Hacia una nueva gestión cultural municipal

Los turistas que paseaban por las Ramblas a principios del mes de junio de 2015 se paraban delante del Gran Teatre del Liceu para sacar fotos, como suele ser habitual. Sin embargo, en ese momento, su atención no se centraba solamente en la fachada del edificio sino en lo que estaba pasando ante él. Mientras una larga cola de personas esperaba para entrar a ver la función de la tarde, los acomodadores del teatro se manifestaban a su lado en protesta por la precarización de sus condiciones laborales. Con una pancarta que proclamaba Salvem el Liceu (Salvemos el Liceu), intentaban llamar la atención de los ciudadanos sobre lo que ocurría dentro de uno de los emblemas culturales de Barcelona.

El de los acomodadores era el segundo paro indefinido del sector en la ciudad. El 30 de abril, los trabajadores del Auditori de Barcelona habían iniciado una huelga indefinida para denunciar lo mismo que sus compañeros del Liceu. Ambas plantillas estaban contratadas por la empresa de trabajo temporal Manpower Solutions, a la que se había adjudicado el servicio desde el 1 de septiembre de 2014 hasta el 31 de agosto de 2016 por un importe total de casi un millón de euros. La empresa había recortado las plantillas, reducido las jornadas laborales y pagaba 7,2 euros la hora, según su propio convenio. La huelga terminó a principios de julio al firmarse un acuerdo de mejora entre los trabajadores y la ETT.

Estos son los múltiples ejemplos de los desastres de gestión cultural que los nuevos equipos de gobierno municipal se encontraron al llegar a las concejalías después de las elecciones de mayo de 2015. Gastos desproporcionados en actuaciones (como los 800.000 euros que destinó el PP de Gandia a los conciertos de Tom Jones y Julio Iglesias), empresas públicas con dudosos objetivos como Madrid Destino o Bienes de Interés Cultural como el Pazo de Meirás (A Coruña), cerrados al público por sus propietarios, en este caso la familia Franco.

Para evitar que se repitan otros casos, los nuevos ayuntamientos gobernados por la izquierda y las plataformas ciudadanas, como Zaragoza, A Coruña, Santiago, Cádiz, Madrid y Barcelona, han decidido trazar políticas que enmienden los errores anteriores y que desarrollen mejoras estructurales y de gestión. Todas ellas tocan los mismos puntos generales, aunque después se adaptan a las necesidades y peculiaridades de cada municipio.

Transparencia

Concepto esencial de todas las políticas municipales de cultura, presente en todos los programas electorales y uno de los ganchos principales de las iniciativas ciudadanas como respuesta al saqueo y la corrupción. Por un lado se establecen controles dentro de las instituciones, como los concursos públicos, la elaboración de códigos de buenas prácticas o la creación de consejos para el control de la fiscalización. Y, por otro, los datos concretos, cercanos y comprensibles para el ciudadano. Por ejemplo, con la publicación de las cuentas, tal y como ha ocurrido este verano en A Coruña, cuando el ayuntamiento dio a conocer las cifras de contrataciones de las fiestas de María Pita. Su concejal de Cultura, José Manuel Sande (Marea Atlántica), admite que «es importante el contacto constante con la población e ir publicando continuamente la actividad del concello».

También se han establecido medidas como el Portal de Transparencia, en el que los ciudadanos pueden consultar el detalle de los diferentes rincones de la Administración local. Eva Tubío (Ganar Cádiz en Común) es la responsable de este proyeco en la capital gaditana. En Zaragoza, el Consejo de Cultura retransmite en streaming sus reuniones.

Accesibilidad

Este punto abarca desde la bajada de los precios de las actividades hasta el acercamiento de los ciudadanos a organismos culturales que hasta el momento les eran ajenos. Es el caso de la iniciativa de Celia Mayer (Ahora Madrid) de abrir espacios como el Teatro Real o el Club de Campo a un público menos elitista con actividades matutinas, por ejemplo. En la misma línea se enmarca la renuncia del palco del Liceu por parte de la alcaldesa Ada Colau (Barcelona en Comú) para financiar los programas sociales de la institución. Así, con ese dinero (100.000 euros) el teatro pondrá a disposición más de 2.000 entradas dirigidas a colectivos en proceso de exclusión social durante esta temporada. En Madrid, la alcaldesa Manuela Carmena también ha renunciado a los palcos que el Ayuntamiento tenía alquilados en el Teatro Real y en Las Ventas.

