Repensar la vivienda pública

Este artículo forma parte del dossier de #LaMarea104, dedicado a la vivienda social. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para recibirla y apoyar el periodismo independiente.

“Deja la casa y hazte arquitecto a ver si las haces mejor”. Con una cámara de TVE a escasos palmos de su cara, Francisco Javier Sáenz de Oiza perdía la paciencia frente a uno de los nuevos vecinos de El Ruedo, el edificio de viviendas sociales que él había diseñado en el barrio madrileño de Moratalaz y que empezaba a habitarse a principios de los 90. La enorme mole de ladrillo visto con forma helicoidal, compuesta por 350 pisos, a algunos les recordaba a una plaza de toros –de ahí su nombre–; a otros les parecía una cárcel; y una parte de los nuevos moradores se quejaban de que las curvas del edificio les impedían aprovechar el espacio de manera eficiente.

Durante las últimas tres décadas, el Estado había liderado la construcción de vivienda en España, una parte de ella reservada para realojar a las miles de familias que, por aquellos años, todavía vivían en chabolas. El Ruedo, promovido por el Instituto de la Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, ganó el Premio de Arquitectura y Urbanismo del consistorio a pesar de las amargas quejas del vecindario.

Para el arquitecto y doctor Sete Álvarez, uno de los grandes problemas de las intervenciones sociales de las últimas décadas del siglo XX fue tratar de aplicar teorías urbanísticas contemporáneas a unas viviendas que estaban dirigidas a personas con modos de vida muy diferentes: “Había gente con un estilo de vida nómada u otras muy ligadas al sector agropecuario que se encuentran con que, por ejemplo, ahí no pueden tener a sus animales. Había una desconexión enorme entre el modo de habitar de los usuarios y el modelo habitacional que se les proponía”, explica Álvarez.

Hoy han cambiado los hábitos. Pero España se sitúa a la cola en este tipo de inmuebles, es decir, aquellos que se ofrecen a un precio por debajo del de mercado, ya sea a través de administraciones públicas o de otro tipo de organización: apenas supone el 2,5% del parque total –frente al 9,3% de la media europea–. Solo Portugal, Croacia, Estonia y Rumanía tienen peores cifras. Esto significa que España cuenta con 450.000 viviendas sociales, y se calcula que, de ellas, en torno a 290.000 son públicas, según los especialistas consultados, que aseguran que no hay una cifra oficial. En el último año, entre julio de 2023 y septiembre de 2024, el parque de vivienda estatal solo ha sumado 244 nuevos inmuebles, un dato insignificante.

Ángela y su pareja residen en una de las 24 viviendas que el Ayuntamiento de Madrid entregó en el distrito de Carabanchel en 2023 como parte del Plan ReViVa, cuyo objetivo es “recuperar las viviendas vacías que miles de propietarios tienen en desuso y aumentar así la oferta destinada al alquiler”. El estudio es pequeño y no llega a los 40 metros cuadrados: una estancia principal que hace las veces de salón y dormitorio, cocina, baño y un patio de buen tamaño. Por todo ello pagan 473 euros: “No creemos que sea barato. Simplemente es el precio máximo que debería valer un piso así”, explica ella, que asegura haber estado pagando 650 euros por una vivienda todavía más pequeña situada a escasos metros.

Su relación con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) es tortuosa y denuncian la tardanza en recibir respuesta cuando surge algún problema: “Llevábamos desde que entramos en el piso avisándoles de que las puertas del armario tenían un problema y ayer se nos cayeron. Suerte que no estábamos durmiendo porque se nos habrían caído justo en la cabeza. En este sentido, son el peor casero que he tenido nunca”, critica Ángela. A pesar de todo, tanto ella como su pareja se sienten privilegiados, aunque añaden muchas comillas al concepto. Solo en Madrid hay más de 40.000 personas en lista de espera para lograr acceder a uno de los 9.000 pisos con los que cuenta la EMVS. Una situación que se repite en el resto de España.

A ello se suma la escalada de precios. En el tercer trimestre del año, han crecido un 8,1% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, el mayor alza en dos años y medio. La bajada de los tipos de interés puede estar detrás del repunte, si bien una parte importante de las compras de pisos se realiza sin hipoteca: entre abril y junio de 2024, más de la mitad de las adquisiciones se llevó a cabo sin necesidad de pedir un préstamo bancario, lo que, según los expertos, muestra el uso especulativo del ladrillo.

