CiU oculta a su fundador en sus conclusiones sobre el ‘Caso Pujol’

BARCELONA // Las conclusiones de la investigación parlamentaria sobre el Caso Pujol han vuelto a poner de manifiesto los vicios de la “vieja política”: esconder los casos que le afectan a uno y denunciar únicamente los de los demás. La comisión creada en el Parlament de Catalunya a raíz de la confesión del expresident de la Generalitat Jordi Pujol de que tuvo dinero en el extranjero sin regularizar durante tres décadas, por ejemplo, no merece para CiU que se cite a su fundador en las conclusiones: el nombre de Pujol no aparece en ninguno de los 28 folios de su informe. Pero tampoco se hace referencia al Caso Mercurio ni al Caso Pretoria, investigado en las sesiones y en el que están implicados exdirigentes socialistas, en las conclusiones del PSC. El extesorero del PP Luis Bárcenas sí que aparece en las conclusiones de los populares, como vía para exculpar al partido de Mariano Rajoy, pero no así la líder del PP catalán Alicia Sánchez Camacho y su implicación en el caso de espionaje Método 3.

La comisión de investigación que lleva por nombre “sobre el fraude y la evasión fiscal y las prácticas de corrupción política” ha llegado este viernes a su fin. Los grupos parlamentarios han acordado la verdad oficial de los hechos que durante ocho meses se han analizado en la Cámara. La conclusión que ha obtenido más consenso es que no se ha podido aclarar el origen de la fortuna en el extranjero de Pujol, y que por tanto no se ha demostrado que la tesis de la herencia defendida por el expresident sea cierta. Las pesquisas no se han circunscrito únicamente al caso que afecta al expresident de la Generalitat y su familia, sino que han ampliado el foco a los principales casos de corrupción que se han vivido en Cataluña en los últimos años y los mecanismos que permiten la evasión fiscal y las prácticas corrupción política. La sensación que se desprende de las conclusiones es que más que aclarar casos concretos las sesiones han servido para una cierta catarsis.

Por el Parlament han pasado cerca de ochenta comparecientes, en treinta sesiones, entre expertos, testigos e implicados en los principales casos de corrupción. Entre ellos, la familia Pujol al completo, con el expresident Jordi Pujol; su mujer, Marta Ferrusola, y sus hijos. También los saqueadores confesos del Palau de la Música, Félix Millet y Jordi Montull, que se negaron a contestar a las preguntas de los diputados; implicados en el Caso Pretoria como Macià Alavedra y Lluís Prenafeta; el extesorero del PP Luis Bárcenas, que declaró por videoconferencia; algunos de los empresarios con más poder en Cataluña, como Carles Vilarrubí; y expertos como el informático Hervé Falciani, el periodista Ernesto Ekaizer y el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, entre otros.

«Capitalismo de amiguetes»

“Han existido relaciones impúdicas entre el mundo de negocios y política. Esta manera de hacer no sólo existe, sino que está normalizada socialmente”, ha sentenciado Marc Vidal, diputado de ICV-EUiA, junto a la CUP y Ciutadans el grupo más crítico con el funcionamiento del sistema político catalán y español en las últimas décadas. “Destacamos la omertà que ha existido en Cataluña respecto a la corrupción. Ese oasis catalán que nadie mencionaba, y los medios ocultaban, un capitalismo de amiguetes en el que CiU ha estado en el ojo del huracán”, ha apuntado el diputado de Ciutadans Carlos Carrizosa, quien ha denunciado que los nacionalistas no han “roto con esta etapa anterior”, en la que ha incluido a Artur Mas.

“La crisis de régimen no es distinta en Cataluña y en España. Obedece a una lógica sistémica, en la cual acumular i conseguir más riqueza, entrar en la lógica del lucro te hace perder de vista cualquier ética pública, y confundir lo público con lo privado”, ha sostenido en sus conclusiones Isabel Vallet, diputada de la CUP-AE, que ha señalado que el pago de comisiones en operaciones urbanísticas y la financiación de partidos han favorecido la corrupción. Sobre este último aspecto, la CUP ha sido la formación que más drástica ha sido en sus recomendaciones, al instar a que se prohíba que los partidos puedan endeudarse con los bancos.

Para Esquerra Republicana, Pujol confundía lo que era público con lo que era privado, y ha subrayado la “contradicción que representaba con su discurso público de alto componente moral”, en palabras de Sergi Sabrià. “El estilo de gobernar de Pujol no debe volver más. Se debe poner fin a la confusión entre la familia, el gobierno y las empresas”, ha enfatizado Sabrià, que ha instado a “cambiar la manera de hacer política de manera radical: del capitalismo de amiguetes al bien común”. Los republicanos coinciden con ICV-EUiA en la necesidad de reabrir la comisión de investigación en la próxima legislatura.

Para el diputado socialista Jordi Terrades los trabajos parlamentarios han puesto de manifiesto la existencia de empresas con estrechas relaciones la familia Pujol “que han conseguido contratos de forma continuada con la Generalitat”, así como que se ha visualizado como “creíble que los hijos ejercieron su influencia para obtener réditos personales”. Terrades ha subrayado la “necesidad de regenerar la gestión pública y luchar contra la corrupción”, que, ha incidido, está “íntimamente ligada a la existencia de los paraísos fiscales y el secreto bancario”.

«No se han podido aclarar casos concretos»

“La certeza absoluta de que nunca más habrá fraude fiscal ni corrupción política no existe, es algo inherente a la condición humana. Nos debemos comprometer en la denuncia y rechazo a estas prácticas”, ha mantenido el diputado del PP catalán Santi Rodríguez, que ha hecho hincapié en la “dificultad de poner negro sobre blanco unas conclusiones que no deben ser jurídicas”, puesto que varios de los casos analizados se encuentran en fase de instrucción o pendientes de juicio.

Por su parte, el diputado de CiU David Bonvehí ha resaltado que “Cataluña no es un país corrupto”. “La mayoría de sus políticos y cargos son personas honestas, y la mayoría de catalanes y empresas pagan sus impuestos”, ha manifestado. Para CiU, durante la comisión “no se han podido aclarar ni desmentir casos concretos”, y Bonvehí ha afeado a ICV-EUiA ser “el grupo paradigmático que antes de comenzar la comisión ya tenía escritas sus conclusiones”.

La comisión se constituyó el 3 de noviembre de 2014 a propuesta de ICV-EUiA y la CUP y tras aprobarse por unanimidad. Los únicos comparecientes citados que han rehusado acudir al Parlament han sido los ministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro; el jefe de Gabinete de Rajoy, Jorge Moragas; el director del CNI, Félix Sanz; el director de la Policía, Ignacio Cosidó; el comisario de la Policía que ex jefe de la Udef, Manuel Vázquez López, y el director del departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria, Luis María Sánchez González. El Parlament los ha llevado a la Fiscalía por un posible delito de desobediencia.

Tras las votaciones de hoy, las conclusiones se llevarán la próxima semana al pleno del Parlament. Más allá de si las sesiones han servido para que se pudiese conocer algún hecho nuevo, para Marc Vidal la expectativa que ha generado la comisión “ha ayudado enormemente a difundir el relato alternativo al pensamiento único de que aquí no ha pasado nada; ha permitido a algunas personas a abrir los ojos sobre lo que ha pasado en este país”.