Las privatizaciones en Sanidad que el PP madrileño tendrá que revertir

MADRID // El consejero de Sanidad madrileño, Jesús Sánchez Martos, anunció este miércoles la derogación de la normativa que recoge la privatización de los servicios no sanitarios. Es decir, todo aquello que no está vinculado directamente asistencia sanitaria y que dependa de la Consejería deberá estar en manos públicas.

La decisión de Sánchez Martos provocará que los contratos que mantiene con empresas privadas la actual administración, heredera de la de Esperanza Aguirre, no se renueven. Si se cumplen los deseos del actual consejero de salud, la Comunidad de Madrid liberará, al menos, 321 millones de euros, que deberán asumirse desde la administración pública.

Esa cantidad es la cifra resultante de contabilizar los contratos más grandes, que se reparten en lavanderías, limpieza, informática, call center…  Uno de los más polémicos es el servicio de lavandería central que en octubre de 2013 se adjudicó a una UTE en la que estaba representada la ONCE. El importe total: 46 millones de euros.

La consejería de Sanidad es la única en la Comunidad de Madrid que tiene «externalizado» el servicio de informática bajo un contrato de 40,8 millones de euros. También lo está el servicio de call center, la atención telefónica del servicio de salud encargado de las derivaciones. Esto no es estrictamente atención sanitaria, así que dependería de la voluntad política liberarlo o no. La última adjudicación conocida fue en 2010 por 27 millones de euros durante cuatro años a la empresa Indra, aunque la Consejería no aporta datos sobre si este contrato se ha renovado y bajo qué condiciones.

También se podría recuperar el servicio de limpieza de 16 hospitales adjudicado a las empresas Ferroser y Clece, esta última presidida por Florentino Pérez, por 208 millones de euros y que termina el año que viene.

562 millones en contratos y 3.500 en concesiones

Estos son sólo algunos ejemplos, pero algunos organismos como el Grupo de trabajo para una Auditoria Ciudadana de la Deuda en Sanidad alertan de que el volumen es mucho más grande. Durante el año 2014, calculan que la Consejería firmó 1.414 contratos con empresas privadas por un importe total que superaba los 562 millones de euros. Aunque en esa cantidad se incluyen derivaciones puramente sanitarias, también hay contratos con empresas de servicio como la limpieza de inmuebles o la gestión de escuelas infantiles.

Mención aparte merecen los siete hospitales modelo PFI (donde todo está privatizado excepto el personal sanitario) que Esperanza Aguirre inauguró entre los años 2007 y 2008. La inversión total prevista para todos ellos es de más de 3.500 millones de euros, aunque el anuncio del consejero de Sanidad no les afecta, ya que la concesión de estos contratos es de 30 años. A esta cantidad habría que añadir la parte proporcional de los cuatro centros hospitalarios que tienen derivada la gestión sanitaria y no sanitaria (Torrejón, Móstoles, Valdemoro y Villalba).

Una promesa que no convence

Carmen Esbrí, de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública (MEDSAP), ha calificado la medida de «anuncio trampa» en la que no se revierte lo privatizado. «Lo que realmente importa es la reversión de las privatizaciones y el restablecimiento del personal en el espacio público», ha destacado Esbrí quien ha pedido también»un inventario de todo lo que queda público en la Sanidad«.

En el mismo sentido, Antonio Gómez, de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), ha criticado que el consejero «no diga nada en absoluto de todo lo no sanitario que ya está privatizado, tanto en los centros de gestión directa como en el caso de archivos, cocinas, seguridad…». A su juicio, «este anuncio hay que verlo en clave electoral ya que no se dice nada de asuntos concretos como la extracción de sangre, la lavandería o el laboratorio central de referencia de San Sebastián de los Reyes». Asimismo recuerda que «donde gobierna el PSOE lo no sanitario también está privatizado«, por lo que ha acabado definiendo el anuncio como «humo«.