Así, según el último CIS, la vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los españoles. Ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o València, con las generaciones más jóvenes a la cabeza, se han manifestado para demandar que la vivienda sea considerada un derecho y no un negocio. Unas marchas en las que también se imbrica una crítica al modelo turístico de algunas de estas localidades, donde los pisos turísticos han ahondado aún más en el problema. Los últimos datos presentados por Càritas Barcelona son otra prueba de la complicada situación: una de cada cuatro personas que viven en municipios de la diócesis sufren algún problema relacionado con la vivienda, entre ellos, “una situación de chabolismo vertical” debido a una política industrial de construcción pequeña y de baja calidad.

Formas de construcción

En este contexto, el Gobierno ha prometido tomar las riendas y liderar la ampliación del parque público de vivienda hasta que un 20% del total esté en manos de las administraciones públicas, según expresó Pedro Sánchez en la Conferencia de Presidentes celebrada a mediados de diciembre. La cifra es extremadamente ambiciosa: para alcanzarlo, las diferentes administraciones tendrían que ampliar sus propiedades en más de tres millones de viviendas.

Para empezar, el Ejecutivo ha anunciado la creación de una empresa pública que se encargue de promover inmuebles a través de la construcción y de la compra y la rehabilitación de viviendas ya existentes, aunque aún se desconocen sus competencias exactas. La Marea ha solicitado una entrevista con la ministra responsable, Isabel Rodríguez, pero, al cierre de esta edición, la petición no había sido atendida. Cabe preguntarse: ¿cómo van a ser todas estas nuevas casas que deben levantarse para alcanzar las cifras prometidas? ¿La vivienda pública tiene que ser barata? ¿Monótona y aislada de las ciudades?

Una generación de arquitectos y urbanistas ha entendido que las necesidades sociales actuales son diversas y su concepción de la vivienda social rompe con los moldes utilizados durante décadas. Este trabajo ha venido acompañado de reconocimientos, como recoge The Guardian en un artículo publicado el pasado noviembre, que pone como ejemplo algunos proyectos de vivienda social construidos en España en los últimos años. Julio Touza define la vivienda social como “el gran motor” que ha orientado su vida profesional. Explica que, entre sus últimos proyectos, ha convencido a la aseguradora AXA para ofrecer en alquiler asequible más de medio millar de pisos situados en dos torres residenciales de 24 plantas ubicadas en Madrid: “Les prometí que yo me encargaba de que les saliesen las cuentas”, asegura.

En sus 50 años de trayectoria, el arquitecto asegura haber diseñado más de 25.000 inmuebles de este tipo a pesar de que reconoce que para los profesionales “de prestigio”, la vivienda social no es un terreno rentable ni económica ni reputacionalmente. “A mí, sin embargo, son los proyectos que más satisfacción me han dado”. El arquitecto sostiene que la vivienda social, además de dar respuesta a las necesidades habitacionales de la sociedad, debe tener una habitabilidad y unos servicios “dignos, suficientes y generosos”, ser sostenible y, por supuesto, evitar el desperdicio energético y tener un coste asumible. Los diferentes especialistas consultados coinciden en señalar un cambio en las necesidades sociales actuales respecto a las de la segunda mitad del siglo XX: “Hace 30, 40 o 50 años se buscaba proveer de vivienda a personas de muy bajos recursos que vivían en lugares marginales, incluso en chabolas. Ahora, la intención es llegar hacia estratos sociales que incluso trabajando no pueden permitirse pagar un piso”, asegura Sete Álvarez.

Asimismo, al igual que cambian las necesidades, cambian las tipologías de usuarios y familias: “Antes, las diferencias entre las viviendas dependían del número de habitaciones. Ahora no podemos conceptualizar de una forma tan cerrada. Ahora hay parejas sin niños, familias monoparentales o monomarentales y, sobre todo, personas que viven solas. A las administraciones les corresponde hacer investigación sociológica antes de construir”, asegura.

Contra la soledad

Evitar la soledad no deseada es una cuestión muy presente en los proyectos arquitectónicos del estudio Peris-Toral. Para Marta Peris, cualquier edificio de vivienda social “debe fomentar las relaciones sociales”, un objetivo que han tratado de conseguir en Modulus Matrix, un bloque de 85 viviendas sociales ubicado en Cornellà de Llobregat (Barcelona). El edificio, encargado por el Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), ha sido galardonado con el Premio Internacional del Royal Institute of British Architects (RIBA). Para acceder a los pisos, hay que pasar por el patio interior del edificio, donde se sitúan las escaleras: “Hay un gradiente de privacidad. Desde la calle, que es el espacio más público, se accede al patio, que ya es un espacio más privativo para los vecinos. De ahí, a las escaleras para subir a cada una de las casas a través de la terraza interior. Todo ese recorrido genera una sensación de comunidad, de poder cruzarte con los vecinos. Esa posibilidad de generar lugares de encuentros te la da la arquitectura”, asegura la arquitecta por teléfono desde su estudio.

