Madrid y la mosca en la botella de Coca-Cola

Pedro Ramiro* // “Madrid, territorio vedado a Coca-Cola”, titulaba en portada el diario El País el miércoles de la semana pasada. Y, ese mismo día, la mayoría de los grandes medios de comunicación incluían noticias similares, que hablaban del “rechazo”, la “revancha” y el “veto” del ayuntamiento de Madrid a la multinacional más conocida del mundo al denegarle la utilización de unas instalaciones deportivas municipales para grabar un anuncio. Hasta El Gran Wyoming le dedicaba un monólogo en El Intermedio: “¿Qué consigue el concejal con este asunto además de abrir una absurda polémica?”.

De este modo, lo que no debería haber pasado de ser mucho más que un gesto simbólico del concejal-presidente del distrito de Salamanca, Pablo Carmona, en solidaridad con los trabajadores despedidos de la fábrica de Coca-Cola en Fuenlabrada —que van a tener que ser readmitidos por la empresa después de que la Audiencia Nacional declarara nulo el ERE y el Tribunal Supremo ratificara la sentencia por la vulneración del derecho a huelga de sus empleados— se convertía en el blanco de las críticas de los mass media y de la oposición en el ayuntamiento: “No ceder un espacio para rodar este anuncio es una decisión arbitraria”, decía Esperanza Aguirre.

Hoy, pasados unos días, nadie parece ya acordarse de todo este asunto y los grandes medios siguen con su búsqueda de nuevos objetivos para desgastar al gobierno de Ahora Madrid. Pero, dado que la manera de resolver los conflictos con las corporaciones transnacionales —que sin duda irán surgiendo a medida que “los ayuntamientos del cambio” adopten decisiones que no sean favorables a los intereses de las grandes empresas de los sectores de la construcción, la energía, las telecomunicaciones y las finanzas— va a ser uno de los elementos centrales para marcar los límites de la acción política desde las instituciones públicas en los próximos tiempos, creemos que vale la pena analizar los puntos fundamentales que han rodeado esta polémica.

Publicidad y patrocinios. “Alguien dijo que en Estados Unidos se puede escribir contra el presidente demócrata o contra el presidente republicano, pero nunca se podrá publicar la noticia de que se haya descubierto una mosca en una botella de Coca-Cola”. Con esta cita del periodista Pascual Serrano comienza Una mosca en una botella de Coca-Cola, un documental que analiza la relación que hay entre los grandes medios de comunicación y las compañías multinacionales: “Buena parte de la información que vemos, oímos y leemos pertenece al BBVA, a Repsol, a Planeta, a La Caixa, al Banco Santander, a Telefónica o a Berlusconi”.

Así, en este contexto, las transnacionales como Coca-Cola, la empresa que más dinero se ha gastado en publicidad en toda la historia del capitalismo, ejercen una influencia decisiva —de manera directa o indirecta— a la hora de marcar la agenda de lo que se puede y, sobre todo, lo que no se puede decir. Tanto en los grandes medios de comunicación, dependientes de sus campañas publicitarias para mantener sus beneficios, como en las instituciones públicas que, además de tener que aguantar la fuerte presión mediática, necesitan asegurar su patrocinio para sostener los presupuestos. De ahí la casi total unanimidad de los mass media en criticar esta medida y, por qué no decirlo, el escaso apoyo en público a la misma por parte del equipo municipal.

Impactos y derechos humanos. Gracias a la campaña que, desde hace veinte meses, han mantenido las organizaciones sindicales y los trabajadores de @cocacolaenlucha se ha logrado, en buena medida, romper el bloqueo mediático y “mostrar la mosca en la botella de Coca-Cola”. A pesar de los esfuerzos de la compañía por salvar su imagen de marca, el conflicto laboral de esta multinacional por el cierre de cuatro plantas embotelladoras en España ha llegado a gran parte de la opinión pública, que rechaza que pueda haber despidos en una empresa con beneficios y que se impida ejercer democráticamente el derecho a la huelga.

