De Austria al paraíso sueco: un recorrido por la vivienda social en Europa

Este artículo forma parte del dossier de #LaMarea104, dedicado a la vivienda social. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para recibirla y apoyar el periodismo independiente.

El acceso a la vivienda también es un problema común en los países de la Unión Europea. Incluso en Austria, tradicionalmente conocido por su apoyo a los planes de vivienda social, los jóvenes tienen dificultades para acceder a alquileres asequibles. Como en otros países, atraviesan dificultades por la subida de los precios (un aumento del 8% de media en 2022) así que para muchos de ellos, sobre todo para los que viven fuera de la capital, cuesta creer que el resto de Estados europeos los vean como un referente en materia de vivienda.

Los datos, sin embargo, dicen que lo son: una de cada cuatro viviendas de Austria es pública, es el segundo país europeo por detrás de Países Bajos con mayor proporción de vivienda social y, además, los precios del alquiler están sostenidos en los casos de las grandes ciudades. No obstante, la situación en el país es muy desigual y, paradójicamente, la capital es una isla de bienestar.

En Viena, unas 220.000 viviendas (un 25% del total) están administradas directamente por la ciudad, y si se suman las viviendas sociales subvencionadas por el Estado pero construidas y gestionadas por cooperativas o asociaciones privadas, el porcentaje asciende a alrededor del 60% del mercado de alquiler. La capital no sólo no ha vendido la vivienda construida tras la Primera Guerra Mundial para dar solución habitacional a la clase trabajadora en el proyecto de la Rot Wien, sino que lo ha ampliado. Eso permite que en 2022 el precio medio de un alquiler en Viena fuese de 666 euros (10,5 euros por metro cuadrado) para los contratos nuevos, mientras que los inquilinos con contratos antiguos, permanentes, de más de 30 años, pagan de media 430 euros.

Cuando llega la presión

Este es el tipo de contrato que tiene el matrimonio Makowska. Viven desde hace 30 años en un piso de 60 metros cuadrados a 15 minutos del Parlamento y del Ayuntamiento, a dos estaciones de la Estación del Este en metro, a dos minutos del tranvía, con todos los servicios al lado y pagan exactamente eso: 430 euros al mes. “Está todo cerca, es perfecto”, dicen en la televisión pública estatal.

Sin embargo, la gran mayoría de sus vecinos han renunciado a los alquileres, cediendo a la presión de la nueva empresa propietaria del edificio, que quería hacer labores de renovación para supuestamente después poder alegar mejoras para subir los precios. Incluso les ofrecieron indemnizaciones por marcharse, primero de 4.000 euros, después de hasta 20.000. Pero ellos se han quedado, a pesar de las obras. Y gracias a su denuncia pública, han conseguido una rebaja en el alquiler mientras duren las reparaciones. Este fenómeno de presión es cada vez más frecuente porque los contratos antiguos son bienes preciados y los promotores inmobiliarios buscan desalojar a quienes los tienen: aunque los precios de las viviendas están limitados, se pueden subir según la localización y, además, hay contratos entre privados que burlan esa limitación. Por lo demás, la ciudad de Viena, un bastión socialista en un país eminentemente conservador, se esfuerza para que los estándares de calidad de los años 20 del siglo pasado perduren y las viviendas públicas se distribuyan por toda la ciudad para evitar guetos y tengan zonas verdes y algunas incluso gimnasios o piscinas.

Fuera de Viena, que aglutina buena parte de la vivienda pública de Austria, la situación es por lo general peor. Thomas Slovik vive en Voralberg, una región turística donde los precios del alquiler no están limitados. Él decidió reformar su casa para alquilar una parte a un precio por debajo del mercado a la hija de su exnovia, una chica de 30 años que quería volver a su pueblo tras estudiar en Graz (la segunda ciudad más grande del país) pero no podía porque no encontraba un alquiler asequible. “Visitó tres pisos distintos y le pedían más de 900 euros. No era viable pagarlo y ella deseaba volver”, relata Slovik.

Los alquileres en Voralberg están entre los más elevados de Austria, debido a la alta demanda y el escaso espacio para nuevas construcciones. Además, la tasa de alquiler en Vorarlberg es del 35%, 40 puntos menos que en Viena. Según los datos de Eurostat, Austria es el segundo país con mayor porcentaje de población viviendo de alquiler, con el 45,8%, por detrás del 50,9% de Alemania.

El caso de Francia

Francia es otro de los países con una mejor situación en lo que a vivienda social respecta. De cada 100 viviendas, 17 se corresponden con esa categoría. Aun así, el modelo tiene grietas, y la demanda supera por mucho la oferta. De hecho, 2,7 millones de familias están a la espera de recibir una casa, con la región de Île-de-France –donde se ubica París– con demoras de hasta diez años para acceder a un piso público. Factores como la disminución en la construcción de viviendas asequibles y la subida del costo de vida han acentuado un problema que lleva décadas gestándose y que se ha disparado con la entrada en juego del alquiler vacacional, al que el Parlamento francés quiere poner coto.

Y lo ha hecho gracias a una iniciativa transpartidista impulsada en la primavera de 2023 por los diputados Annaïg Le Meur (Renacimiento) e Iñaki Echaniz (Partido Socialista) que decidieron, en la primavera de 2023, presentar conjuntamente un proyecto de ley para contener esta ola por la que Francia, lamentan los socialistas, ha pasado de 300.000 a 1,2 millones de viviendas turísticas en ocho años.

