Garoña (también) es un peligro en manos del Gobierno en funciones

Los intereses económicos no pueden anteponerse a la salud de las personas. Con ese argumento, plataformas ciudadanas, organizaciones ecologistas y partidos políticos resumen su postura ante las últimas informaciones sobre una hipotética reapertura de la central nuclear de Garoña. Una petición que ya ha superado las 100.000 firmas en la plataforma change.org y con la que vuelve a la actualidad un debate que muchos consideraban zanjado.

Ubicada en la localidad burgalesa de Santa María de Garoña y operada por Nuclenor -participada al 50% por Endesa e Iberdrola- la central se cerró en 2012 tras 42 ininterrumpidos años de funcionamiento. Ya entonces era la más antigua de España y había sobrepasado las cuatro déacadas de vida útil desde su inauguración en 1970.

Lo que parecía un cierre definitivo no lo fue tanto: la Ley de Economía Sostenible, en vigor desde marzo de 2011, abrió la puerta a que las centrales nucleares funcionen durante más de 40 años. Endesa e Iberdrola intentan, desde la última legislatura, que se le concedan 17 años más de actividad a Garoña, en un proceso insólito -las licencias se conceden de diez en diez años- que quedó inconcluso al llegar las pasadas elecciones generales, y que ahora se trata de acelerar. En diciembre de 2014, un año antes de la última cita con las urnas, PSOE, IU, PNV, Equo, ERC, BNG, Compromís, Amaiur y Nueva Canarias se comprometieron a  impedir la reapertura de la central, que sólo defendió el PP.

«No podemos permitirnos el lujo de prescindir de Garoña», declaró en la reciente inauguración de la Feria Internacional del Turismo (FITUR) el ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, al tiempo que confirmaba que la central «podrá seguir abierta y operando» si cumple con los requisitos que establezca el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

La situación ha servido para unificar las posturas de PSOE y Podemos en el Congreso de los Diputados. A través de sendas proposiciones no de ley, ambos partidos han instado al Gobierno a que cierre y desmantele definitivamente la central. Piden que se deroge el cambio normativo que realizó el Gobierno en la pasada legislatura para que los propietarios de Garoña pudieran solicitar una renovación de la explotación en vez de tener que pedir, como correspondía, una nueva autorización de explotación, lo que hubiera comportado mayores exigencias, como una Declaración de Impacto Ambiental.

Innecesaria y peligrosa

Por su parte, los grupos ecologistas temen que, si Garoña logra los permisos, eso ate de manos al siguiente Gobierno en el caso de que quisiera impedir la reapertura, ya que los propietarios podrían reclamar lucro cesante y exigir que continúe en funcionamiento. «El Gobierno en funciones ya ha demostrado que es totalmente favorable a una hipotética reapertura», apunta Raquel Montón, de Greenpeace, que denuncia «que se utilice este tiempo de descuento del Gobierno en funciones para tratar de conseguir las licencias. Por eso hemos pedido a todos los grupos que se opongan», explica.

Frente a lo que asegura el ministro Soria, en Greenpeace tienen claro que Garoña no es necesaria en absoluto y entraña una serie de riesgos inadmisibles. «Llevamos tres años con ella cerrada, por decisión de su propio operador, y a este país no le ha pasado nada. Es por eso por lo que no se entienden las prisas, más allá de la intención de abrir las arcas de la hacienda pública para llevar los fondos a las dos grandes eléctricas de este país», concluye Montón.