¿Por qué es tan importante eliminar las tres alturas?

En las próximas fechas desaparecerá una de las normas urbanísticas que más daño han hecho a Madrid y, por asimilación, a toda España: un artículo introducido en 2007 en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid que inicialmente dice que “no podrá edificarse con una altura superior a tres plantas más ático”. El grupo parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha presentado una Propuesta de Ley para derogarla por Procedimiento de urgencia. Como veremos, los efectos que ha tenido en la periferia de las grandes ciudades de la región, y muy especialmente de la capital han sido devastadores.

La medida se implantó por decisión personal de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. La oposición estaba alucinada y los técnicos de la Comunidad aterrorizados porque sabían lo que significaba, pero en su gobierno nadie le llevó la contraria.

Unos meses antes, un grupo de arquitectos que habíamos ganado una serie de concursos en Madrid, estábamos presentando los proyectos. En el interior de una carpa, los planos estaban dispuestos sobre caballetes en fila india, cada uno con su arquitecto al lado. Entró la lideresa acompañada del consejero de Ordenación del Territorio y del director del IVIMA (la empresa pública de vivienda de la Comunidad de Madrid). En voz alta dijo que todo aquello no le gustaba nada y que el gobierno de Madrid debía procurar que los habitantes de la región vivieran en otro tipo de casas, bajitas, con su jardín y con muchas zonas verdes. “Vamos, como las de esa serie americana que están poniendo en televisión”. Los dos altos cargos asentían con la cabeza diciendo sin dudar “sí presidenta”. Se refería a Mujeres desesperadas, en la que las protagonistas eran unas vecinas que vivían en torno a un fondo de saco en lujosas casas, con inmaculados jardines y árboles por todos lados. No dábamos crédito. Yo debía de tener los ojos como platos y, como por orden alfabético era el primero de la fila, me preguntó a mí: “¿A ti qué te parece?”. Le contesté que aquello sería posible en Estados Unidos, donde tienen mucho más espacio, mucha más agua para regar y muchísimo más dinero para pagar las infraestructuras que se necesitan para vivir así, pero en Madrid no nos lo podemos permitir. Es insostenible. “Os ha dado fuerte a los arquitectos con eso de la sostenibilidad”, contestó.

Al poco tiempo, en una de las Leyes Omnibus anuales -en las que entra de todo-, que ese año se llamó “de medidas urgentes de modernización del gobierno y la administración”, apareció la limitación de alturas. No obstante, la Comunidad de Madrid disponía de un comodín que, de hecho, abría las puertas a la discrecionalidad y a la corrupción pues se admitirían “edificios singulares con una altura superior” cuando concurrieran “circunstancias especiales debidamente motivadas”. Es decir, Esperanza Aguirre y su equipo, en un contexto de transparencia cero, tenían la potestad de decidir qué edificios podrían saltarse la norma atendiendo a esas “circunstancias especiales”.

La campaña que se orquestó desde el poder para “vender” la medida fue un modelo de populismo. Apeló sin pudor a las ilusiones de las personas. Era grotesco escuchar a la Sra. Aguirre contrapreguntando “¿Dónde le gustaría vivir a usted, en una casita con jardín o en un bloque de pisos?”. El Príncipe Carlos de Inglaterra, azote de la arquitectura moderna, no lo hubiera hecho mejor. Con gran desconocimiento de la historia e ignorancia de lo que es una ciudad, Aguirre y Antonio Beteta, entonces portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, descalificaron todo lo que no fuera la bucólica forma de vivienda que nos acababan de imponer, con el demagógico adjetivo de “colmenas socialistas”. Hace solo unos días las llamó “cajas de cerillas”. Algo hemos avanzado.

Se puede pensar que la Comunidad de Madrid cedió al capricho de su presidenta aunque hubiera que  rehacer todo el planeamiento urbanístico en curso, pero no cometamos ese error. No se trataba de una ocurrencia. Detrás había un afinado cálculo electoral. Los sociólogos y los antropólogos urbanos saben que en España el sentimiento de propiedad y la identificación con el trozo de tierra del que se es dueño es directamente proporcional al voto conservador. Dicho voto es mayor en las viviendas de ático y de planta baja con jardín privado de un edificio de viviendas colectivas que en las de las plantas intermedias. Mayor aún en los condominios de tres alturas con piscina y jardín en régimen de copropiedad. Muy superior en los chalets adosados y no digamos en las casas con parcela independiente. Ni que hablar de las grandes fincas.

La norma, desde su origen, iba en contra de todo el urbanismo actual. Ignora por completo el medio ambiente. Consume una gran cantidad de ese bien escaso que es el suelo. La exigua densidad a que da lugar hace que el ratio de infraestructuras por habitante sea desproporcionado. Requiere un enorme consumo de agua, pues no se busca el campo ni el espacio abierto, sino el jardín privado de los condominios. Fomenta el uso del automóvil privado, incluso varios por familia, pues cualquier sitio al que se vaya está demasiado lejos para ir andando. Y así hasta agotar los argumentos sobre la insostenibilidad económica y medioambiental de la medida.

