La PAH examina a los alcaldes del cambio en materia de desahucios

Si hubo una promesa electoral clave en la victoria de las candidaturas ciudadanas que accedieron al poder tras las pasadas elecciones municipales de mayo fue la de acabar de manera urgente con los desahucios. El cambio, personificado en alcaldesas como Manuela Carmena en Madrid, Ada Colau en Barcelona, o José María González Kichi en Cádiz pasaba por terminar con una práctica que, ya en 2013, había sido declarada ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dictaminó entonces que el procedimiento español de ejecución hipotecaria vulnera los derechos fundamentales de las personas afectadas.

Ocho meses después de aquellos plenos de investidura, muchos afectados denuncian que la situación está lejos de haberse solucionado. Y entre algunos de los activistas que celebraron entonces como propia la victoria de las candidaturas de unidad popular, hoy cunde un sentimiento de desánimo.

Desde la PAH de Madrid aseguran que aquella promesa fue, cuanto menos, aventurada por parte de Ahora Madrid. «El Ayuntamiento no tiene competencias para parar un desahucio», explica a La Marea una de las  portavoces de la plataforma en la capital. «Podrá negociar que se haga mejor o peor, pero no pueden suspender una ejecución hipotecaria por vía judicial. Su única competencia atañe a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, y ahí sí que han hecho bien las cosas. Pero decir que se han paralizado los desahucios es una verdad a medias», apunta. Desde la plataforma aseguran que las reuniones de Manuela Carmena con los representantes de los bancos fueron «puramente políticas». «¿Qué les va a exigir a los bancos?», se preguntan.

La PAH de Madrid se muestra muy crítica, asimismo, con organismos municipales de reciente creación como la Oficina de Intermediación Hipotecaria, cuyo cierre han pedido en un comunicado. En su opinión, dicha oficina obstaculiza su labor contra los desahucios y «está perjudicando a miles de familias desamparadas frente a bancos y cajas». La PAH denuncia, asimismo, que en dicha oficina se otorgó la gestión a la corporación notarial, que fue «cómplice necesaria en la estafa hipotecaria por no explicar bien las condiciones de lo que se firmaba. Condiciones como las cláusulas abusivas frente a las que la PAH está haciendo un trabajo brutal».

«Cuando hablamos de desahucios, es importante explicar que éstos se producen por causas diferentes: impagos de hipoteca, ocupaciones o impago de alquileres. Los primeros están prácticamente paralizados en Madrid», subraya Marta Higueras, primera teniente de alcalde y delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid. «En cuanto a ocupaciones, cuando son de tipología delincuencial por parte de personas que no tienen una necesidad real de vivienda, con el consiguiente perjucio para los vecinos, el Ayuntamiento no actúa. Sí lo hace en los casos de ocupaciones por parte de familias en situación de vulnerabilidad, en los que se intenta mediar para proponer una solución. En el caso de los desahucios por impago de alquiler, el Ayuntamiento no tiene capacidad de pararlos. Pero si existen en la vivienda personas ancianos o niños, se lleva a cabo una mediación con la entidad financiera para dar a esos ciudadanos una alternativa habitacional».

Higueras pone en valor el encomiable trabajo realizado por la PAH. «Las plataformas pusieron encima de la mesa el drama de los desahucios, y comparto con ellas su preocupación, pero no las formas», recalca aludiendo al citado comunicado. En ese sentido, valora la labor de la Oficina de Intermediación Hipotecaria que critica la PAH. «La Oficina está llegando a acuerdos con las entidades financieras para que no se eche a la gente de su vivienda», destaca. «Respecto a las críticas vertidas contra la corporación notarial, es posible que en su día fueran parte del problema, pero hoy lo están siendo de la solución y están trabajando por los afectados y los más vulnerables. Cuando una persona se enfrenta a la posibilidad de un desahucio, lo que tiene es fundamentalmente un problema económico. A la hora de mediar, los notarios son los que mejor conocen el tema y los que más posibilidades tienen de conseguir un acuerdo beneficioso para el afectado».

De Cádiz a Barcelona

En Cádiz, la imagen del alcalde de Podemos, José María González ‘Kichi’, tratando infructuosamente de parar un desahucio tan sólo un mes después de tomar las riendas del Ayuntamiento circuló rápidamente por los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Podía realmente lograr que se detuviera aquel desalojo?

«La verdad es que no se le ha vuelto a ver nunca más», lamenta una portavoz de la PAH en Cádiz. «Se firmó un convenio con el decano de los jueces de Cádiz que se ha vendido como el final de los desahucios, pero no es cierto. El decanato se compromete a informar al Ayuntamiento cuándo comienzan los trámites para proceder a un desahucio, para que el consistorio tenga un margen para ofrecer alternativas. Pero eso no significa que no vaya a haber un desahucio. Es una herramienta, pero no es una varita mágica», apostilla. «Nuestra pelea es con los bancos, no con el Ayuntamiento. Estoy segura de que hacen lo que pueden, pero también de que no es suficiente», sentencia.

Uno de sus compañeros de la PAH en la ciudad andaluza lo ve de otra manera. «Kichi hace lo que puede», apunta. «En la PAH no somos de ningún partido, pero se ha notado un cambio importante. La diferencia con el anterior grupo municipal es abismal. Nos trataban con un despotismo absoluto, e incluso nos llegaron a culpar de los desahucios a los propios afectados», recuerda. Para la Plataforma gaditana, la problemática trasciende el ámbito municipal, y la responsabilidad en su solución pasa por la Junta de Andalucía y, especialmente, por el Gobierno central.

En Barcelona, donde la llegada al poder de Ada Colau fue vista por muchos como una victoria de la propia PAH de la que fuera portavoz, los activistas que siguen a pie de calle valoran positivamente los avances en esta materia. En julio, la aprobación en el Parlament de la ILP contra los desahucios desembocó en abrazos a la puerta del consistorio entre la nueva alcaldesa y los representantes de la PAH. Seis meses después, los activistas recuerdan que, pese a que aquel reglamento es «el mejor de la historia», aún queda mucho por hacer, lo que se plasmó en una carta dirigida a Colau en la que aseguraban que no se había hecho «todo lo necesario» para hacer frente a la emergencia habitacional.

«Se ha conseguido la cesión obligatoria de 1.400 viviendas, pero hay unas 2.500», recuerda Carlos Macías, uno de los portavoces de la plataforma en la capital catalana. «Tenemos un grave problema con el precio de los alquileres, que el año pasado subió un 25%, y que representan un porcentaje altísimo de desahucios, más del 70%. Hay que buscar fórmulas para regular el precio del alquiler si no queremos que Barcelona se convierta en una ciudad para ricos».

«Hemos seguido empujando y hemos hecho críticas a la gestión del nuevo Ayuntamiento. Sobre todo, porque los procesos de la administración son lentos», señala Macías. «Pero los avances conseguidos son muy significativos. Y, sobre todo, queda claro que garantizar el derecho a la vivienda es una cuestión de voluntad política. Los pasos que se han dado en Barcelona pueden darse en cualquier otra ciudad».