Cuñados vs. académicos: la verdad sobre la renta básica

Este artículo se ha publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

Los debates sobre las cuestiones verdaderamente fundamentales que afectan a nuestra vida suelen regirse por una crítica constante y una tendencia al reduccionismo, la demagogia y la intoxicación. Ahora que se acercan las fiestas navideñas, seguro que muchos de vosotros, lectores, habéis escuchado soluciones concluyentes y definitivas para resolver, con pocos recursos y mucha contundencia, un grave y profundo problema público. Este autoritarismo de sobremesa contrasta a menudo con el tecnicismo de aquellos que realmente pueden proponer soluciones o mejoras; que suelen ser más conscientes de sus propios límites y que se atreven, incluso, a dudar de su propio criterio.

Sin embargo, os adelanto que en este texto intentaré acercarme más al discurso de trazo grueso protagonizado por cuñados de aquí y de allá. Utilizo este punto de partida porque considero que, en términos de lenguaje y en el marco del debate actual, es más útil para agitar conciencias y provocar reacciones. Spoiler: académicos, los cuñados os están ganando.

Renta Básica Universal

Os explico. Mi entorno más inmediato está harto de escucharme plantear una misma idea como solución a la mayoría de problemas sociales que se convierten en materia de debate social; especialmente aquellos que tienen alguna relación con la distribución de la riqueza.

Siempre que alguien dibuja un escenario futuro negativo en clave de políticas sociales, yo hago referencia a lo que, para mí, es el gran elefante en la habitación: la renta básica universal. Es decir, que todos los ciudadanos de nuestro país reciban una asignación económica básica capaz de garantizar un cierto nivel de vida. Una propuesta igual de revolucionaria e integral que la salud universal de nuestro sistema, el acceso garantizado a la educación pública o el derecho a un subsidio por desempleo.

Afortunadamente, esta propuesta no me tiene a mí como único defensor y, de hecho, hay un amplio grupo de académicos, expertos y activistas que llevan décadas trabajando para divulgarla y profundizar en su viabilidad técnica y económica. La Red Renta Básica a nivel estatal o la Basic Income Earth Network han contribuido de manera decidida a hacer más sólida esta propuesta y a hacerla llegar a diferentes públicos y sectores.

Sin su labor no sería posible que esta propuesta hubiera aterrizado en los programas electorales de Esquerra Republicana o la CUP, o que sea defendida en público por referentes del ámbito de Sumar, como la ministra de Sanidad Mónica García.

La oposición

En este sentido, la puesta en marcha del Plan Piloto para la Renta Básica Universal en 2021 parecía sentar las bases para aterrizar en el ámbito de la administración pública una idea revolucionaria. De la mano del método científico, con el apoyo de los activistas y académicos que la habían promovido y con la potencia de la administración de la Generalitat de Cataluña.

Esta experiencia, por razones políticas que conocen mejor sus protagonistas, ha ido descarrilando poco a poco. El Plan Piloto, como tal, ya diseñado y no implementado finalmente, ha sido una fase de ensayo muy interesante donde el movimiento social y la academia han chocado con la lógica político-administrativa. Seguramente, una oportunidad perdida. Tengo la sensación de que hay un interés -no sé por parte de quién- en no conocer los efectos que tendría una renta básica universal. No entiendo, si no, la razón de tanta oposición.

La batalla, sin embargo, continúa. Continúa en los debates informales donde, como decía, mis interlocutores apuntan las graves consecuencias de implementar una propuesta revolucionaria como la que defendemos. Algunos dicen que la renta básica universal haría subir la inflación (¿la prestación por desempleo tiene esa consecuencia?) sin tener demasiados datos.

El coste de la vida, precisamente, ha subido de manera exponencial en los últimos años y la implementación de una medida de estas características paliaría sus efectos negativos. Los que alertan de las consecuencias negativas de la inflación son precisamente aquellos que menos recetas ponen sobre la mesa para minimizarlas. ¿Qué dato utilizan para demostrarlo? Sin planes pilotos y visión comparada; ninguno.

La dignidad humana y la salud mental

Hay quienes prefieren atacar la propuesta de RBU debido a una supuesta incapacidad técnica para llevarla a cabo. Afirman que la Administración no puede hacer frente a ello; en alguna conversación se refieren al financiamiento de la propuesta, mientras que en otros momentos destacan una falta de recursos humanos y medios para garantizar su desarrollo.

