La reforma fiscal del Gobierno, en el aire

La intención del Gobierno era aprobar varias medidas fiscales de una sola tacada, pensando que así la negociación sería más sencilla. La realidad se ha tornado bien diferente y ahora el paquete al completo está en el aire después de que el Ejecutivo haya pactado una cosa y la contraria con sus diferentes socios, lo que demuestra la fragilidad política sobre la que se sustenta la legislatura. Así, por ejemplo, la Ley de Impuesto Mínimo a las Multinacionales, que es en realidad una trasposición de una directiva europea, se encuentra ahora en una especie de limbo a la espera de conocer qué sucede mañana durante la votación en el Congreso de los Diputados.

La Comisión de Hacienda del pasado lunes se alargó hasta la noche. Pasadas las 23.00, ERC, EH Bildu y el BNG anunciaron un pacto con el Gobierno «para prorrogar un año más el impuesto a las energéticas«, una de las medidas estrella del paquete de reformas fiscales, en el que también se incluía la permanencia del gravamen temporal a la banca. La prórroga hasta 2025 del tributo que afecta a grandes multinacionales del sector de la energía se llevará a cabo a través de un Real Decreto Ley, según se especifica en el comunicado publicado por los nacionalistas de izquierdas.

Sin embargo, este acuerdo choca con lo pactado entre el mismo Gobierno y los nacionalistas de derechas a finales del pasado mes de octubre. Entonces, el Ministerio de Hacienda acordó mantener el gravamen sobre la banca al menos hasta 2026 pero hacer caer el de las energéticas el 31 de diciembre de este año. Esta fue la condición impuesta por Junts tras las amenazas de Repsol de retirar las inversiones planteadas en Tarragona si se mantenía el tributo. El PNV, por su parte, sí se había mostrado abierto a prorrogar el impuesto.

Desde Hacienda explican que el Real Decreto Ley que ampliará el periodo de actuación del gravamen incluirá una excepción para aquellas empresas que “mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización”, un apunte subjetivo que podría ser la llave para que Junts, cuyos votos son imprescindibles, decida apoyar el paquete de reformas fiscales y el futuro Real Decreto.

Para ello, todavía habrá que esperar, ya que no existe un día fijado para su votación en el Congreso. Sin embargo, este jueves sí debe aprobarse el dictamen de la Comisión de Hacienda que incluye la trasposición de la directiva europea que fija un tipo mínimo del 15% para las multinacionales. Asimismo, también se votará la enmienda que prorroga el gravamen a la banca y que podría salir adelante.

No obstante, además de atender las peticiones de sus socios nacionalistas (tanto de izquierdas como de derechas), el Gobierno podría encontrarse con otro escollo: Podemos, que no ha estado presente en la Comisión de Hacienda, ya ha dejado claro que no votará a favor del paquete fiscal si decae el impuesto a las energéticas. Así lo expresó su secretaria general, Ione Belarra, tras el anuncio del acuerdo con Junts. De nuevo, sus votos son imprescindibles para aprobar también la trasposición de la directiva europea.

Otras medidas incluidas dentro del paquete son la subida de dos puntos en el IRPF para las rentas del capital superiores a los 300.000 euros anuales (que pasará del 28% al 30%, y que supondrá una recaudación adicional de 200 millones de euros) y el impuesto a los vapeadores. Por el contrario, el dictamen de la Comisión ha dejado fuera el impuesto al diésel y el cambio de tributación de las SOCIMI.

El Gobierno todavía cuenta con 24 horas para volver a hacer malabares entre sus socios y plantear una salida in extremis que satisfaga a las diferentes fuerzas políticas. En juego están 5.000 millones de euros al año que podrían perderse si no se llega a un acuerdo. Asimismo, estaría en peligro el quinto pago de los fondos europeos, valorado en 7.200 millones de euros, y cuyo abono está vinculado a la reforma fiscal que debe ser aprobada por Bruselas.