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El lento avance hacia una España sin tauromaquia
El PACMA considera que las medidas adoptadas por los denominados ayuntamientos del cambio aún son tímidas. Córdoba ha sido la última ciudad en retirar ayudas públicas a las corridas de toros, que generan un rechazo cada vez mayor entre los españoles.
«Los que rechazan los toros lo hacen por ser antiespañoles». La frase, pronunciada por Esperanza Aguirre en 2014, trataba de poner en entredicho los pequeños pasos que se empezaban a dar por aquel entonces contra la tauromaquia, especialmente tras la abolición en Cataluña en 2010.
Las declaraciones de Aguirre, sin embargo, parecían obviar todas y cada una de las encuestas sobre el tema que se han venido realizando en nuestro país. Eso, o que España está llena de antiespañoles. Porque los datos reflejan que, año a año, el número de ciudadanos que afirman tener poco o ningún interés por la llamada fiesta nacional ha ido aumentando, al tiempo que caen en picado los que se consideran aficionados.
En opinión de Silvia Barquero, del Partido Animalista (PACMA), «el desplome de las corridas de toros en España es una evidencia. Las estadísticas muestran un descenso acumulado de más del 36,62% en 10 años, (periodo 2003-2013) según los datos del propio Ministerio de Cultura», explica. «Lo que sí ha crecido son los festejos populares, que entre 2013 y 2014 han pasado de 13.815 a 15.848, festejos que se llevan a cabo en municipios de uno y otro signo. Cabe destacar que dentro de estos festejos populares cabe todo: encierros, sueltas de vacas, correbous y bous al carrer en Valencia», apunta Barquero, cuyo partido, con más de 200.000 votos, llegó a desbancar a UpyD en las últimas elecciones generales. «Se están destinando los toros sobrantes que no se han utilizado para corridas a encierros, en festejos populares que igualmente significan un terrible maltrato para los animales».
A ello se le suma, además, un dato conocido esta misma semana: según la organización World Animal Protection, el 84% de los jóvenes de 16 a 24 años se avergüenza de vivir en un país con toros. La misma encuesta, realizada antes de las pasadas elecciones generales, destaca asimismo que el apoyo a la tauromaquia ha descendido de un 30% a un 19% en los últimos tres años.
Con la toma de poder de las nuevas fuerzas políticas en los llamados ayuntamientos del cambio, el camino hacia el final de la tauromaquia parecía allanarse de manera significativa, dado que la práctica totalidad de las candidaturas ciudadanas llevaban en sus programas medidas claras en esa dirección. Pero no está siendo fácil. Sólo dos meses después de los comicios municipales, la Asociación Internacional de Tauromaquia amenazó con llevar antes los tribunales a cualquier alcalde que tratara de prohibir los toros por “atentado contra un Bien de Interés Cultural”.
Aun así, los cambios han venido. En julio, apenas dos meses después de las elecciones, el Ayuntamiento de Madrid retiró la subvención a la Escuela de Tauromaquia. Una cantidad exigua (61.000 euros), pero cuya eliminación tuvo una potente carga simbólica. Más significativa fue esa retirada de subvenciones en ciudades como A Coruña, donde La Marea Atlántica prácticamente dio la estocada final a la fiesta, que se mantenía exclusivamente gracias a los 91.000 euros anuales que recibía de las arcas públicas. Ese mismo mes, Alicante y Palma de Mallorca se declaraban ‘ciudades antitaurinas’.
La última en sumarse a esta corriente, para algunos imparable, ha sido Córdoba. El Ayuntamiento andaluz, gobernado por el PSOE e IU con el apoyo de Ganemos, la marca local de Podemos, acaba de aprobar una moción para hacer de Córdoba una ciudad libre de maltrato animal, lo que incluye la «no financiación municipal a espectáculos públicos con animales». La medida afecta a una corrida benéfica que celebra anualmente la Asociación contra el Cáncer. La decisión desató un encendido debate en el pleno, donde el concejal del PP y torero retirado José Luis Moreno aseveró que «la tauromaquia no es maltrato. Esa lucha entre la fuerza de un animal y el ingenio de un hombre es arte».
En estado vegetativo
Los activistas antitaurinos se muestran esperanzados ante lo que ven como un camino sin retorno. «La situación actual sobre la tauromaquia y los ayuntamientos del cambio son un triunfo de la democracia y la moral», apunta Leonardo Anselmi, director de la Fundación Franz Weber y portavoz de la plataforma PROU, muy activa durante el debate sobre la abolición en Cataluña. «Los gobiernos de confluencia llegaron para recuperar el tiempo perdido no sólo por los toros, los caballos, los niños adoctrinados y el propio movimiento animalista, sino por la propia democracia, vulnerada al condenar a los ciudadanos y ciudadanas a mantener encendido, desde el erario público, el respirador automático que mantenía con vida al cuerpo en estado vegetativo que hoy conocemos como tauromaquia. Sin las enormes y millonarias subvenciones y favores políticos, especialmente en las últimas dos o tres décadas, no habría habido corridas de toros ni festejos populares nunca más», sentencia Anselmi.
Aunque el camino hacia la abolición total sea lento, Anselmi reconoce que los movimientos de los ayuntamientos del cambio van en la buena dirección. «Hemos tenido más avances en medio año que en medio siglo. Y eso se lo debemos a tres actores: el movimiento social con las ONG y agrupaciones, la sociedad civil que apoya mayoritariamente esta idea y los gobiernos que se atrevieron a romper la hegemonía amiguista del lobby taurino».
El PACMA, sin embargo, no se muestra tan optimista ni satisfecho con las medidas adoptadas por estos ayuntamientos, a las que califica de «tímidas» y «muy cómodas para los partidos que las llevan a cabo». «Hay propuestas realmente relevantes y necesarias, que requieren de un compromiso que estos partidos no están dispuestos a asumir», destaca Barquero. «En Madrid, sin ir más lejos, se seguirá celebrando la feria taurina más importante, San Isidro, ya que Carmena ha manifestado públicamente que la respetará, como también seguirá permitiendo la Feria de Invierno de la plaza de toros de Vistalegre, de titularidad municipal».