Bomberos y profesoras contra los desahucios

Los desahucios vuelven a ocupar titulares en medios de comunicación. Tras algunos años fuera de la agenda mediática -opacados por la sobreinformación vinculada a la okupación-, los lanzamientos inmobiliarios son otra vez noticia de la mano del mayor interés de los medios de masas hacia la crisis de vivienda, convertida en el principal problema para los españoles y españolas, según el CIS. Así, casos como el de Mariano, en Vallecas, desahuciado por la familia aristócrata Díez de Rivera Elzaburu a pesar de ser persona vulnerable y sin alternativa habitacional, no han pasado desapercibidos en las últimas semanas.

O el de Josep, un profesor de 49 años que hoy viernes se enfrenta al desalojo del piso en el que lleva más de dos décadas viviendo en el Eixample, en Barcelona. En todo este periodo, nunca ha dejado de pagar los algo más de 700 euros mensuales de su alquier y, a pesar de ello, el fondo de inversión que ha adquirido la finca se niega a renovar su contrato.

En medio de la creciente atención a la problemática de los desahucios, han nacido algunas organizaciones que, desde determinados sectores, tratan de concienciar sobre estos desalojos que dejan en la calle a personas que, en muchos de los casos, no cuentan con recursos para evitar acabar en la calle. Es el caso de la Plataforma de Bomberxs Contra los Desahucios, un movimiento formado por profesionales de todo el país que pugna por evitar que este cuerpo de trabajadores públicos participe en los lanzamientos.

La participación de los bomberos fue clave, por ejemplo, en el desahucio de Mariano. Aunque los profesionales se negaron en un primer momento, finalmente acabaron participando «ante la insistencia» de la Policía. Mariano lo tenía claro: «Los bomberos están para salvar vidas, no para dejar a la gente en la calle».

Y esa es la máxima que defienden desde la recién creada plataforma. Mario Aspano, bombero del Ayuntamiento de Barcelona y portavoz de la organización, sostiene que el de los desahucios es «un problema estructural»: «Nosotros, como clase obrera, tenemos que estar al lado de quien los sufre y por ello tenemos un posicionamiento activo contra los desahucios, porque tenemos conciencia de clase».

Aspano explica que la plataforma nació hace algo más de una semana, aunque asegura que se venía gestando desde hacía meses. El bombero barcelonés explica que el desahucio de Zora, en el barrio madrileño de Lavapiés el pasado mes de septiembre, en el que participaron los bomberos de la capital, «fue la gota que colmó el vaso». Desde entonces, han trabajado para la creación de la organización que, asegura, está teniendo una gran acogida: «Estamos recibiendo mensajes y llamadas de compañeros de Aragón, de Burgos, de Galicia… La intención de la plataforma es organizar a los diferentes grupos de todo el Estado que quieran participar«, adelanta Aspano en conversación telefónica con lamarea.com.

Bomberxs Contra los Desahucios también ofrecerá asesoramiento legal estudiando las diferentes normativas europeas, estatales, regionales y locales y así poder llevar a cabo estrategias tanto defensivas como activas: «Entendemos que no se está permitiendo la objeción de conciencia de quien no quiere participar en un desalojo y que se vulneran las leyes de prevención de riesgos laborales, sobre todo los psicosociales», asegura Mario Aspano. Ante ello, valorarán la posibilidad de denunciar a las administraciones que obliguen a los cuerpos de bomberos a intervenir en desahucios.

Profesores por una vivienda digna

«La vivienda digna es un derecho y no podemos desligarlo del derecho a la educación». Es el principio defendido por Docents 080, una plataforma de profesores, maestras y personal socioeducativo en defensa del derecho a la vivienda digna. La organización, creada en diciembre de 2024, recuerda que en Barcelona existen 2.606 grandes tenedores que tienen en sus manos un total de 78.004 pisos en régimen de alquiler, convirtiendo a la región en «la provincia del Estado con más desahucios durante 2023».

Desde la plataforma apuntan a que el perfil de familia que sufre lanzamientos inmobiliarios es el de mujer sola con hijos o hijas a cargo, ya que en el 70% de los desahucios hay menores. Ante ello, Docents 080 denuncia que cada vez más familias de sus centros educativos «viven en infraviviendas o en habitaciones realquiladas, dándose situaciones de hacinamiento y/o de falta de suministros». Condiciones que «incrementan el riesgo de sufrir problemas de salud mental» y que vulneran «el derecho a la educación de jóvenes y niños e impiden que puedan seguir los aprendizajes con normalidad».

Ante ello, este grupo de profesores y profesoras solicita a las administraciones «aplicar los protocolos y leyes de protección integral de la infancia y primar el interés superior del menor en todo lo que afecte a derechos fundamentales, especialmente en la lucha contra el sinhogarismo», además de asegurar los suministros básicos en todas las viviendas y detener la presencia de cuerpos policiales antidisturbios en los desahucios con menores o gente vulnerabilizada.

De la misma forma, reclaman «políticas reales» que faciliten el acceso y mantenimiento de vivienda digna y asequible sin discriminación por motivo de raza, religión o nivel económico, como la ampliación del parque público de vivienda hasta alcanzar la media europea.

Para el ámbito educativo, piden dotar de más recursos a los centros para que los equipos educativos «puedan atender de forma eficiente a la realidad educativa, personal y social» del alumnado: «Debemos garantizar la igualdad de oportunidades a todos los niños y jóvenes de la ciudad», terminan.