Chaves y Griñán se sentarán en el banquillo por el caso ERE

Manuel Chaves y José Antonio Griñán se sentarán en el banquillo más de cinco años después de que estallara el escándalo de los ERE. Los dos expresidentes de la Junta de Andalucía han sido procesados por prevaricación en un auto hecho público este miércoles firmado por el magistrado de apoyo del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, Álvaro Martín Gómez. Según la resolución judicial, que puede ser recurrida, ambos conocían supuestamente «la ilicitud del sistema» que estaba instaurado y, por tanto, no debe admitirse su «aducida ignorancia». Griñán, además, es acusado de malversación de caudales públicos.

El juez sostiene, de manera indiciaria, que el procedimiento creado e implantado por la Junta para distribuir ayudas sociolaborales y a empresas entre 2000 y 2011 tuvo las siguientes consecuencias y fines: eludir la fiscalización previa de la Intervención General; omitir el régimen aplicable en relación con la autoridad competente para la concesión de las subvenciones; ausencia de bases reguladoras de la subvención y de convocatoria pública para su conocimiento por todo interesado en acceder a ella; falta de control del cumplimiento, por parte del solicitante de la subvención, de los presupuestos o condiciones para disfrutar de la ayuda; infracción de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación que es exigible en todo procedimiento de subvención conforme a lo dispuesto por la Ley general de Subvenciones; y ausencia de un control posterior del destino dado a la subvención por parte del beneficiario.

«De este modo -resume el juez-, a través de este procedimiento se dio ocasión a que, por motivos ajenos al interés general, se pudiese disponer de aquella cantidad con fines distintos a los propios de las ayudas a empresas y personas, a que se diesen en favor de entidades o personas que no reunían presupuestos para acceder a la misma y a que se pudiesen conceder subvenciones en cuantía improcedente por iguales motivos, todo ello mediante la inclusión en los expedientes de personas ajenas a las empresas afectadas, los denominados intrusos, mediante el abono de comisiones indebidas a terceras personas, las denominadas sobrecomisiones, mediante la asunción por la Administración de obligaciones económicas de las empresas, sin justificación ni criterio, o como mera liberalidad». En resumen: las subvenciones fueron objeto de un reparto discrecional o, incluso, arbitrario.

Ya el juez instructor del Tribunal Supremo que los investigó cuando estaban aforados, Alberto Jorge Barreiro, determinó que existían indicios suficientes para acusarlos de un presunto delito de prevaricación administrativa. En la misma causa son investigados 51 exaltos cargos autonómicos. El auto de procesamiento llega días antes de la campaña para las nuevas elecciones generales, lo que puede suponer una piedra más en el camino para el líder socialista, Pedro Sánchez.