‘Maricón perdido’ y las malas costumbres del derecho mercantil

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) ha decidido vulnerar el derecho a la libertad y el derecho a la igualdad, en nombre de las buenas costumbres mercantiles, al denegar a una productora el registro del título de una serie española: Maricón perdido.

La serie se la debemos al conocido autor (y adjunto a la dirección de La Marea) Bob Pop (Roberto Enríquez Higueras), quien nos deleitó con su obra autobiográfica estrenada en 2021. Bob se reapropió de una expresión utilizada en la España franquista para insultar a los homosexuales usándola como título en defensa de la igualdad de derechos. Bob Pop es un destacado intelectual español que a través de sus novelas, guiones, obras dramáticas y ensayos ha demostrado llevar adelante una labor reivindicativa y activista LGTBIQ+ de gran calidad literaria y filosófica. Pero esto no le importa a una agencia europea como la Oficina de la Propiedad Intelectual, institución que tiene su sede precisamente en nuestro país, en Alicante.

En una resolución que produce vergüenza ajena, desde el punto de vista jurídico, rechaza la inscripción como marca de Maricón perdido porque la expresión vulnera las buenas costumbres. ¿Y qué son las buenas costumbres, desde el punto de vista jurídico? Ni más ni menos que un concepto jurídico indeterminado que a lo largo de la historia se ha caracterizado por mantener reglas morales, en la mayoría de los casos, superadas en el momento en el que se aplicaba el concepto jurídico.

Hoy en día sigue pasando y para muestra, y sin movernos del ámbito de las marcas comerciales denegadas, la EUIPO ha denegado la inscripción de marcas de todos los países de la UE por atentar a las buenas costumbres, en clara vulneración del ejercicio de la libertad de expresión: la figura del escudo soviético, la expresión «¡Que buenu ye!» HIJOPUTA, o Fack Ju Göhte título de una comedia alemana.

Lo malo es que en este caso no sólo se deniega la marca por un mal entendido significado de lo que debe ser el canon de las buenas costumbres, sino que además se vulnera directamente la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, entre cuyos objetivos se encuentra erradicar situaciones de discriminación para asegurar que los ciudadanos españoles puedan vivir la orientación sexual con plena libertad, garantizar la igualdad y la justicia social y consolidar el cambio de concepción social sobre las personas LGTBI. Entre los derechos reconocidos en la ley se encuentran derechos en el ámbito mercantil como la difusión de buenas prácticas en las empresas para facilitar la inclusión.

Con esta resolución, la EUIPO ignora el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que habilita al Consejo a adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Esperemos que Pedro Sánchez proponga al Consejo alguna declaración contraria a la resolución de esta Oficina, por muy independiente que sea esta agencia europea.

Últimamente está de moda no fundamentar mucho las resoluciones, decisiones o sentencias; pero en este caso la EUIPO sí recoge un argumento: «Que la expresión ‘Maricón perdido’, pese a ser una expresión realizada con ánimo de reapropiación, puede ofender a los ciudadanos consumidores». Convierte la potencial ofensa en un limite de la libre expresión utilizada como reivindicación. Aunque reconoce que la expresión ‘maricón perdido’ es una expresión utilizada en el ejercicio legítimo de la reivindicación de un derecho fundamental al poner en ridículo el insulto utilizado desde la homofobia cultural, le da mayor valor a la homofobia cultural que en la actualidad vuelve a reivindicar la reeducación de los homosexuales.

Proteger a los represores

¿Y por qué ocurre esto? Está claro: porque quienes dictan este tipo de resoluciones consideran que lo de la resignificación no es una reivindicación de un derecho sino una gracia jocosa. Y lo que es más grave, por encima de la reivindicación protegen el sentimiento de ofensa de los sectores reaccionarios que no cumplen con las leyes de igualdad.

