El PSOE registra una proposición de ley para limitar las acciones judiciales abusivas y acabar con el delito de ofensas religiosas

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, venía avisándolo desde hacía semanas: había que poner coto a las organizaciones ultraderechistas que, según decía el ministro de la Presidencia, se encargan de “pervertir la figura de la acusación popular porque están persiguiendo, no delitos, sino personas, a políticos progresistas honrados y a sus familias”. Y esta mañana, el PSOE dará el primer paso para limitar el papel de este tipo de entidades.

Para ello, el Grupo Parlamentario Socialista, según ha avanzado la Cadena SER, registrará en el Congreso de los Diputados una reforma legal con la intención de acotar el papel de las acusaciones populares, que quedará adscrita a la fase de juicio oral y la formulación inicial de la querella. Con esto, el PSOE pretende acabar con la instrumentalización de la figura de la acusación popular, utilizada por parte de este tipo de organizaciones ultras para tener acceso a información privilegiada que, posteriormente, acaba siendo filtrada a medios de comunicación y tabloides afines.

Asimismo, la reforma exigirá que, para personarse como acusación popular, «exista un vínculo concreto, relevante y suficiente» con el proceso penal. Además, prohibirá el uso de esta figura a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos, según el texto desvelado por la SER.

La reforma también contempla que aquellos jueces que hagan manifestaciones en favor de partidos políticos sean apartados con el objetivo de acabar con «la judicialización de la política». Asimismo, y siguiendo con la doctrina marcada por el Tribunal Supremo, se impedirá la apertura de procesos judiciales basados en recortes de prensa, una máxima que el juez Juan Carlos Peinado decidió obviar en el caso que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

Acabar con el delito de ofensas religiosas

Finalmente, la denominada Ley de protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de las acciones judiciales abusivas, que será registrada a lo largo de la mañana, también plantea la eliminación del delito de ofensas religiosas, tal y como ya adelantó el propio Bolaños tras la polémica por el último escándalo desatado tras las campanadas en RTVE: «Se suprime el artículo 525 del Código Penal, el conocido como el de las ofensas a los sentimientos religiosos, un delito donde no se detectan apenas condenas, pero que es empleado por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a artistas, activistas y representantes electos haciéndoles pasar por procesos penales muy costosos a nivel económico y personal», recoge el texto.

El Grupo Parlamentario Socialista sostiene que la reforma es necesaria ante “la aparición de sectores manifiestamente autoritarios que en lugar de buscar un contraste de puntos de vista en base a debates informados buscan la plena exclusión de la vida pública de los que mantienen posiciones contrarias”. Esta proposición de ley, por lo tanto, busca limitar la utilización de estrategias «abiertamente lesivas para los derechos fundamentales de aquellas personas y organizaciones enfrentadas a los sectores antes mencionados» y que han desembocado en «situaciones de acoso contra determinados colectivos, como artistas, activistas, creadores y también representantes políticos».

Esta semana, la revista satírica Mongolia ha anunciado una querella contra la organización de extrema derecha Fundación Española Abogados Cristianos y contra su presidenta, Polonia Castellanos, por un presunto delito de denuncia falsa, castigado con penas de entre seis meses y dos años de prisión. La publicación sostiene que, en los últimos años, la entidad ultra ha aprovechado de forma reiterada los instrumentos del Estado de derecho «con fines intimidatorios contra cualquier expresión de disidencia, especialmente las humorísticas, para imponer por la vía de los hechos su visión de mundo, totalitaria y nacional-católica«. Todo ello, asegura Mongolia en un comunicado, «a pesar de que la Constitución española consagra la libertad de expresión como uno de sus valores fundamentales».