SOS Guadalquivir

Este mismo es el título de la página web elaborada por la Plataforma Salvemos el Guadalquivir, iniciativa mayoritariamente de mujeres –cuidadoras una vez más–, en la que podemos encontrar una valiosa información sobre los vertidos tóxicos al gran río de Andalucía asociados a la extracción minera localizada en la faja pirítica andaluza. Una extracción por la que el Guadalquivir será “condenado a ser una gran cloaca”. “La Junta de Andalucía –se dice en la portada de esta web– autoriza vertidos de 130.000 millones de litros de aguas altamente tóxicas y venenosas directamente al Estuario del Guadalquivir, procedentes de dos minas: Los Frailes, situada en Aznalcóllar (en su próxima apertura desde el desastre de 1998) y Minas Las Cruces, situadas entre Genera, Salteras y Guilena (ambas en la provincia de Sevilla)”.

Sobre este tema se celebraron en noviembre último unas interesantes jornadas de debate tituladas El Estuario del Guadalquivir, potencialidades económicas y pasivos ambientales, coordinadas por los profesores de la Universidad de Sevilla Félix Talego, David Florido y Jesús Castillo. Tanto para elaborar la citada página web como en el desarrollo de las jornadas se ha utilizado información que usa como una fuente importante los trabajos realizados por Ecologistas en Acción y especialmente Antonio Ramos e Isidoro Albarreal. El artículo que sigue trata de recoger la participación del autor del mismo en las citadas jornadas. 

Un contexto colonial

Para entender lo que está pasando en el Guadalquivir conviene recordar que Andalucía sigue desempeñando la misma función de abastecedora de productos primarios que desempeñaba la Bética Romana de hace más de 2.000 años. 

Con la llegada de la modernidad y el capitalismo, Andalucía formó parte desde muy pronto de las realidades del Sur, poniéndose nuestro suelo y nuestro subsuelo al servicio de las metrópolis del Norte. Con dos diferencias en relación con períodos anteriores. Una, la escala a la que tiene lugar la extracción. En el caso de los sulfuros, de donde se obtienen los metales, está documentado que los extraídos en la minería andaluza desde 1873 representan 70 veces más que los de la minería romana y prerromana. En un año se extrae hoy tres veces más que en toda la antigüedad, de modo que la contaminación existente derivada de la minería “está claramente asociada a la actividad minera iniciada a mediados del siglo XIX”.

La otra diferencia en relación con la situación de la Bética Romana es que hoy este papel de sirvienta que Andalucía viene jugando en relación con las economías del Norte marca de una manera fundamental las condiciones en las que aquí la vida se desenvuelve. En todos los ámbitos. No sólo nos instala en la pobreza y la subalternidad en lo económico y en la subordinación política, sino que la modernidad y el capitalismo han incluido en el paquete de la dominación de los pueblos del Sur la inferiorización y la utilización de su ámbito cultural en el sentido antropológico; la cultura como manera de entender la vida y de vivir de un pueblo.

En lo que va de siglo, la extracción de materiales y energía a escala mundial se ha multiplicado por dos. Un aumento estimulado por la financiarización de la economía, y asociado en gran medida a los requerimientos de la supuesta “transición hacia energías renovables” y la digitalización, dos nuevas fronteras para la acumulación de capital. Como resultado tenemos una nueva ofensiva del extractivismo minero, que ha venido siendo uno de los instrumentos esenciales de la dominación y el colonialismo sobre los pueblos del Sur. Esta reactivación ha vuelto a poner el subsuelo andaluz como objeto del deseo de las grandes multinacionales de la minería, de manera que aquí se extrae hoy más del 90% de los minerales metálicos extraídos dentro del Estado español. En esta minería metálica el proceso de oxidación de los sulfuros, en presencia de agua, genera un lixiviado ácido con elevadas concentraciones de metales tóxicos, metaloides y sulfatos que la convierten en la extracción minera ambientalmente más agresiva. 

Un rasgo estructural

En este contexto hay que situar los vertidos tóxicos al Estuario del Guadalquivir. Un contexto en el que nos encontramos con un rasgo característico, con uno de los componentes estructurales del modelo del extractivismo andaluz: el claro y permanente alineamiento de todos los gobiernos (centrales, autonómicos y locales) con los intereses de las compañías y en contra de los intereses generales de la población andaluza.

