El Gobierno logra el apoyo de Podemos y saca adelante su reforma fiscal

En el último momento. Como ya ha sucedido en otras ocasiones, el Gobierno ha llegado a un pacto in extremis con Podemos para sacar adelante la reforma fiscal, que hasta hoy pendía de un hilo. Según el comunicado publicado por la formación morada, el acuerdo permitirá dar luz verde al «paquete fiscal progresista» hoy en el Congreso tras haber logrado un compromiso para impulsar una nueva proposición de ley que contenga un impuesto a las empresas energéticas.

Este ha sido el gran escollo para los de Ione Belarra, que en los últimos días denunciaban que el Gobierno había pactado una cosa y la contraria con sus diferentes socios de legislatura. Así, mientras que a Junts y al PNV les había prometido hacer decaer el gravamen a las empresas energéticas si estos partidos votaban a favor del resto de medidas de la reforma fiscal, con EH Bildu, ERC y BNG había pactado alargar el tributo.

Desde Podemos aseguran que en los próximos días «se constituirá una comisión negociadora con participación de todos los partidos políticos necesarios para aprobar esta reforma para conseguir el consenso necesario para aprobar este impuesto». En el caso de no alcanzar ese acuerdo antes del 31 de diciembre, el Gobierno se compromete a aprobar un Real Decreto Ley que prorrogue el impuesto para el año 2025.

Sea como fuere, los morados aseguran que el tributo «habrá de ser compatible con no gravar las inversiones que se comprometan con la descarbonización«, una exención que el Ministerio de Hacienda ya anunció a principios de esta semana. Esta dispensa podría ser la llave para que Junts también acepte la prórroga, ya que la formación de Carles Puigdemont quería evitar que empresas como Repsol retiraran sus inversiones en hidrógeno en Tarragona.

De esta manera, se allana el camino para trasponer la directiva europea que fija un tipo mínimo del 15% para las empresas multinacionales. El paquete de medidas también incluye una subida de dos puntos en el IRPF para las rentas del capital superiores a los 300.000 euros anuales (que pasará del 28% al 30%, y que supondrá una recaudación adicional de 200 millones de euros) y el impuesto a los vapeadores.