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AI denuncia irregularidades en la investigación por las torturas de soldados españoles en Irak
Amnistía Internacinal presenta un informe en el que apunta que investigación llevada a cabo por la justicia militar estuvo repleta de irregularidades.
La secuencia puso a la opinión pública española frente a frente con la realidad oculta de lo ocurrido en Irak. En 2013, un vídeo publicado por el diario El País mostraba a cinco soldados españoles propinando patadas y golpes a dos prisioneros que estaban bajo su custodia en el Centro de Detención en Diwaniya, Irak, en 2004.
Doce años después de la publicación de aquellas imágenes, y después de tener acceso a parte del expediente, incluidos los autos, Amnistía Internacional ha presentado un informe titulado Torturas cometidas por soldados españoles en Irak: 12 años sin justicia, que revela toda una sucesión de graves irregularidades en la investigación militar sobre el caso.
La organización denuncia que la investigación no ha cumplido con las exigencias de exhaustividad contempladas en los estándares internacionales. Por ejemplo, en opinión de AI, se ha descartado sin motivo razonable el testimonio de una persona que vio la grabación original sin pixelar, lo que le permitió reconocer a algunos de los presuntos autores. Además, se han descartado injustificadamente otros elementos de prueba que podrían haber llevado a la identificación de los responsables y no se ha hecho todo los posible por identificar a las víctimas. Estas irregularidades llevaron a que la investigación militar resolviera en septiembre de 2015 sobreseer el caso de forma provisional, incumpliendo así el deber de exhaustividad que contemplan los estándares internacionales.
“Esta es una mancha en el historial del Ejército español», ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. «No se han hecho todos los esfuerzos para identificar a víctimas y responsables de los abusos. Si no se hace justicia, estos actos de tortura planearán sobre la actuación de las tropas españolas”.
Un caso para la justicia ordinaria
Para la organización centrada en la defensa de los derechos humanos, las citadas irregularidades del proceso confirman que este tipo de investigaciones no deben llevarse a cabo en la justicia militar, y que la justicia ordinaria es la más indicada para resolver este proceso. Por ello, AI ha puesto en marcha una campaña dirigida a la Fiscal General para que transfiera la causa a la justicia ordinaria, al tiempo que anima a la ciudadanía a sumarse a ella a través de su centro de activismo online. La petición se sustenta en estándares internacionales: tanto el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas como el Relator Especial sobre la Tortura de Naciones Unidas han señalado que las personas acusadas de tortura no deben ser juzgadas por tribunales militares.
Por otra parte, Amnistía Internacional sigue esperando que las autoridades informen sobre el destino y paradero de las 111 personas detenidas en Irak por las fuerzas españolas, de las cuales 78 habrían sido entregadas a la policía iraquí y 33 al Centro de Confinamiento de la Coalición en Bagdad.