Una amplia casuística puede testificar la permanencia de esta connivencia entre sistema político y poder económico a lo largo de toda la historia contemporánea de Andalucía. Como ejemplo paradigmático en el siglo XIX bastaría citar el caso de Río Tinto, donde esta complicidad llegó a su culmen en el llamado “año de los tiros”, 1888, cuando la Río Tinto Company, “La Compañía”, sinónimo del poder establecido y dueña de la vida de la comarca, utilizaba el sistema de calcinación al aire libre, generando hasta 600 toneladas diarias de humos sulfurosos que inundaban toda la comarca y resultaban letales para la vida de un entorno que llegó a conocerse como “el valle de Lucifer”. 

El 4 de febrero de ese año, la movilización de miles de campesinos y mineros planteando reivindicaciones sociales y ambientales dio lugar a una brutal represión. Un Regimiento del ejército, el de Pavía, abrió fuego sobre los manifestantes congregados en la plaza del ayuntamiento provocando una masacre de la que “La Compañía” reconoció 48 muertos; en el Congreso se habló de más de 200. Una tragedia que se saldó con la más absoluta impunidad para sus responsables. El destino de los cuerpos de los fallecidos hoy sigue siendo una incógnita. Las calcinaciones al aire libre, declaradas por el gobierno español de Utilidad Pública en 1880, no desaparecieron hasta 1907, cuando apareció un nuevo sistema que resultaba más rentable para “La Compañía”. 

Más reciente fue el desastre de Aznalcóllar, ocurrido en 1998, en la mina Los Frailes, explotada entonces por la compañía sueca Bolidén. Una catástrofe en la que el colapso de la balsa supuso un vertido de lodos altamente tóxicos en una cantidad más de 70 veces mayor que la de los vertidos del Prestige, recorriendo más de 60 km por la cuenca del Guadiamar e inundando una superficie de 4.600 hectáreas. Unos lodos que en su gran mayoría siguen hoy enterrados en la zona, con las consiguientes filtraciones y extensión de la contaminación que eso conlleva.   

Esta fue, como es sabido, una catástrofe anunciada y denunciada varios años antes de su ocurrencia, apareciendo incluso públicamente, en un programa de Canal Sur, la denuncia de Manuel Aguilar, facultativo de minas, sobre las deficiencias de la estructura de la balsa que colapsó y cuyas filtraciones, como se mostraba en el programa dos años y medio antes del desastre, provocaban ya vertidos tóxicos al río Agrio, afluente del Guadiamar. Este caso, en el que todos los gobiernos y todas las administraciones, incluyendo a la Unión Europea, antes y después miraron para otro lado, se ha saldado con absoluta impunidad para los responsables. Bolidén, que no pagó ni siquiera la limpieza del vertido, cuando ocurrió el desastre era en Andalucía la segunda empresa que más subvenciones había recibido en la modalidad de Incentivos Regionales (3.200 millones de pesetas)

Una de las minas responsables del vertido de los 130.000 millones de litros de residuos tóxicos es Cobre Las Cruces, S. A., propiedad de la multinacional canadiense First Quantum Minerals, que ya desde 2009 a 2019 vertió al Guadalquivir, a través de una tubería de 12 kilómetros, más de 10.000 millones de litros de aguas tóxicas contaminadas con metales pesados en una Zona de Especial Conservación localizada en el municipio de La Algaba. La autorización para este vertido fue concedida en 2003 por el entonces director general de Prevención y Calidad Ambiental Juan Espadas, candidato del PSOE a las elecciones a la presidencia de la Junta de Andalucía en 2022 y posible candidato en las próximas. En el mismo lugar del vertido anterior, el nuevo proyecto de Mina Las Cruces, ya autorizado por la Junta de Andalucía, ahora en manos del PP, contempla el vertido en los próximos 14 años de 33.000 millones de litros de aguas tóxicas. 

First Quantum Minerals comenzó su actividad en Las Cruces en 2004, obteniendo de la Junta de Andalucía una concesión para el uso del agua del acuífero Gerena-Posadas, la más importante reserva hidrológica del Área Metropolitana de Sevilla, cuyas masas de agua habían sido declaradas de carácter “estratégico” y reservadas “para el abastecimiento urbano” en el Plan Hidrológico del Guadalquivir de 1998. 

En 2008 la explotación minera fue interrumpida como consecuencia de irregularidades detectadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ordenó la clausura de 20 pozos perforados ilegalmente en el interior de la cota minera cuando la compañía contaba con autorización sólo para tres pozos. Además de esta ilegalidad, se detectó la presencia de contaminación, fundamentalmente por arsénico, en las aguas reinyectadas al acuífero a través del sistema de drenaje y reinyección autorizado por la Junta de Andalucía en 2003 en contra de lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental. La suspensión derivó en una sentencia judicial que declaró a los tres máximos directivos de la compañía culpables de delitos continuados contra el medio ambiente y daños de dominio público. Un año después del cierre, en 2009, Manuel Chaves, presidente entonces de la Junta, autorizó la reapertura de la mina.

