Carta abierta a Sánchez y Ayuso sobre la situación del pueblo valenciano

ANTONI INFANTE // Me dirijo a ustedes porque, junto con sus gobiernos, equipos, partidos políticos y medios de comunicación mayoritarios, son los que determinan o ejecutan la agenda política y mediática del Estado español. También es una carta dirigida a la monarquía porque, aunque formalmente reina, pero no gobierna, en realidad es la clave de bóveda de todo el sistema de poder en el Estado, del poder formal y del poder real, aquel que opera desde el Ibex y las grandes fortunas a los aparatos del Estado. Y al señor Feijóo, líder formal del PP pero, en la práctica, prisionero perpetuo del ritmo que marcan las declaraciones de la señora Ayuso. Sus discursos, sus silencios, declaraciones y prioridades, sus ausencias y presencias deciden la agenda política, de sus decisiones dependen en gran medida la calidad de vida de todos nosotros, incluso la vida propiamente dicha.

El motivo de la carta es el de expresarles directamente un sentimiento que va extendiéndose como una mancha de aceite entre nuestro pueblo y que, con ocasión de la tragedia de la DANA, ha crecido de manera exponencial: ustedes nos maltratan como a una colonia. Se han dedicado a gestionar sus actuaciones de ayuda y socorro, no en función de nuestras necesidades sino de su lucha partidaria electoral en el caso de Sánchez, Ayuso y Feijóo, y de cuidar su imagen en el caso de la monarquía –que en sí misma es un anacronismo antidemocrático y una fuente de corrupción sistémica–. No, no los voy a culpabilizar directamente a ustedes de la tragedia humana que ha supuesto la pérdida de centenares de vidas humanas, esa responsabilidad recae, como en su día espero que se demostrará en sede judicial, fundamentalmente en el presidente (ilegítimo) Mazón y su gobierno, por no dar la señal de alarma con la antelación suficiente para que la ciudadanía hubiera podido resguardarse. Esa era su responsabilidad y por ello deberán rendir cuentas políticas y penales. En el gobierno presidido por Mazón prevaleció la mezquina ideología en defensa de los intereses de las grandes empresas y de no poner en peligro el negocio turístico del “puente” de todos los santos.

Desgraciadamente, los efectos materiales de la tragedia eran inevitables, teniendo en cuenta las decisiones urbanísticas que han ido tomándose desde hace décadas. Y en esa cuestión, ustedes sí tienen una gran responsabilidad. Porque el trato que nos han dispensado y nos dispensan como indígenas colonizados, o españoles de segunda o tercera categoría, no es una novedad: nos han tratado como una colonia porque somos una colonia interior, su colonia. Esta afirmación no es gratuita. En recientes sentencias del Tribunal Constitucional se anuló parte de la reforma del Estatuto de Autonomía valenciano de 2006, que recuperaba parcialmente el derecho civil foral valenciano, y lo hacía basándose en la vigencia del Decreto de Nueva Planta de Felipe V del 29 de junio de 1707, donde “por justo derecho de conquista” se nos imponían las leyes, lengua y costumbres de Castilla, negando las nuestras. Ningún rey o reina desde entonces, ni tampoco los dos cortos periodos republicanos, han anulado este decreto, ni nos ha pedido perdón. En aquella victoria de las tropas borbónicas murió más del 7% de la población valenciana.

Desde entonces, siempre hemos sido gobernados en función de los intereses de su metrópoli y de sus élites. Nunca en función de nuestras necesidades. De hecho, una de las grandes obras urbanísticas en nuestra tierra de la que todavía se jactan, es el denominado Plan Sur, el desvío del río Turia a su paso por València. Esta obra, planificada después de la riada de 1957 y pagada exclusivamente por los valencianos y valencianas con impuestos especiales, construyó un nuevo cauce para el río con el objetivo de salvar el centro de València de nuevas riadas, pero no tuvo en cuenta ni los poblados ni la ciudadanía del sur de Valencia ni la comarca que la rodea por el sur (Horta Sud), edificando una especie de dique de contención que ha sido mortal en esta DANA. El caso del Plan Sud no ha sido la excepción sino la regla de cómo se han diseñado nuestros pueblos y ciudades, las carreteras y autovías, la red ferroviaria, las ampliaciones portuarias y aeroportuarias… siempre en función de los intereses metropolitanos y de sus élites económicas y políticas.

