Los ‘influencers’ también estarán obligados a rectificar si publican informaciones falsas

El Gobierno está preparando una nueva ley que obligará a los influencers a rectificar si publican informaciones falsas. Es decir, aquellos usuarios relevantes de redes sociales que tienen más de 100.000 seguidores en una única plataforma o más de 200.000 en el conjunto de sus redes también estarán sujetos al derecho de cualquier ciudadano a rectificación.

El Consejo de Ministros ha analizado el anteproyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación, que forma parte del Plan de Acción por la Democracia que impulsa el Gobierno y que tiene como objetivo reforzar tanto el derecho a la información veraz como el derecho al honor. Según el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la norma afectará a los medios de comunicación tradicionales y a los medios digitales y plataformas en línea que difunden información, además de a los citados influencers.

Bolaños ha destacado la necesidad de actualizar una ley que data de 1984: «Queremos promover una mayor calidad en el debate público. Queremos facilitar y garantizar el derecho a la rectificación de los ciudadanos cuando se vean afectados por una información que sea falsa, sea inexacta o sea un bulo, es decir, que sea una mentira».

Además, la norma favorecerá que los medios de comunicación «amplifiquen las buenas prácticas a otros que, con demasiada frecuencia, publican hechos e informaciones que son inexactas o que son directamente falsas», ha remarcado Bolaños.

Novedades en la futura ley

La futura ley contempla las nuevas formas de información y de comunicación e introduce ajustes para facilitar y agilizar el derecho a rectificación. «Agilizamos procedimientos, nos adaptamos a la realidad actual y regulamos expresamente los entornos digitales y las plataformas digitales que hoy dan información y difunden información», ha reiterado el ministro.

Sobre los influencers, el ministro ha argumentado que estas personas difunden informaciones que se propagan más ampliamente que las de muchos medios tradicionales, y ha mantenido que «hay profesionales del bulo y de la mentira que todos los días enfangan el debate público con mentiras y con falsedades«. Los ciudadanos también podrán ejercer el derecho de rectificación contra ellos.

La norma recoge que los medios de comunicación y plataformas deberán establecer un mecanismo fácilmente accesible para falicitar el ejercicio del derecho de rectificación. También establece en qué términos y plazo se difundirá la rectificación, que se hará de forma íntegra y con una relevancia similar a la de la publicación original. Además, fija la obligación de avisar de que la información ha sido rectificada en plataformas y medios digitales y de enlazar la rectificación y el texto original.

La norma agilizará el procedimiento judicial en el caso de que el derecho a la rectificación no sea satisfecho. El ministro ha resaltado que «se suprime el requisito de la contestación por escrito de la demanda, de tal manera que los trámites del juicio verbal continuarán y podrá ser mucho más rápida la sentencia judicial».

Bolaños también ha avanzado que la norma amplía el plazo para presentar la solicitud de rectificación. La ley vigente establece 7 días, el anteproyecto lo fija en 10 días. Además, la ley actual exige que la remisión del escrito de rectificación vaya dirigida necesariamente al director del medio de comunicación; ese requisito en la futura ley será potestativo porque, según ha apuntado el ministro, hay seudomedios de comunicación en los que es difícil identificar quién es el director.

El texto también amplía las personas legitimadas para poder ejercer el derecho a la rectificación, de tal manera que las personas cercanas a ciudadanos fallecidos sobre los que se difundan noticias falsas podrán solicitarla y no sólo sus herederos.