Carlos Macías: “Esperamos que esta ILP produzca un efecto dominó”

BARCELONA // El rostro de Carlos Macías difumina su natural cansancio con una perenne sonrisa de quien se sabe a las puertas de la victoria. Como portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y miembro de la Comisión Promotora de la ILP catalana contra los desahucios y la pobreza energética, sus últimas semanas han sido un trajín constante. Del Parlament a su puesto de trabajo en la oficina del Observatori DESC, llamadas y mensajes incesantes, y vuelta a las reuniones con los grupos en la Cámara.

Después de recoger más de 140.000 firmas de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular, de meses de presión en la calle a los partidos que se desmarcaban, de propuestas y contrapropuestas para lograr el aval de los partidos sin perder de vista los objetivos, este jueves por la tarde el Parlament ha dado luz verde a la ley. Con el apoyo de ERC, ICV-EUiA, PSC y la CUP-AE desde el inicio, el tira y afloja más duro se ha producido con CiU. Y ha dado resultado: “Para nosotros no hay ninguna renuncia, mantenemos los objetivos y el espíritu de la ILP”, sentencia Macías en conversación con La Marea antes del pleno. Los impulsores de la iniciativa han acreditado más de cien personas para seguir el pleno. En una jornada que califican de histórica, PAHs de toda Cataluña se han concentrado frente al Parlament, donde se ha instalado una pantalla gigante.

¿Están satisfechos con el redactado final de la ley?

Sí. Hemos reformulado cosas pero mantenemos los objetivos y el espíritu de la ILP. Queríamos mecanismos de segunda oportunidad para la extinción de la deuda de las familias, para parar desahucios de hipoteca y de alquiler en casos de grandes propietarios de vivienda, y los tenemos. También para garantizar que cuando se trate de pequeños propietarios la Administración habilite ayudas, que en todo momento se deba garantizar el realojo antes de un desahucio y que no haya corte de suministros básicos.

¿Y están contentos con los baremos que se han fijado para los alquileres sociales?

Esto ha sido un gran triunfo. Porque en un principio nos planteaban que para que fuese un alquiler social las familias debían destinar entre el 20% y el 30% de sus ingresos, y finalmente ha quedado entre un 10% y un 18%. Desde el principio planteamos que los gastos de la unidad familiar, incluyendo vivienda y suministros, no podía suponer mas del 30% de sus ingresos, así que su propuesta era inviable. Además se ha habilitado un sistema ponderado, según la zona donde vives y el número de miembros, lo cual es positivo. No es lo mismo pagar un alquiler en Barcelona que en zonas rurales. Creemos que los baremos finales permitirán dar respuesta a la emergencia habitacional.

Además de CiU, ¿hay algún otro partido con el que hayan tenido que negociar?

Con Convergència hemos tenido que negociar más que con el resto. También porque es quien tiene más representación parlamentaria y sin ellos difícilmente sacaríamos adelante la ILP. Hemos tenido que llegar a un acuerdo sobre qué era razonable como criterios de pago de alquiler, qué significa un alquiler social, y hemos ampliado muchísimo los criterios de exclusión residencial.

¿En qué aspectos?

Cuando hablamos de criterios de exclusión residencial, uno de los miedos que teníamos era que, aunque los hemos subido mucho y entra la gran mayoría de las personas que están en esta situación, no queríamos poner un línea por encima de la cual quien cobre un euro más no pudiese entrar. Precisamente es una de las cosas que hemos criticado de las medidas del Gobierno. Hemos abierto otra vía que fija que si se superan estos ingresos igualmente tienes opción de acogerte a la ley, si pasas por servicios sociales y hacen un dictamen que dice que estás en riesgo de exclusión residencial. Porque hay multitud de casuísticas distintas, por ejemplo que tengas más ingresos del límite fijado pero que tengas un gasto en medicamentos importante.

¿Han tenido que hacer alguna renuncia?

Para nosotros no hay ninguna renuncia. Nuestro objetivo era salir con un texto en el que los objetivos que se planteaba la ILP fuesen reales y aplicables. Por ejemplo, cuando hablábamos de banca y grandes propietarios inicialmente hablábamos de alquiler forzoso. Hemos cambiado la fórmula y las palabras pero el objetivo es el mismo. El banco está obligado a hacer una oferta de alquiler social antes de tomar posesión de la vivienda. Si no lo hace, deberá asumir una multa de hasta 90.000 euros. Si no incluíamos una medida coercitiva volvíamos a la buena voluntad de las entidades financieras, y eso ya sabemos que no funciona. La buena voluntad de la banca ni se la ha visto ni se le espera.

¿La ley dará más instrumentos para conseguir daciones en pago?