Desde entonces, Cobre Las Cruces ha superado en más de cinco veces el uso del agua autorizada, vulnerando sistemáticamente lo establecido en la concesión de 2004. Los informes realizados por el Hidrogeólogo Residente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir desde 2010 hasta 2019 prueban que no ha habido ni un solo día en ese período en que Minas Las Cruces no haya incumplido las autorizaciones vigentes en materia de protección del dominio público hidráulico de aguas subterráneas y por tanto no haya actuado en contra del concepto de utilidad pública que se le presupone. 

Como resultado de esta vulneración sistemática de las normas por parte de Cobre Las Cruces ha disminuido el caudal de los pozos en la zona y empeorado la calidad de las aguas para el consumo humano. Los municipios de Gerena, Guillena y Burguillos se han visto obligados a desconectarse del acuífero del que se abastecían para el consumo de sus poblaciones y a construir infraestructuras pagadas con dinero público para que les llegue agua de otros aprovisionamientos.

Con esta trayectoria a sus espaldas, Cobre Las Cruces se dispone a poner en marcha un proyecto de ampliación de su actividad que en términos de uso de agua supone una ampliación de la cantidad a disponer que estaría entre 8 y 11 veces por encima de la cantidad que tenía cedida para su uso. Como reconoce la compañía minera en su solicitud, este incremento supondría el empeoramiento en cantidad y calidad de dos masas de agua del acuífero, con el consiguiente incumplimiento de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. Ante este inconveniente, la empresa minera ha utilizado como artilugio pedir para el proyecto de ampliación la declaración de Interés Público Superior. Una declaración que permite que el proyecto pueda incumplir los objetivos medioambientales establecidos legalmente en la citada Directiva Marco de la UE. 

La Junta de Andalucía, gobernada por el PP, se ha pronunciado a favor de la consideración de Interés Público Superior del proyecto de Cobres Las Cruces y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Gobierno central en manos de una coalición liderada por el PSOE, ha concedido la autorización definitiva, que estará detrás de esos más de 32.000 de millones de litros de vertidos tóxicos que serían arrojados por parte de Mina Las Cruces al río Guadalquivir en los próximos 14 años.

La otra gran fuente de contaminación, responsable del vertido de 85.520 millones de litros de aguas tóxicas contaminadas con metales pesados en los próximos 18 años será la mina Los Frailes, origen del desastre ecológico de 1998. El concurso de reapertura de la mina puesto en marcha por la Junta de Andalucía ha derivado en una concesión en manos de la empresa Minera Los Frailes, propiedad de la multinacional Grupo México. Una multinacional minera que acumula un largo historial de desastres medioambientales y humanos entre los cuales figura la mayor catástrofe ecológica de la historia de México, ocurrida en 2014: un vertido de millones de litros de sulfato de cobre acidulado al río Sonora que asoló la vida en un área donde habitaban más de 20.000 personas. Diez años después, sus efectos siguen presentes en el territorio afectado. 

El derrame de aguas tóxicas de Los Frailes no se verterá al río Guadiamar, el cauce más cercano, para no someterse a los estándares de vertidos y depuración en los ríos, más exigentes; el vertido se hará mediante una tubería subterránea de 30 km al Estuario del Guadalquivir, en el que, por considerarse dominio público marítimo, las normas medioambientales son más permisivas. Un vertido que se pretende realizar sin que se haya llevado a cabo un estudio adecuado de impactos de la acumulación de tóxicos en los sedimentos y el conjunto de seres vivos en un Estuario que, según estudios científicos publicados, ya sufre un grave daño de contaminación. 

Como se subraya en el texto sobre la mina Los Frailes colgado en la web de la Plataforma Salvemos el Guadalquivir, la legislación vigente sobre concesiones mineras, a diferencia de lo que ocurre en otros países, faculta la donación del patrimonio minero andaluz –legalmente propiedad pública– a las compañías concesionarias, de modo que las multinacionales reciben como “regalo”, literalmente, nuestra riqueza minera sin ningún tipo de canon o contraprestación a cambio. En el sentido de que no hay ningún canon sobre el valor de las cantidades extraídas. A esta apropiación gratuita de nuestro patrimonio natural hay que sumar el importante volumen de subvenciones de dinero público que reciben estas compañías mineras. Subvenciones y ayudas que, como se ha tenido ocasión de comprobar en el caso de Cobre Las Cruces, cubren prácticamente los costes de la mano de obra durante el período de concesión. Un empleo que ha venido siendo la principal coartada utilizada para justificar que la sociedad tenga que asumir los demás costes. 

