2024, el año en el que pagar una vivienda se hizo insoportable

La vivienda está lastrando el desarrollo vital de los españoles y españolas. Es la conclusión a la que llega la última edición del informe La casa a cuestas: la vivienda en datos, un trabajo de Provivienda que radiografía la situación actual a través del análisis de los datos oficiales y de las políticas públicas de vivienda que mayor impacto han tenido durante 2024.

Como en años anteriores, el trabajo señala la falta de vivienda asequible “como uno de los principales problemas estructurales del país”, lo que complica el acceso a un bien básico, sobre todo para personas en situación de vulnerabilidad. Aunque la situación es sostenida, el paso de los años muestra un “agravamiento progresivo” de los indicadores asociados a la exclusión social, lo que deriva en una baja tasa de emancipación de las personas jóvenes, un incremento del sinhogarismo y los desahucios y, además, un aumento de las dificultades económicas de los hogares. Todo ello desemboca, explican desde la organización, “en un deterioro de las condiciones de vida de la población en España”.

Entre las múltiples causas de la escasez de vivienda asequible en España se encuentra, apuntan en el trabajo, “el enfoque de algunas políticas públicas hacia la propiedad, tanto para la compra de inmuebles libres como protegidos”. Figuras como la Vivienda de Protección Oficial en venta “han reducido significativamente el mercado de alquiler” y han favorecido la especulación inmobiliaria, tal y como reconoció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el anuncio de las nuevas medidas que el Ejecutivo impulsará en los próximos meses –entre ellas, la protección permanente de las viviendas que se construyan con fondos públicos–.

El predominio de la propiedad –el 75% de las familias tienen un inmueble– ha creado un mercado de alquiler reducido pero muy rentable para poder especular ante la demanda creciente de los arrendamientos. La situación se agrava si se tiene en cuenta que únicamente el 2,5% del parque se destina a alquileres por debajo del precio de mercado y que la vivienda pública solo representa un 1,6%, mientras que la media en los países de la Unión Europea es del 9,3%. A ello hay que añadir que el 14,41% de las viviendas en España están desocupadas, “lo que reduce aún más la disponibilidad de vivienda y dificulta que se satisfagan las necesidades residenciales existentes”, explican desde Provivienda.

Pese a que todos los organismos competentes coinciden en que el gasto en vivienda no debe superar el 30% del salario, en todas las comunidades se incumple este techo.

Sin embargo, no solo los precios del alquiler están disparados; los de la compraventa tampoco paran de subir. Así, a lo largo de 2024, han experimentado un crecimiento del 7,8% respecto al año anterior. Si echamos la vista solo unos años atrás, la situación es peor: desde 2021, el precio de la vivienda en venta ha aumentado un 24,3%. Aunque los importes más elevados se encuentran en Madrid, Islas Baleares y Catalunya, otras tres comunidades son las que han experimentado el mayor crecimiento en los precios en el último año: Navarra (10,7%), Andalucía (10,6%) y Aragón (10,3), lo que demuestra la generalización de la especulación inmobiliaria en todo el país.

Consecuencias: cuesta vivir

En este contexto de constantes aumentos del precio de la vivienda, más de 5,5 millones de hogares se encuentran en riesgo de exclusión social. A ello se añade la dificultad de los jóvenes para emanciparse. De acuerdo con los últimos datos presentados por el Consejo de la Juventud de España (CJE), solo un 14,8% de los jóvenes consiguen abandonar el hogar familiar y dejar de depender de sus padres, la tasa más baja desde 2006. Desde el CJE lo tienen claro: aunque las subidas del SMI y de la reforma laboral han mejorado los salarios, han resultado insuficientes para paliar las consecuencias del aumento de los precios de la vivienda. Para poder vivir en solitario, una persona joven necesita dedicar más del 100% de su salario.

Estos condicionantes también han derivado en un crecimiento de las personas sin hogar, que han crecido un 25% en la última década. “Hoy, 28.552 personas en España viven sin hogar, lo que supone que, de media, por cada 100.000 habitantes haya 71,3 personas pasando por esta situación”, explican desde Provivienda, que señalan que Andalucía, Euskadi y la Comunidad de Madrid son los territorios en los que se concentran mayores tasas de sinhogarismo.

Los extranjeros, por su parte, son quienes sufren de manera más acusada las consecuencias de la crisis habitacional, ya que representan la mitad de las personas sin hogar. Asimismo, las mujeres también padecen de una forma mayor estos efectos.

Políticas públicas

2024 terminó con el mayor gasto público en vivienda de la historia: 3.482 millones de euros, un 5% más que en 2022 y un 623% más que en 2019, cuando solo se invirtieron 481 millones de euros. Para ponerlo en perspectiva: el pasado año, el Estado invirtió más en políticas de vivienda que en los cinco años comprendidos entre el periodo 2015-2019. No obstante, señalan en el informe, el 80% de los fondos estaban orientados a políticas de rehabilitación.

Los y las autoras del documento apuntan hacia políticas públicas insuficientes, como el Bono Joven de Alquiler, una herramienta que no ha llegado a la mayoría de los solicitantes y que, quienes lo han recibido, lo han hecho con un retraso de año desde su puesta en marcha. Para la convocatoria 2024-2026, además, se ha reducido el presupuesto a la mitad, lo que dificultará todavía más su acceso.

El informe concluye su análisis advirtiendo de que, aunque se han registrado avances puntuales, “el incremento sostenido de los precios de alquiler y compraventa y la falta de un parque de vivienda social y asequible suficiente continúan agudizando la precariedad económica tanto de la población que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad como de las clases medias”. Asimismo, los autores critican que, hasta el momento, las políticas públicas “han resultado insuficientes para abordar eficazmente esta crisis habitacional” por lo que reclaman “respuestas más contundentes que frenen urgentemente las dinámicas especulativas actuales y prioricen la función social que tiene la vivienda”.