“Hay una apuesta por una manera de habitar que se adapta más a las formas de vida contemporáneas, donde no queremos jerarquizar los espacios para que unos sean principales y otros secundarios”, explica. Ante esto, el proyecto elimina los pasillos e iguala los tamaños de las diferentes estancias, lo que genera una interconexión y logra una sensación de mayor amplitud, esencial en la vivienda social, que, en la práctica, suele ser más pequeña.

La arquitecta reconoce que los materiales utilizados para la construcción del edificio –principalmente madera procedente de bosques de Euskadi– suponen un aumento de los costes. Asimismo, la concepción arquitectónica rompe con los moldes históricos, en los que, como sucedía en El Ruedo, la sala de estar se convertía en el elemento nuclear y principal de la casa, mientras que las habitaciones se reducían a meros lugares en los que pasar las horas de sueño. “La gente, sobre todo cuando hablamos de algo tan importante como es la casa, es conservadora y pide lo que conoce. Por eso las administraciones públicas deben jugar un papel de vanguardia y liderar la ruptura de las inercias”, explica Peris.

También Touza apuesta por proyectar espacios de colectivos como salas de comunidad, videoteca, lugares de trabajo compartido e incluso un pequeño gimnasio si el proyecto lo permite: “A las personas hay que dotarlas de un hogar privado, sí, pero también de espacios comunitarios. La vivienda social ya no puede ser solo el pisito y nada más”, sostiene.

El peligro de los guetos

Enviar la vivienda social a la periferia ha sido uno de los recursos más utilizados para dar respuesta a la demanda creciente de casas y, a su vez, uno de los errores más repetidos por parte de las diferentes administraciones públicas. En las afueras de las ciudades se encontraban los suelos más baratos y, de esta forma, también se separaba a quienes podían pagar un piso a precio de mercado de quienes no podían hacerlo. “En muchos casos se eligieron ubicaciones que ya eran marginales para la construcción de enormes bloques que, además de suplir las carencias habitacionales de mucha gente, también eran un negocio muy rentable para grandes constructores”, explica Sete Álvarez.

De esta forma, se levantaron barrios como el de Las Tres Mil Viviendas de Sevilla, encapsulado entre las vías del tren y el río Guadaíra, aislando a los y las nuevas vecinas del resto de la ciudad y convirtiendo la zona en ejemplo de un modelo fallido. Es una de las advertencias que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) lanzó tras el anuncio del Gobierno de su intención de ampliar el parque público de vivienda: “Sería importante tener cuidado para evitar el surgimiento de guetos derivados de la excesiva concentración de viviendas sociales en determinadas zonas”, expuso la organización en uno de sus informes.

Frente a esto, los especialistas coinciden en la necesidad de integrar la vivienda social dentro de las ciudades, incluidas las zonas más céntricas, aunque ello suponga un aumento de los costes. “La gente más humilde también tiene derecho a vivir en el centro. No podemos convertir los centros de las ciudades en lugares solo para turistas”, apunta Álvarez. Así, en la zona antigua de A Coruña, el ayuntamiento de la localidad gallega decidió rehabilitar un edificio ya existente y la construcción de uno nuevo en un pequeño solar anejo. A pesar de las demoras, la obra podría estar terminada a principios de este 2025, lo que permitirá ampliar el parque de vivienda pública de la Empresa Municipal de Vivienda, Servicios y Actividades de la ciudad.

El reto climático

“No es lo mismo hacer vivienda en el norte que en el sur, porque las condiciones climáticas son diferentes. Por ejemplo, en Extremadura o en Andalucía quizá tendría sentido diseñar casas con un zaguán para apaciguar el calor extremo del verano. En Euskadi, eso quizá no sea necesario”, apunta Sete Álvarez, que apuesta por utilizar materiales vernáculos de cada zona para la construcción de vivienda adaptada al terreno y por elementos tradicionales de cada región.

Es una máxima que el Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) ha experimentado a través del proyecto Life reusing posidonia, que explora “técnicas y materiales de la arquitectura tradicional” balear y un “sistema de baja tecnología” para la construcción de vivienda social con el objetivo de reducir un 50% la contaminación de su fabricación, un 50% la producción de residuos de obra y un 75% la energía para calentar o refrigerar: “No solo por cuestión ambiental. Si no porque, de hecho, se vive mucho mejor y cuesta casi lo mismo. Y si esto se repite de forma generalizada, las ciudades serán más amables y agradables”, exponen en su web.