Por esa regla de tres deberíamos prohibir que los homosexuales se paseen por las calles cogidos de la mano, se besen o se expresen de forma que ofendan los sentimientos de otros. De hecho, la ofensa de los represores se protege más que la defensa de los derechos en cualquier ámbito: todavía tenemos en España un delito de ofensa a los sentimientos religiosos que ni si quiera se puede decir que no se aplica (que se lo digan a Willy Toledo), todavía no se ha realizado una denuncia pública de los censores del franquismo con la creación artística del país (en la España de los años cincuenta, siendo Ministro de Información y Turismo Gabriel Arias Salgado, se implantó un sistema de censura consistente en eliminar subvenciones; los productores y directores de cine se las ingeniaron para estrenar dos versiones, una en España y otra en el extranjero, para no perder las subvenciones estatales y poder difundir las obras en el extranjero. Ahora estamos al revés, ya me veo a los directivos de la productora de Maricón perdido cambiando el título para su difusión en Europa).

Todavía resuenan en la cabeza de muchos de los que toman decisiones en nombre de todos unos patrones culturales que han sido derribados en nuestras legislaciones después de muchos años de lucha y reivindicación. El subconsciente de los juristas de la EUIPO que han tomado esta decisión sale a flote de forma vergonzosa, al igual que el juez Velasco le dice a Irene Montero, en su condición de cajera de supermercado (y en consecuencia nos lo dice a todas), que no sabemos de consentimiento.

Existe una cosa que se llaman derechos, entre los cuales hay un grupo que cuentan con la máxima protección de tratados internacionales, constituciones y leyes. Y esas son las fuentes del derecho a la luz de las cuales hay que interpretar las buenas costumbres. Igual que hoy no podemos interpretar las buenas costumbres a la luz de las leyes fundamentales del Movimiento, de la ley de vagos y maleantes, de la de represión de la masonería y el comunismo, tampoco podemos otorgar valor a los sentimientos de quienes defienden la homofobia y la discriminación.

Las buenas costumbres deben ser acordes a la ley y, en consecuencia, a la igualdad. Deben proteger la libertad, no el miedo. Deben permitir reivindicar derechos y no consagrar el odio y el castigo.

Y esto también vale para el derecho mercantil, porque los consumidores, que es lo único que preocupa a la EUIPO, somos ciudadanos antes que consumidores, seres humanos antes que defensores de la represión cultural. Verdaderamente, estos juristas de la propiedad industrial y, en consecuencia, del capitalismo, están tan de capa caída que ya no acuden a los criterios de libertad para tapar la desigualdad que el sistema económico produce. Antes el capitalismo convertía grandes obras en marcas comerciales, hoy ni si quiera se atreve.

Menos mal que no se puede registrar como marca al Quijote, dada la cantidad de años que han pasado desde que falleció Cervantes, porque estoy convencida de que si en la EUIPO hubieran podido decidir al respecto, no hubieran admitido la burla irónica de las novelas de caballerías.

Al igual que para los ciudadanos la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, para los juristas que deciden la ignorancia de la ley no exime de su aplicación. Las buenas costumbres nunca pueden ir contra la realidad social de este tiempo que recogen algunas de nuestras leyes que han permitido avances en derechos gracias a las luchas por la igualdad, desde Stonewall, en 1969, hasta las protestas de Act Up en los ochenta; desde las marchas por el orgullo en todo el mundo a la protección jurídica de los miembros de la comunidad LGTBIQ+ en España.

Muchas décadas de luchas que han permitido el reconocimiento legal de derechos no sirven de nada si luego no se aplica el derecho vigente en nombre de unas supuestas buenas costumbres que sólo reflejan criterios reaccionarios en contra de la actual legislación. Así le va a la decadente Europa, que ya ni si quiera sabe aportar nada ni desde el punto de vista del pensamiento liberal, ni desde luego desde los criterios de igualdad. Lo siento, pero en España ha habido un poder legislativo que sí ha aprobado normas que ahora ustedes deben aplicar.

Sofía García-Hortelano Martín-Ampudia es jurista especialista en derechos de autor.