Pero el efecto más devastador ha sido su insostenibilidad social. Los barrios con mayor poder adquisitivo de las periferias urbanas han crecido fundamentalmente a base de condominios cerrados. En su interior sólo hay viviendas, piscinas y jardines. En un sector del barrio hay uno o dos edificios bajitos con oficinas, despachos profesionales, algún comercio y varios restaurantes. Allí se concentra la actividad del barrio. Es el lugar de encuentros de los vecinos. En el resto del barrio la nada. En las calles sólo hay vallas y setos. Más allá aparece el gran centro comercial, y al fondo el polígono industrial o el parque empresarial, en los que los precios de los alquileres son carísimos. Y parkings, muchos parkings. Es la ciudad sectorizada, la no-ciudad.

Reinterpretación “first class” del Corner store (La tienda de la esquina)

Se han reducido a la mínima expresión -o directamente han desaparecido- los edificios de usos mixtos. Aquellos en los que hay comercios y restaurantes en planta de calle, oficinas en planta primera y viviendas en el resto. Los que hacen ciudad. Desaparece ese concepto urbano integrador llamado “Economía de proximidad”, que permite vivir cerca del trabajo, utilizar la bicicleta o el transporte público y prescindir del coche, de su contaminación y sus gastos derivados.

El modelo que nos impuso Aguirre es sumamente clasista. Penaliza el emprendimiento. Basa la actividad comercial en grandes superficies y concentra los pocos locales comerciales en pequeños edificios exclusivos, encareciendo el precio de su alquiler enormemente y eliminando la necesaria competencia que debe darse en una economía de mercado sana. Es lo opuesto a la igualdad de oportunidades. Ha sido concebido para utilizar el coche que los jóvenes no se pueden comprar.

Aunque lo que nos venga a la mente sean las grandes operaciones, como Chamartín, o Mahou-Calderón, la aplicación de la norma a lo largo de toda la Comunidad de Madrid ha hecho inviables numerosas propuestas, desde operaciones de vivienda protegida a regeneraciones de barrios degradados. En ellas la edificabilidad permitida hubo de repartirse en pequeños bloquecitos, cuyo costo total resultaba bastante mayor que si se hubiera concentrado en menos y mayores edificios. Porque si en los barrios caros de la periferia se busca la exclusividad, y ésta generalmente va relacionada con las bajas alturas y la frondosidad del jardín, en las zonas más humildes no se pueden perder viviendas. Y no se perdieron. Se colmataron los espacios libres con más y más edificios bajitos y lo que se ha terminado perdiendo en los nuevos desarrollos ha sido el espacio público urbano. El espacio de relación. El espacio de todos, aunque… ¿para qué se necesita si puedes charlar con el vecino tranquilamente en los cafés del centro comercial o en los pasillos del Carrefour?

Las principales operaciones de vivienda social en la Comunidad de Madrid se han visto sistemáticamente martilleadas por la medida. Grandes barrios como Tempranales en San Sebastián de los Reyes, Los Molinos en Getafe o Soto del Henares en Torrejón han sufrido sus consecuencias. Para Alcorcón es dramático que sus dos principales líneas de proyección urbana -Alcorcón Norte y la Operación Campamento, que comparte con la ciudad de Madrid- sigan en punto muerto. Evidentemente la altura no es el único motivo urbanístico, pero constituye un grave problema que todo lo complica.

La señora Aguirre se ratificó hace escasos días diciendo “no entender que tengamos que vivir en cajas de cerillas para no gastar suelo”. Seguramente le traerán sin cuidado estos argumentos. Sin embargo tal vez preste atención a este otro: La Unión Europea pretende para 2020 reducir el 20% del consumo y generar el 20% menos de emisiones. Para ello proporciona financiación a las administraciones locales para que apliquen políticas de energía sostenible. Tengamos en cuenta que en torno al 70% del consumo energético y de las emisiones de Co2 está asociado con la actividad urbana.

Veamos estos dos gráficos: el primero muestra el consumo de energía en el conjunto de España según datos de la OCDE. En él la suma del consumo de energía en [viviendas + comercios] es el 30%, y el transporte el 35%. De éste la cuarta parte es improductivo: se gasta en desplazamientos.

Fuente: OCDE (Environmental performance reviews, Spain 2015)

El segundo gráfico se refiere al municipio de Madrid. El consumo de energía en [viviendas + comercios] ¡supera el 52%! mientras el transporte rodado es casi el 30%. Considerando estrictamente la ciudad de Madrid está claro que los desplazamientos en automóvil privado se disparan. Es decir, el urbanismo extendido, ese que le gustaba a la señora Aguirre en la serie de televisión, es el responsable de este exceso de consumo y emisiones.

Fuente: Ayuntamiento de Madrid (PCCH 2020)

Además tiene difícil solución. Es mucho más sencillo implantar medidas bioclimáticas en edificios de vivienda colectiva -paneles solares, calderas de microgeneración, fachadas ventiladas, cubiertas vegetales y un largo etcétera)- que en hileras de chalets o pequeños edificios en condominio. El resultado es que obtendremos menos financiación europea.

Igual que el artículo de la Ley del suelo de 2007 no suponía reducir la edificabilidad al bajar las alturas, su derogación no supondrá incrementarla, sino redistribuirla y concentrarla en edificios más altos -como era antes- para ganar espacio libre. Es una medida acertada, imprescindible, junto al replanteamiento integral de la movilidad urbana, para alcanzar el gran reto al que nos estamos enfrentando: conseguir que las ciudades sean competitivas y no pierdan el tren de la sostenibilidad -social, económica y medioambiental- en el que está embarcada toda Europa.