Recursos propios

Esto ha derivado en un proyecto piloto en Formentera para la construcción de 14 viviendas protegidas entre 2008 y 2017 mediante técnicas tradicionales y materiales procedentes de las islas. Así, para el aislamiento térmico, se ha utilizado la posidonia, un alga que solo se encuentra en el mar Mediterráneo: “En vez de invertir en una industria química situada en 1.500 kilómetros, dedicaremos el mismo presupuesto a una mano de obra local poco cualificada, que debe extender la posidonia al sol para secarla, y compactar en los palés, consiguiendo 15 centímetros de aislamiento en cubierta. Además, resulta que la sal del mar actuará como biocida natural, y el producto será completamente ecológico”, explican.

La Real Academia de las Artes de Londres ha otorgado el premio de Arquitectura 2024 a la exdirectora del IBAVI, Cristina Ballester, por su gestión de vivienda social en Baleares durante la legislatura pasada: “Representa una remarcable investigación y producción colectiva de vivienda social con enfoque regional y responsable con el clima realizado entre el 2019 y el 2023”, expuso la organización británica al otorgar el galardón. Ballester cuenta a La Marea que se combinó la apuesta política por aumentar el parque público de vivienda con una apuesta técnica por la utilización de nuevos materiales: “Se entiende que hay que tener en cuenta otras emergencias que conviven con la de la falta de vivienda, como pueden ser la crisis climática o el empobrecimiento energético”, dice la exdirectora del IBAVI, que consiguió aumentar el parque público de vivienda un 75%, pasando de 1.700 inmuebles a 3.000, una gran parte todavía en fase de desarrollo y construcción.

Con el uso del material local se consigue reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, además, fomentar la economía local. Cristina Ballester reconoce que la construcción mediante este tipo de técnicas es más cara, pero se consigue un ahorro posterior: “Si no tienes que poner el aire acondicionado en verano o la calefacción en invierno, acabas compensando el mayor gasto inicial”, asegura. Asimismo, cree que se trata de un punto imprescindible en el caso de viviendas destinadas a personas con bajos recursos: “Si ofreces un alquiler bajo pero luego tienes que gastar más en aclimatar la casa, entonces algo se está haciendo mal”.

Para Marta Peris, comunidades como las Islas Baleares o Catalunya se sitúan en la vanguardia de la vivienda social a nivel arquitectónico, apostando por dar cabida a nuevas formas de habitar: “La crisis de 2008 dejó a muchos arquitectos sin trabajo, pero el parón sirvió para romper con muchas inercias que teníamos aprendidas. Nos ha permitido introducir nuevas preguntas que en otros lugares ya estaban claras pero que aquí todavía no habían surgido. Ahora, poco a poco, sí nos las hacemos”, celebra la arquitecta.

El espejo de la vivienda cooperativa

La Borda es un proyecto cooperativo de vivienda bajo un modelo de cesión de uso, muy extendido en otros países europeos, por el cual la propiedad no es individual sino cooperativa, lo que evita la especulación. El proyecto cuenta con un derecho de superficie por parte del Ayuntamiento de Barcelona, que es el propietario de la parcela. A cambio de un canon anual, La Borda puede hacer uso de dicha superficie durante al menos 75 años. Para ello, la cooperativa está obligada a establecer un máximo de cuota de uso asociada a la vivienda, lo que permite que sean asumibles para rentas más bajas, consiguiendo así una nueva tipología de vivienda social.

Para Eduardo González de Molina, consultor en políticas de vivienda, La Borda es un gran ejemplo de “colaboración público-comunitaria”: “El Ayuntamiento de Barcelona pone el suelo y otorga subvenciones municipales pero la promoción y la gestión de la vivienda las hace la cooperativa”.

El proyecto, que ha conseguido levantar el edificio más alto de España construido con estructura de madera, ha sido galardonado con el Premio al Mejor Desarrollo de Vivienda Colectiva en la categoría de nueva construcción, impulsado por el Instituto de Arquitectura de Euskadi y Arc a Rêve centre d’architecture de Bourdeos. El jurado, presidido por la arquitecta y ganadora del premio Pritzker 2021, Anne Lacaton, ha destacado que se trata de “una cohabitación exitosa entre individuos, vida en común y compromiso público”. Asimismo, remarcan que la introducción del modelo cooperativo como modelo alternativo a la producción de viviendas “debe considerarse una importante contribución a la cuestión de la asequibilidad y la calidad”.

En Madrid, por su parte, la referencia de este modelo de vivienda es Entrepatios, la primera cooperativa ecosocial de vivienda en derecho de uso de la capital. En la actualidad, ya cuenta con dos promociones y con una tercera en busca de asentamiento. El proyecto se asienta sobre tres pilares: uno social, otro medioambiental y, finalmente, un tercer pilar económico. A través de ellos pretenden construir nuevas estructuras sociales, aminorar la huella ecológica de sus promociones y huir de la propiedad privada individual.