Un 10% de las asesinadas por violencia machista tiene discapacidad

Un 10% de las mujeres que son asesinadas en España cada año por violencia de género eran personas con discapacidad, según datos de la Fundación CERMI Mujeres. Este colectivo es más vulnerable ante situaciones de violencia machista; sin embargo, las organizaciones dedicadas a la prevención de este tipo de agresiones aseguran que las mujeres con diversidad funcional están invisibilizadas en los programas nacionales y regionales de sensibilización.

El Instituto de Ciencias Políticas y Sociales (ICPS) de la Universidad Autónoma de Barcelona inició un estudio sobre género y diversidad funcional después de que una unidad de los Mossos d’Esquadra les alertara de que, generalmente, este sector poblacional no llega nunca a denunciar.

“En muchos casos las mujeres con discapacidad intelectual desconocen que la situación vivida de violencia es un delito denunciable; en segundo lugar, a pesar de reconocer la gravedad de los hechos, ignoran los medios y fórmulas para ejercer su derecho a denunciar; y en tercer lugar, cuando se llega a formular una denuncia, a menudo se les atribuye a priori una falta de credibilidad totalmente injusta”, apuntan las investigadoras del ICPS.

La Ley Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género aprobada en 2004 asumía que todos los recursos facilitados por las instituciones públicas debían ser accesibles para todas las mujeres. Sin embargo, la portavoz de CERMI Mujeres, Isabel Caballero, considera que no se está cumpliendo la normativa ya que no existe coherencia entre el derecho vigente y la experiencia diaria de este colectivo. Asimismo también aseguran que “no hay una estrategia europea, ni tampoco española que afronte con seriedad esta realidad oculta”.

CERMI Mujeres está coordinando proyectos de mediación dirigidos a profesionales del Cuerpo Nacional de Policía, de la sanidad y trabajadores sociales. “Ahí ves la realidad”, advierte Caballero. En estos cursos, las formadoras tratan de aportar herramientas a los trabajadores que pueden identificar a víctimas de violencia de género que sufren una discapacidad intelectual. “No saben qué hacer, cómo hablar con ellas, a dónde dirigirse. No tienen información”, añade. “Aprovechamos para indicarles que si una mujer tiene una discapacidad intelectual, hay que realizar las preguntas de varias formas. Por su discapacidad intentan ser muy complacientes y a todo dicen que sí. También les decimos que no se debe juzgar en las preguntas, porque si notan que se les está poniendo en cuestión cambian la versión de los hechos”, señala Caballero.

Estas organizaciones reclaman a la administración que incluyan la discapacidad como uno de los baremos que haya que evaluar en las estadísticas de violencia de género. Por primera vez la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, elaborada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, recogía el año pasado un apartado dedicado a este colectivo.

Según los datos recabados, las mujeres con diversidad funcional reconocida que afirmaban haber sufrido violencia física, sexual o miedo por parte de sus parejas o exparejas representaban un porcentaje del 23,3%, una cifra superior a la de aquellas que no tenían certificado de discapacidad, que es del 15,1%.

La portavoz de CERMI Mujeres considera que el porcentaje real puede ser más alto, ya que no incluyen a las mujeres que no tienen reconocida la minusvalía. “Tampoco hay datos sobre las consecuencias de esa violencia que han sufrido, hay casos en los que les han provocado una discapacidad física, pero sobre todo les genera problemas de salud mental. Y no solo les sucede a las mujeres, también a los menores. Pueden nacer con diversidad funcional debido a los malos tratos que han sufrido las madres durante el embarazo”, finaliza Caballero.