A todo esto hay que añadir el papel encubridor que juega la economía convencional utilizando relatos y metáforas como la de la producción, un término positivo que se asocia con la creación de riqueza, cuando en el caso de la minería lo que tiene lugar es una extracción y una apropiación de riqueza que ya la naturaleza ha producido. Es una manera de invisibilizar la dominación y el expolio facilitada por una representación de lo económico como una esfera autónoma que se desenvuelve en el universo aislado de los valores monetarios. Como si la economía estuviera separada de lo físico y lo social; como si flotara sin estar anclada a la tierra. De este modo, a través de esta fantasía de la ingravidez, el velo de lo monetario termina ocultando los costes sociales y ecológicos de los procesos económicos.  

¿Desde dónde mirar?

Todas estas razones nos llevan a plantearnos como horizonte que no se trata sólo de reducir los impactos ambientales del extractivismo minero. Conseguir que se materialice la petición unánime que salió de las jornadas de noviembre es indispensable: que previamente al inicio de los vertidos se nombre a un comité de expertos científicos independientes que evalúe en detalle y mediante nuevas investigaciones los posibles impactos socioambientales que los vertidos mineros tendrían en el Estuario del Guadalquivir. Sin embargo, siendo esto necesario, imprescindible, no parece suficiente si tenemos en cuenta que la propia continuidad de este extractivismo en Andalucía significa seguir profundizando en la subalternidad económica, la subordinación política y la inferiorización cultural. 

Se trataría al mismo tiempo de transitar hacia horizontes en los que las formas actuales de dominación, de parasitismo y de destrucción vayan dando paso a nuevas maneras de pensar y de actuar centradas en el cuidado de la vida. Nuevas formas de mirar, de vivir y de comprender el mundo. Esto en lo económico significaría el tránsito hacia nuevas maneras de entender la economía a desarrollar fuera de los circuitos que actualmente devoran “recursos” y personas con el fin de sostener la acumulación de capital, de riqueza y de poder. Una economía al servicio de que la vida pueda prosperar, subordinada a la satisfacción de necesidades definidas colectivamente, al servicio del ser y no del tener. En este contexto la minería que fuera imprescindible sí podría ser sostenible y cumplir condiciones sociales y ecológicas compatibles con la reproducción, el enriquecimiento y el cuidado de la vida.

Parece cada vez más evidente que esta profunda metamorfosis, en consonancia con lo que hoy el mundo necesita, solo puede ser posible a partir de un protagonismo y una implicación colectiva que necesita como condición previa el despertar de las conciencias. Un despertar que permita deconstruir el tejido conceptual que sostiene a la ideología dominante y nos lleve a conocer colectivamente cuáles son los mecanismos que están en la raíz de la situación actual de Andalucía, pero también que nos permita comprender que las relaciones de dominación, predominantes a todos los niveles y en todos los ámbitos, son el resultado de una mirada inconsciente. 

Una mirada que nos identifica con una mente que se considera lo esencial de lo que somos y que desde su sensación de separación, vulnerabilidad e insignificancia confunde su supervivencia con la posesión y con el estar por encima del resto de lo existente. Una visión que no es consciente, como sí lo han sido y lo son muchas tradiciones sapienciales y muchas culturas de un Sur al que Andalucía pertenece, de que nuestro valor no depende de la dominación o del poder ejercido sobre los demás seres, sino de lo que compartimos con ellos: formar parte de una trama de la vida que unifica todo lo existente.

Desde ese sentido profundo de unidad y de igualdad puede pensarse, sentirse e integrarse con naturalidad el respeto por la vida, considerada más grande y por encima de nosotros, y por todas las formas en las que esta vida se encarna. Desde este convencimiento y desde esta conciencia podrá también ser comprendida y naturalizada la trascendencia de un trabajo interior que nos permita asumir en lo profundo una sensibilidad comunitaria desde la que abordar colectivamente los cambios que necesitamos. Como ya proponía Blas Infante hace más de un siglo cuando situaba la espiritualidad como eje esencial de su proyecto político de transformación de Andalucía; una transformación “por sí, pero no para sí”, sino como una forma de amor y compromiso con todos los pueblos del mundo.

Manuel Delgado Cabeza es catedrático de Economía y miembro de Andalucía Viva.