Muchos más. Tendremos un mecanismo que hoy no tenemos, que es el de una segunda oportunidad de verdad. O llegamos a un acuerdo por la vía extrajudicial o nos vamos a la vía judicial, y aquí habrá un juez que finalmente emitirá una sentencia en la cual si hay posibilidad se establece un plan de pago, y en un periodo de dos años quedas libre de deuda. Eso hace que la vía extrajudicial tenga sentido, y es un incentivo para que las entidades lleguen a acuerdos.

Uno de los puntos que había generado más rechazo en Convergència era el que establecía una expropiación de los pisos vacíos. ¿Cómo lo han resuelto?

Establecemos la cesión obligatoria cuando no están cumpliendo su función. Todas aquellas viviendas de personas jurídicas que lleven más de dos años vacíos se deberán ceder obligatoriamente. Y lo ampliamos a todo el territorio de Cataluña, allí donde una sola familia que necesita vivienda se le hará alquiler social. Además se establece el principio de subsidiariedad, es decir, que lo pueden aplicar también los municipios, así que les damos herramientas para poder actuar. Esto es muy potente.

¿Cómo ha sido la experiencia de negociar con los grupos parlamentarios?

Muy interesante y curiosa. Ha sido muy loco, porque hemos hecho una ley y no estamos acostumbrados. Ni entendíamos los procesos internos del Parlament, y los hemos tenido que aprender deprisa y corriendo; ni estamos acostumbrados a las lógicas de partidos, de intereses, de ver cómo hacer equilibrios con todo el mundo para que salga lo que tú quieres que salga. Ha sido todo un aprendizaje, de cosas que si lo volviésemos a hacer deberíamos mejorar. De hecho, una vez hagamos la digestión de todo esto queremos compartir todo este aprendizaje con todos aquellos están llevando a cabo ILPs. Ya que hemos aprendido de los errores y cómo negociar, que los demás lo tengan un poco más fácil.

¿Cuáles son sus recomendaciones?

Tener muy trabajados los argumentos y contra-argumentos. Y después quizás ser más atrevidos en lo que demandas inicialmente para después poder ceder en lo que ya pensabas que no podrías lograr.

Lo que ha sido un logro importante es haber tramitado la ILP en un tiempo récord…

Lo hemos hecho como nunca se había hecho, una ley en quince días… Recuerdo que cuando pedimos a los grupos de hacerlo por vía de urgencia extraordinaria hubo un periodista que me dijo, ‘llevo 15 años en el Parlament y esto no saldrá, ni se aprobará ni se hará en quince días’. Y el otro día, cuando en la comisión se votó y salió el texto por unanimidad, no se lo podía creer.

¿Cuál ha sido el secreto para conseguirlo?

Creo que ha funcionado mucho cómo hemos hecho toda la campaña, la presión desde fuera, la insistencia dentro, porque hemos estado detrás de los diputados casi 24 horas, presencialmente, por teléfono, por mail, con whatsapps… También hemos tenido por medio unas municipales que nos han permitido hacer mucha presión y señalar a quienes no estaban dando su apoyo. Y que estamos a las puertas de unas elecciones, así que debían calcular y pensarse su posición, no podían quedar alineados con el lado del PP. Eso ha hecho mucho.

¿La aprobación de la ley garantizará que no haya más desahucios de familias vulnerables o hará falta voluntad política para aplicarla?

Obviamente debe haber voluntad política, porque tenemos la ley catalana del derecho a la vivienda desde hace siete años y no se ha aplicado. No se debe quedar en papel mojado, y aquí nosotros tenemos un encargo muy claro. Ahora se aprueba, pero después nos toca hacer el seguimiento, hacer presión para que se aplique, debemos trabajar una guía para enviar a todos los municipios para que todos tengan claro cómo se debe aplicar… Queda aún mucho trabajo pero no habrá margen de excusa. Si no cumplen podremos llevar a los municipios a los juzgados por incumplir la ley.

¿No queda ningún fleco por el cual el Gobierno pudiese impugnarla?

Es un aspecto que hemos tenido muy presente desde el primer día. Mirar muy bien las competencias, cómo el redactado no las invade, lo trabajamos también con los servicios jurídicos del Parlament, con los grupos, cambiamos cosas que quizás podrían entrar en competencias estatales… Tal como está ahora mismo, no hay inconstitucionalidad posible. Ahora bien, al Constitucional lo pueden llevar por cualquier cosa y darle la vuelta que quieran. La sentencia del decreto andaluz era porque afectaba a la política económica. Pero eso ya será una segunda parte. Aquí lo que deberemos hacer después, si sucede, es pedir desobediencia institucional.

¿Qué supone la aprobación de esta ley para el resto del Estado?

El pasado fin de semana tuvimos un encuentro estatal de PAHs y una de las cosas que planteamos es que una vez se apruebe en Cataluña, el resto de PAHs pueden ir a sus Parlamentos a presionar. No hace falta ni que impulsen una ILP. Si Cataluña lo ha hecho, existen las competencias, y si el Estado no nos sirve para garantizar derechos básicos hará falta desbordarlo. Esperamos que tenga un efecto dominó.