El caso de Juana Rivas vuelve a evidenciar cómo los hijos e hijas siguen sin ser escuchados

«Conozco a mi padre y sé que no es capaz de controlar su impulsividad y su ira. Mi hermano está en gran peligro”, dice el escrito que el hijo mayor de Juana Rivas, que desde 2022 vive con ella, ha enviado a la Fiscalía italiana. El hijo pequeño tiene diez años. El caso se remonta a 2017, cuando esta mujer de Maracena (Granada) se negó a entregar a sus hijos, ambos menores entonces, al padre, Francesco Arcuri, que residía en aquel país. Tras un largo proceso judicial, donde incluso la propia justicia maltrató a la madre, fue condenada. Ahora, siete años después, la Fiscalía italiana ha presentado un escrito de procesamiento contra el exmarido de Rivas como presunto autor de un delito de maltrato a sus hijos. ¿Y ahora qué? Es la pregunta más repetida en las últimas horas tras conocer estos hechos.

Los hijos y las hijas son una parte crucial en la evolución de las legislaciones contra la violencia machista que tardaron en tenerse en cuenta. ¿Quién no se estremeció con el caso de la pequeña Ruth, de seis años, y su hermano José, de dos, asesinados por su padre en Córdoba? Aquel crimen perpetrado por José Bretón ocurrió en 2011. Tuvieron que pasar dos años más, hasta 2013, para que los hijos y las hijas menores de edad víctimas mortales por violencia en la pareja o expareja fueran recogidos en las estadísticas.

Desde entonces y hasta el 29 de noviembre de 2024, ha habido 62 menores de edad víctimas mortales. La última actualización del Ministerio de Igualdad se corresponde con la confirmación del caso por violencia de género de un niño de dos años presuntamente asesinado por la pareja de su
madre en Jaén el 28 de noviembre de 2024.

De 'PorTodas' a María Salmerón

En 2014, el año de investigación del proyecto PorTodas –impulsado por La Marea– fueron asesinados cuatro menores: un niño y tres niñas. Dos de las fallecidas tenían nueve años, otra contaba con siete años, mientras que el niño no llegaba a los dos años de edad. Dos víctimas eran españolas y las otras dos de América Latina. En tres de los cuatro casos, el autor de los hechos era el padre de los menores y en un caso era expareja de la madre de la menor fallecida. En los cuatro casos, el agresor estaba separado de las madres o habían finalizado la relación de convivencia y afectiva. El año con el mayor número de asesinatos de menores de edad fue 2017, con 8. Pero ese dato ya lo hemos superado, sin haber acabado el año, en 2024: diez menores asesinados.

Entonces, cuando el caso Bretón, la sociedad no conocía los términos violencia vicaria, que comenzó a utilizarse de manera más generalizada a raíz de la docuserie sobre la violencia a la que se enfrentó Rocío Carrasco, emitida en 2021 en Telecinco. No ha sido, por tanto, hasta hace tres años cuando se han conocido de manera más generalizada otros conceptos –tipos de violencia– como la luz de gas. Tras esa docuserie, además, aumentó el número de llamadas al 016, el teléfono de urgencia de atención a las víctimas. 

Hasta prácticamente la actualidad ha llegado el caso de otra mujer, María Salmerón, a quien la justicia le llegó a quitar a su hija para dársela al padre, que había sido condenado por maltrato. María ha vivido durante dos décadas pendiente de juzgados, de puntos de encuentro, de recursos, de abogados, de angustias, años y años con la amenaza de ir a la cárcel, como una espada de Damocles sobre su cabeza, por cumplir la voluntad de su hija. Esto –cumplir la voluntad de su hija–, en términos judiciales, supuso incumplir el régimen de visitas que el padre, condenado por maltrato a 21 meses de prisión, tenía hacia la pequeña, hoy ya una joven veinteañera que, como ahora el hijo de Juana Rivas, sigue diciendo lo mismo que entonces: «No quiero saber nada de ese hombre».  

En 2024, probablemente, María no habría pasado por ese calvario, ni tampoco su hija. La nueva norma, que entró en vigor en 2021, establece la necesidad de suspender visitas y custodias cuando haya «indicios fundados de que los hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido con la violencia».

Rosa Lidia y su agresor, un caso analizado en PorTodas, tenían una hija en común que estaba a punto de cumplir la mayoría de edad. Y el argumento de la sentencia para no retirarle la patria potestad al asesino, como pedían las acusaciones, muestra que hace diez años aún no estaba claro que un maltratador no puede ser un buen padre. «No se advierte que los derechos de patria potestad hayan tenido relación directa con el delito cometido», explica el juez, que cita diferente jurisprudencia en ese sentido.

Una sentencia del Supremo del año 2009 y que el magistrado pone como ejemplo para argumentar la decisión de no retirar la patria potestad al asesino dice lo siguiente: «En el presente caso se advierte claramente cómo en ningún momento la acreditada conducta infractora del condenado, según el correspondiente relato de hechos probados de la recurrida, revela intención delictiva alguna contra los menores, que ni fueron en este caso objeto de agresión directa ni tampoco en los hechos precedentes a los que se refieren las anteriores condenas que sirven para integrar el delito de maltrato habitual». 

En 2022, según los datos del Observatorio de Violencia de Género y Doméstica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los tribunales de justicia aplicaron la suspensión de visitas de padres maltratadores en un 14,51% de casos en procesos de violencia de género. La cifra, aunque parezca escasa, duplica a la que se produjo en 2021, cuando se suspendieron en un 7,22% de los casos. Esto supone que durante 2022 los órganos judiciales adoptaron 4.100 medidas de este tipo (en 2021 fueron 2.008).