La bajada del precio de las actividades también es un asunto clave en las nuevas políticas culturales: todos los ayuntamientos consultados por La Marea lo contemplan, y algunos ya lo han puesto en marcha. Branca Novoneyra, concejal de Acción Cultural de Santiago de Compostela (Compostela Aberta), ha señalado que por primera vez en muchos años los conciertos y actividades de las fiestas patronales han sido gratuitas. Tanto el ayuntamiento de Santiago como el de A Coruña contemplan la posibilidad de ofrecer bonos de descuento desde el ámbito municipal. Por su parte, Fernando Rivarés, concejal de Cultura de Zaragoza (Zaragoza en Común) ha adelantado que el acceso a la Filmoteca será libre a partir de ahora. El consistorio aragonés también está revisando a la baja los precios de los teatros.
La descentralización de la cultura es otra pata de la accesibilidad. «Nuestra propuesta es desarrollar una política participada que recoja la diversidad creativa de la ciudad, que eduque y fomente en el arte, y que rompa la dinámica de centro y periferia que habitualmente condena a muchas zonas a la completa ignorancia de lo que sucede en materia de cultura», apunta Tubío.

Fin de la precariedad laboral

«Quiero expulsar la palabra gratis del sector de la cultura. No hay nada gratis excepto el sol y el viento. Acceso libre pero gratis no, porque entonces la gente puede pensar que la cultura no cuesta. Los artistas deben trabajar en las mejores condiciones de todo tipo. Una de las frases que aparecen en nuestro programa electoral es la dignificación laboral de los trabajadores del mundo de la cultura», insiste Rivarés. Acabar con la precariedad laboral en este sector es también prioritario para Berta Sureda, comisionada de Cultura de Barcelona. Con el fin de evitar que se repitan casos como el de Manpower Solutions,el ayuntamiento barcelonés va a prestar atención a los convenios que se firman en los contratos municipales.

Recuperación de espacios públicos

¿Cómo se va a gestionar la actividad cultural en la calle, la música en los bares o la ocupación de los equipamientos existentes? En general, hay un especial interés en dar un uso consensuado a través de la participación ciudadana (gestionada por las respectivas comisiones creadas para ello) de los edificios y demás infraestructuras ya construidas, pero que están infrautilizadas. En otras palabras, aprovechar lo que ya existe para evitar seguir construyendo. En Madrid, la concejal Celia Mayer ha prometido revisar la normativa para facilitar rodajes y actuaciones en la calle. Devolver la música a la vía pública ha sido una de las primeras iniciativas de la nueva corporación municipal de Santiago.

El cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica es otro asunto importante para ayuntamientos como el de A Coruña, donde aún hay calles con nombres vinculados a la dictadura franquista que los nuevos gestores municipales pretenden cambiar. «También queremos recuperar el patrimonio histórico de una manera pedagógica y accesible. En esa misma línea de pedagogía, nos gustaría formar una universidad popular», añade José Manuel Sande.

Presupuestos

La mayoría de los municipios aún no maneja cifras de cara al 2016. En Madrid, el objetivo es aumentar el dinero dedicado a la cultura, aunque se desconoce en qué cantidad. Lo mismo sucede en Barcelona. En A Coruña, la idea es subir el presupuesto en un 5%. Mientras, los gobiernos locales de Santiago y Zaragoza quieren consensuar este posible aumento con los grupos de la oposición. «En cultura, igual que en otras delegaciones, el objetivo es reorganizar el presupuesto y cambiar costes por ideas”, admiten en Cádiz. Porque la realidad al final pesa, y el endeudamiento limita y condiciona las posibilidades del futuro.