Mientras que cada vez más familias necesitan una vivienda social, la construcción ha caído. Si en 2013 se edificaban 120.000 viviendas sociales por año, en 2023 el número fue de aproximadamente 82.000, según la Unión Social de la Vivienda, aunque las cifras superan por mucho lo construido en España: en 2022, solo 7.000.

Francia, cuyo modelo de vivienda social ha sido cuestionado porque ha implicado una estratificación de clases en el tejido urbano, tiene como reto evolucionar hacia un paradigma más inclusivo que fomente la mezcla entre clases sociales, según explican expertos como Irene Arrieta Castillo, arquitecta experta en vivienda social y arquitectura circular, que ensalza, sin embargo, otras iniciativas del modelo francés como su aspiración de transformar su tejido urbano hacia la ‘Ciudad de los 15 minutos’, que persigue que los residentes puedan acceder a todo lo esencial en un cuarto de hora a pie o cinco en bicicleta.

Alemania y el alquiler

El modelo alemán de vivienda social tiene una larga tradición de gestión privada, con asociaciones como las cooperativas, que ofrecen acceso a viviendas de alquiler a precios por debajo de los del mercado, pero cuyos miembros deben convertirse en socios. Según Irene Arrieta Castillo, quien trabaja en un estudio de Berlín, estas entidades permiten “acceder a viviendas a precios justos”, pero enfrentan limitaciones debido a la escasez de parcelas.

Arrieta Castillo también subraya que, tras la caída del muro de Berlín, era común que grupos de gente creasen cooperativas para desarrollar proyectos de vivienda en parcelas públicas, unos proyectos muy interesantes porque permitían adaptar las viviendas a las necesidades de los residentes y hacerlos al mismo tiempo partícipes de la construcción.

A pesar de los obstáculos, Alemania sí que destaca por construir edificios que son “espacios de encuentro entre vecinos y con la ciudad”, una característica que define cada vez más los proyectos contemporáneos. También se incorporan en Alemania otras tendencias actuales en vivienda social que apuntan a la sostenibilidad, con el uso de materiales reciclables y reutilizables, y a la flexibilidad en el diseño para adaptarse a las necesidades cambiantes de las familias.

Señala que esta flexibilidad será crucial en las viviendas sociales del futuro: “En uno de nuestros últimos desarrollos, uno de los requisitos fundamentales fue que los pisos fueran lo más adaptables posibles. La idea es que puedan transformarse fácilmente con el tiempo, por ejemplo, de un piso con dos habitaciones a uno con tres, o viceversa”.

Otra tendencia clave en Alemania es la diversificación de usos, incorporando espacios comunitarios y talleres, por ejemplo, para artistas. Este enfoque busca generar “redes de interacción y participación entre los habitantes”, promoviendo la cohesión social. No obstante, ella cree que muchos proyectos están condicionados por los intereses del mercado y la burocracia, lo que en algunos casos dificulta su implementación.

Sin embargo, aunque Alemania tiene poca vivienda social pública, sí cuenta con un sistema de apoyo bastante extendido, por el que en 2023 más de 1,5 millones de personas recibieron ayudas, además de las que tienen la renta básica. Mientras miles de familias aguardan soluciones, los precios de la vivienda están disparados pese a que ciudades como Berlín los han limitado. La capital alemana, que alguna vez fue un referente de alquileres accesibles, se ha convertido en un ejemplo de las dificultades.

En Berlín los precios de alquiler se han duplicado en una década. La principal economía europea está por debajo de la media: solo un 3,9% de su parque de vivienda se considera social, frente al 9,3 de media comunitaria, aunque, claro está, sigue estando por encima de España (2,5%).
En 2021, el canciller Schölz prometió la construcción de 400.000 nuevas viviendas al año, de las cuales 100.000 iban a ser de carácter social. Los resultados han estado muy por debajo de las expectativas: en 2022 se construyeron apenas 25.000 viviendas sociales; y en 2023, solo 33.000.

Suecia suena a paraíso

Suecia, como en general los países nórdicos, concibe la vivienda social como una herramienta “universalista” que beneficia al conjunto de la población, y está entre los países que más porcentaje del PIB destina a las políticas de vivienda, en concreto más de un 3%. Si en otros países nórdicos como Noruega se prima la propiedad, incluso con préstamos o subvenciones públicas, Suecia o Dinamarca tienen un modelo basado en el alquiler, en el que familias de todo tipo de clases sociales conviven en el mismo edificio y comparten salas comunes, espacios de ocio o reunión, o incluso las lavadoras.

El modelo de Suecia, en el que el 93% de los municipios tiene una empresa pública de vivienda, es hacia el que, según expertos como Arrieta Castillo, debería ir también España, porque integra a todo tipo de grupos, ubica edificios de vivienda pública junto a otros de iniciativa privada y sobre todo se utilizan materiales de alta calidad que tienen un impacto en la eficiencia energética y en la sostenibilidad.

De hecho, la arquitecta experta en construcción circular expone que la accesibilidad económica, la calidad del material, la sostenibilidad y la diversidad en los grupos sociales son los ejes que definen lo que debería ser la vivienda social del siglo XXI.