Y este no ha sido, ni mucho menos, el único caso de impactos sobre los derechos humanos en que se ha visto envuelta esta transnacional: como han venido documentando diferentes organizaciones sociales y el Tribunal Permanente de los Pueblos en las dos últimas décadas, Coca-Cola acumula denuncias en su contra en Colombia, por las amenazas, la persecución e incluso el asesinato de dirigentes sindicales; en El Salvador, por el uso de acuíferos que amenazan el derecho al agua de 30.000 personas; en Brasil, donde su adquisición masiva de tierras para la producción de azúcar provoca el desplazamiento de comunidades indígenas; en Pakistán, Turquía, Guatemala, Rusia o India.

Parece claro que, en este marco —con unos impactos sistemáticos de los que Coca-Cola es tan solo un ejemplo—, es necesario avanzar en la puesta en marcha de mecanismos de control y normas vinculantes que obliguen a las grandes corporaciones a respetar los derechos humanos. Más aún cuando la empresa en cuestión tiene sentencias firmes en su contra por vulnerarlos.

Gestos y reformas. Retirar el busto del exjefe del Estado del salón de plenos del ayuntamiento de Barcelona; no asistir a las ofrendas religiosas tras asumir las alcaldías de Santiago de Compostela y A Coruña; desplazarse en bicicleta hasta el consistorio en Valencia; renunciar al exceso de asesores y coches oficiales en el ayuntamiento de Madrid; sustituir el retrato del rey por el del alcalde anarquista de Cádiz en la Primera República… Todos ellos son gestos simbólicos que, tras las elecciones del 24 de mayo, han servido para recuperar en el imaginario colectivo la idea de que “sí se puede”, reconectando a los nuevos gobiernos municipales con la mayoría de la ciudadanía.

En espera de que puedan ser aprobados los presupuestos del año que viene y de que el margen de “lo posible” se amplíe en un futuro cercano con la adopción de medidas y reformas de mayor calado, ¿por qué no hacer también algunos gestos y políticas para enfrentar el poder de las grandes corporaciones? En este sentido, la moratoria a la concesión de más licencias en el sector turístico en Barcelona o la puesta en marcha de la auditoría de la deuda en el municipio de Madrid van más allá de ser meros gestos simbólicos relacionados con la “responsabilidad social” y, poco a poco, comienzan a mostrar el camino para confrontar con los propietarios del capital transnacional.

Viendo estos días el penúltimo ejemplo que ilustra cómo funciona el capitalismo español, con las “donaciones” de las mayores multinacionales españolas a las fundaciones de Convergència y de Unió —un caso análogo al de “los papeles de Bárcenas”—, ¿por qué no tomar medidas similares con multinacionales como Agbar; las constructoras OHL, Sacyr y ACS; los bancos BBVA y Santander; grandes empresas como Telefónica-Movistar, Iberdrola, El Corte Inglés o Coca-Cola?

Regulación y alternativas. El affaire del anuncio de Coca-Cola en Madrid permite imaginar cuál sería la reacción de los grandes poderes económicos si se avanzase en la remunicipalización de los servicios públicos, la imposición de una mayor fiscalidad a las grandes empresas o el impago de las deudas ilegítimas adquiridas por los anteriores gobiernos. Por eso mismo se hace tan necesario avanzar en esa línea, porque es la forma de irse preparando para ir, poco a poco, asumiendo tareas de mayor complejidad. Sin duda, enfrentarse a la fortaleza de la lex mercatoria y al poder de las empresas transnacionales no es sencillo, pero las posibilidades de llevar a cabo cambios que mejoren realmente la vida de la gente y que apuesten por una transformación radical de nuestro modelo socioeconómico pasan, inevitablemente, por ese camino.

* Pedro Ramiro (@pramiro_), es coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.