesor agregado», con remuneración superior a la ya existente de «contratado doctor». Como dice el documento, hay que «regular nuevas modalidades de profesorado contratados que permitan, en la vía laboral, la posibilidad de promoción hasta alcanzar niveles académicos similares a los que se pueden alcanzar por la vía funcionarial». Es esta una de las propuestas «estrella» del documento de la Comunidad: crear una carrera laboral paralela a la funcionarial en las universidades madrileñas.

Una carrera cuyos criterios de entrada, promoción, retribución y remoción serán fijados por las propias instituciones madrileñas. No todas universitarias, por cierto. Primero, por la Fundación Madri+d, quien será la encargada de evaluar a este nuevo profesorado y acreditar sus méritos para acceder a estos puestos (en vez de hacerlo la ANECA, agencia estatal de acreditación). Además, por los responsables de estos centros de excelencia, quienes tendrán carta blanca para fijar el régimen retributivo, de obligaciones y derechos, de promoción y de remoción del personal a su servicio. Esto, en una comunidad universitaria como la nuestra donde las «escuelas» y los «maestros» tienen todavía un peso crucial en la carrera académica del PDI, es un grave riesgo para la satisfacción de los principios constitucionales de mérito y capacidad.

Finalmente, por los criterios políticos que fije la propia Comunidad de Madrid. Y no solo por su Consejería de Educación. En este sentido, se prevé la creación de un órgano asesor formado por personas elegidas por la propia Comunidad «de entre las principales empresas e instituciones empleadoras de la región (públicas y privadas)», para que aporten su visión profesional sobre las políticas universitarias a seguir. Una vía más para la entrada de las grandes empresas en el propio diseño de la universidad. Además, se refuerza el papel de los Consejos Sociales, órgano más político que académico, con fuerte presencia de personas designadas por el gobierno autonómico y otras entidades no académicas, y al que en el documento se reconoce la capacidad para emitir informes y recomendaciones y no hacerlas públicas, sino tan solo a los miembros del equipo de gobierno de la universidad. La transparencia no parece ser un valor para Cifuentes y su equipo.

Sorprende que sea un gobierno del PP quien se apunte a esta carrera paralela a la funcionarial. Esto ya lo habían iniciado los gobiernos autonómicos catalán y vasco, con el objetivo de ir trasladando el centro de su sistema universitario desde uno basado en el modelo funcionarial español hacia otro donde sus aspectos capitales sean decididos por sus autoridades, bajo sus criterios y con sus propios «funcionarios». Esta vía paralela es comprensible en la lógica de Convergencia y PNV, dadas sus aspiraciones de autogobierno. Pero resulta cuanto menos chocante que el PP asuma este modelo, dada la disparidad ideológica entre unos y otros. Una explicación plausible radica en el rechazo que a los dirigentes del PP les genera la funcionarización del personal al servicio de las adminsitraciones públicas, olvidando en el caso de las universidades que la estabilidad es la única forma de garantizar la libertad de cátedra -derecho reconocido en la Constitución- y que esta es pilar básico para alcanzar la tan deseada excelencia.

Y mientras, ¿qué pasará con el PDI actualmente existente y/o el que no acceda a esas nuevas figuras laborales? Pues que seguirá en la misma (o peor) situación. En una universidad con unos índices de precariedad incompatibles con la calidad que se dice buscar, con más de veinte figuras de contratos laborales (casi todos temporales y mal remunerados), con un profesorado laboral condenado a encadenar contrato tras contrato y donde la promoción hacia la estabilidad se ha convertido en una quimera, introducir una nueva figura contractual suena poco menos que a una broma de mal gusto. Máxime cuando nada se dice en el documento sobre los aspectos que acaban de señalarse, ni se adoptan medidas para poner freno a la política de disparidad contractual seguida por los rectorados. Parecería más adecuado impulsar políticas de estabilización y dignificación del personal a través de las categorías contractuales y las posibilidades retributivas ya existentes que introducir un elemento fragmentador más. Además, dado que -como los propios dirigentes del PP no se cansan de afirmar- la crisis económica ya está en fase de superación, parecería más oportuno negociar con la Administración central del Estado una mejora en la tasa de reposición.

En suma, lo que el PP hace es meter un «caballo de Troya» en el sistema universitario madrileño: centros y grupos considerados excelentes, según los criterios que fijen ellos mismos junto con la administración autonómica, y que estarán dotados de libertad de organización y gestión, de mayor financiación, de figuras contractuales propias y retribuciones diferenciadas. El resto, a pedir por Dios.

Es de prever que este documento sea la base para la futura ley autonómica del EMES. Dado que su música recuerda a las propuestas de Ciudadanos en la materia, no le resultará difícil al PP obtener su voto y, por tanto, la mayoría suficiente para la aprobación en la Asamblea. En estas circunstancias, la actitud de los sindicatos resultará clave, dado que estas nuevas figuras contractuales de carácter laboral -su retribución, régimen de obligaciones y derechos, etc.- no pueden ser reguladas unilateralmente, sino en el marco de la negociación colectiva. Ahí es donde podrá hacerse frente a este modelo de excelentes y precarios que propone el PP. Pero nada de ello será posible sin la implicación activa y movilización de la comunidad universitaria madrileña.