La existencia de muchas ayudas públicas condicionadas -o incluso de incentivos fiscales a determinadas actividades- no provoca una polvareda similar. Es más; a menudo los defensores de la renta básica son aquellos que propugnan de manera más consciente reformas fiscales progresivas o reducción de impuestos a productos alimentarios o de primera necesidad.

La renta básica universal requiere un esfuerzo previo para reevaluar las preferencias vitales y la organización de nuestro sistema económico. La dignidad humana y la salud mental deben situarse en el centro de las prioridades de las administraciones. Por ello, sería necesario reformar la mayor parte de ayudas condicionadas, así como incluso el sistema de pensiones o la prestación por desempleo.

Además, tendría una consecuencia evidente: los trabajadores elegirán su trabajo en función de su propio interés, más allá de su necesidad. Y una consecuencia innegablemente positiva: aquellas tareas imprescindibles -en pandemia las llamábamos “trabajadores esenciales”- recibirían mejores remuneraciones.

¿Y los ricos, también la cobrarían? ¡Y tanto! Pero, evidentemente, a final de año tendrían que aportar en función de sus beneficios. Como ya ocurre en la actualidad, pero con un sistema más progresivo, con más tramos y más eficiente, que grave las rentas del trabajo, pero también los beneficios societarios, de manera adecuada.

La vivienda

La crisis de los precios de la vivienda ha puesto de manifiesto la necesidad de que el Estado intervenga. Este no solo debe controlar precios o promover vivienda, sino que debe intentar transformar todo un mercado de especulación que atenta contra la dignidad de las personas.

Es un ejemplo muy evidente de cómo las políticas sociales deben abandonar una voluntad de complementariedad o de salvamento frente a situaciones límite para orientarse hacia las grandes mayorías sociales. Es un nuevo punto de partida, porque la mayoría de las personas (no lo digo yo, lo dice el salario medio en Cataluña) no pueden soportar el incremento del coste de la vida del último lustro.

El aumento sostenido del salario mínimo (que era de 600€ en 2008, mientras que es de 1.134€ en 2024) no ha tenido un impacto decisivo en el salario bruto medio anual, que en Cataluña era de 23.375,54€ en 2008 y que en 2022 ascendía a 28.774,55€. Una diferencia muy pequeña si tenemos en cuenta que, por ejemplo, el precio del alquiler medio en la ciudad de Barcelona era de 813€ en 2008, mientras que en 2023 este se ha disparado hasta los 1.136,40€. A pesar del espectacular crecimiento del salario mínimo, el alquiler medio sigue por encima de este como lo estaba hace casi 20 años.

Intervención social

Es evidente, por tanto, que es necesario repensar a fondo el modelo de intervención social y adoptar una nueva óptica integral; universal, en la línea de la prestación de los servicios de salud o educación, pero dirigida a un sostenimiento vital mínimo.

Si el Estado no lo evita, pronto se crearán dos categorías sociales bien diferenciadas, donde aquellos que puedan heredar bienes (o posiciones sociales y laborales) de sus familias tendrán una ventaja competitiva evidente. El resto de la población, si la brecha no se estrecha, quedará destinada a aceptar cualquier trabajo (o trabajos, en plural) para sobrevivir como trabajadores pobres. Un fenómeno que avanza cada día, incluso dentro de la propia función pública.

No quiero vivir en un país como Andorra, que hace bandera de la baja presión fiscal a costa del trabajo de los trabajadores del sector servicios, que ni siquiera tienen garantizado el derecho a seguir viviendo en el país una vez pierden su puesto de trabajo.

Además, el derecho a asistencia sanitaria se esfuma solo cuatro meses después de perder el trabajo. El Estado español, ante esta situación, prevé que, si un nacional suyo regresa al Estado después de quedarse en el paro, pueda acceder a una prestación por desempleo de nivel contributivo, a un subsidio por desempleo de nivel asistencial, a un subsidio por desempleo para mayores de 52 años o a la renta activa de inserción. Es evidente que hay que proteger a los más débiles, pero al mismo tiempo poner orden en un universo de ayudas diseñado para ser complementario y no garantizado.

En conclusión, se necesitan políticas sociales que realmente tengan un efecto sobre las condiciones de vida de las personas, que ataquen discursivamente el discurso de las paguitas y el mal uso de los recursos públicos. La gestión pública es la única que puede construir una sociedad donde la dignidad humana sea central.