Nuestro pueblo, como cualquier otra colonia interior o exterior ha sido desde ese fatídico día de 1707 un territorio planificado para expoliar, exprimir y explotar socialmente al máximo. Como en su día le expliqué a la señora Montero, vicepresidenta y ministra de la Hacienda española, en el País Valencià padecemos una situación económica de inversiones históricas muy inferiores a la media del Estado, un expolio fiscal de tipo colonial (pagamos mucho más de lo que recibimos), nuestras instituciones disponen de menos recursos que la media estatal para gestionar las necesidades básicas de la población: sanidad, educación y servicios sociales, y de menos recursos para gestionar la economía. La planificación económica ni depende de nosotros ni está pensada en función de nuestras necesidades. El resultado es que siendo un país rico en recursos y con una población en condiciones de producir más riqueza que la media, cada año que pasa estamos más empobrecidos, disponemos de menos recursos y vamos quedándonos en el vagón de cola de Europa.

Como cualquier persona sensata puede deducir, esos problemas no son el resultado de una maldición divina, ni se deben a la mala suerte, son el resultado de la dominación política impuesta “por justo derecho de conquista”. Como se puede comprobar, no es una anécdota histórica, sino parte de la realidad de nuestro día a día. Es cierto que, todavía, una parte de nuestra ciudadanía no es plenamente consciente de nuestra situación de colonia. De hecho, ese es el objetivo de la colonialidad impuesta, hacer que pensemos como colonos cuando somos un pueblo colonizado. Pero esa falsa mentalidad va desapareciendo a pasos agigantados, porque las consecuencias concretas de la colonización las pagamos igual unas personas y otras, pensemos como pensemos. Porque es un hecho que nuestros salarios y las coberturas sociales son inferiores a la media del Estado, que nuestros servicios públicos tienen menos recursos, y también, porque lo fundamental de la planificación urbanística y territorial se hace desde Madrid y no desde nuestras ciudades. Todas esas consecuencias reales no dependen de cómo pensemos sino de la dominación política que padecemos. Esta realidad ocultada ha aparecido ante nosotros con toda claridad entre el barro y la sangre, como resultado de la trágica DANA del día 29 de octubre.

Ni el gobierno valenciano –una autonomía administrativa con poco poder político y con mentalidad de delegación colonial–, ni sus cargos concretos –pensando más en hacer méritos para ascender y poder hacer carrera en Madrid que en el País Valencià–, ni la planificación económica, territorial, de transportes o medioambiental realizada desde Madrid, responden a los intereses del pueblo valenciano. Y queremos hacerles llegar una advertencia y una exigencia a ustedes: Felipe de Borbón, Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo, que tienen el mando en el corazón de la metrópoli madrileña: o dejan de tratarnos como una colonia, empezando por la condonación de la deuda ilegítima que nos han obligado a contraer, nos dejan de expoliar fiscalmente y explotar socialmente y dejan de jugar al ping pong con nuestro pueblo, o se verán más pronto que tarde con un problema político de primera magnitud.

La DANA ha demostrado que en la tragedia humana que hemos padecido hay unos responsables concretos que han de pagar, pero también que en la tragedia permanente del pueblo valenciano hay unas responsabilidades históricas concretas que permanecen y se hacen presentes cada día y que hay que eliminarlas de raíz.

El pueblo valenciano es un pueblo digno y trabajador pero expoliado y sin poder autogobernarse. La infrafinanciación, las infrainversiones, el sucursalismo y la falta de respeto y de reconocimiento por parte de centralistas y sucursalistas nos ha llevado a la desgracia que han provocado una tenaza tal que puede llegar el día en que, como dijo Vicent Andrés Estellés, “arribarà un dia en què no podrem més i llavors ho podrem tot”.

Antoni Infante es miembro de Decidim, la plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià.