El PSOE centra su propuesta en la renegociación del déficit y las medidas sociales

El PSOE ha plasmado por escrito su oferta a derecha y a izquierda para formar gobierno. Reformas estructurales para aumentar el crecimiento económico y un nuevo sistema fiscal que eleve los ingresos. Para ello, será necesario negociar con Bruselas la ampliación del plazo para cumplir el objetivo de déficit público: «Que nos conduzca en 2019 a un déficit en el entorno del 1 por ciento del PIB», especifica el Programa para un Gobierno progresista y reformista, que Pedro Sánchez enviará a todos los partidos. «La generosidad y la voluntad de diálogo y acuerdo debemos ofrecerla, y exigirla, de todos los partidos», advierte.

El PSOE sostiene que tomará medidas urgentes para derogar la reforma laboral, para mejorar la calidad del empleo y combatir la precariedad. Para ello, frente al contrato único de Ciudadanos, reducirá a tres las modalidades: un contrato de trabajo indefinido para la cobertura de puestos de trabajo estables; un contrato de trabajo temporal para la cobertura de puestos de trabajo temporales; y un contrato de relevo y para la formación.

Entre las medidas sociales, el documento incluye un plan de emergencia con un ingreso mínimo vital, subida del salario mínimo interprofesional, medidas de lucha contra los desahucios y contra la pobreza energética, que centra la ley 25 presentada por Podemos.

El PSOE propone también la reforma constitucional -la plantea para 2017-, de la justicia, de la ley de partidos y un pacto social, político e institucional contra la violencia de género.

Plantea nuevas políticas para asegurar la participación ciudadana; para erradicar la corrupción; para simplificar la estructura y el funcionamiento de los poderes públicos y hacer de la transparencia norma cotidiana de conducta; para posibilitar en términos reales la presencia de la mujer en todos los espacios de la vida pública y privada en condiciones de igualdad efectiva; para impulsar el papel de España en la Unión Europea y resolver los problemas que las Comunidades Autónomas, y especialmente Cataluña, puedan sentir en cuanto a su participación en el proyecto común y en el reconocimiento efectivo de las singularidades que las caracterizan. Esa es la única mención a Cataluña.