La investigación y los proyectos de investigación

Jordi Nieva* // Es un dato conocido que la Universidad y la educación en general han sufrido los peores recortes presupuestarios de los últimos años. Los gobiernos parecen haber olvidado –si es que alguna vez lo supieron– que la debida formación de los niños y jóvenes de hoy asegura un futuro próspero a una nación: son mejores los profesionales, y por tanto acaban funcionando mejor los servicios. Por añadidura, los gobernantes están también mejor preparados y, en consecuencia, pueden ser menos propensos a la corrupción.

Otro resultado adicional es que el Estado acaba despuntando en tecnología e investigación en general, lo que produce a medio-largo plazo ingresos en todos los sectores económicos de una manera sostenida. La Universidad genera “cerebros” muy competitivos que con la debida financiación pueden hacer realidad sus ideas, producidas por el estudio y su propia creatividad. De ese modo, a la larga –no son aconsejables las prisas en este ámbito– un país se convierte en un lugar donde todos quieren estudiar, y a la postre vivir. Y acaban viniendo autoridades de otros países a intentar llevarse a algunos de esos estudiosos.

La clave de todo ello consiste en contar con un profesorado muy bien formado que transmita los contenidos más brillantes y realice evaluaciones exigentes del alumnado. Pero además se precisa dinero para las investigaciones. Las ciencias de la naturaleza necesitan más, porque precisan laboratorios, estudios de campo y a veces equipos muy caros. Las Humanidades normalmente menos, porque sólo necesitan, habitualmente, bibliotecas, ordenadores y despachos donde trabajar.

España dedica a todo lo anterior una considerable pobreza de recursos, sobre todo en bibliotecas. Pero cuenta con un curioso sistema de financiación conocido con el nombre de “proyectos de investigación”. Se trata de una serie de convocatorias públicas, normalmente de las Administraciones pero también de algunas entidades privadas. A esas convocatorias están llamados cualesquiera investigadores que presenten un resumen de la investigación que se proponen hacer, con un cálculo de los medios materiales y económicos que necesitan, así como con una estructura de las fases de ejecución del proyecto e integrantes del mismo. Hasta aquí todo puede parecer muy razonable.

Lo que ya no es tan razonable es que muchos de esos proyectos son ficticios, y la mayoría concluyen sin resultado investigador alguno. En la mayoría de las ocasiones el dinero prestado financia la organización de congresos, en el mejor de los casos la publicación de algunos trabajos hechos para la ocasión –no pocas veces para justificar aparentemente la financiación–, así como algunos viajes a congresos o estancias de investigación –tantas veces sin resultados– de los integrantes del proyecto. En definitiva, los proyectos de investigación están financiando aspectos necesarios de la vida universitaria, ciertamente, pero que salvo en el caso de las publicaciones –cuando no son aparentes– no son “investigación”.

Tampoco es razonable la enorme, aburridísima, penosa e inútil burocracia que cuesta conseguirlos, ni tampoco los criterios de selección, en los que participan colegas de la misma disciplina que pueden rivalizar –o simpatizar, que es aún peor– con el solicitante. Así existen proyectos que se renuevan periódicamente y nunca concluyen en nada, pero que hasta acaban obteniendo la calificación de grupos de investigación “consolidados”, algunos merecidamente, pero muchos no.

Se pierde así mucho dinero, y se dejan de financiar auténticas investigaciones que no pasan los aburridos –e inútiles– filtros burocráticos porque dichos filtros no detectan la auténtica calidad científica.

El sistema ganaría mucho –y ahorraría mucho dinero– si se dotara de fondos a las universidades específicamente para financiar las publicaciones de sus profesores, lo que debería ser de pura lógica pues ello interesa al prestigio de cada universidad. También debería financiar cada universidad la organización de congresos y jornadas, o la asistencia a los mismos, estableciendo sistemas que incentivaran la objetividad y la excelencia científica premiando a los investigadores de mejor trayectoria de cada universidad, lo que actualmente es especialmente fácil de medir por las constantes revisiones curriculares a las que nos vemos sometidos los profesores, especialmente la de los sexenios de investigación. Esas revisiones evaluadoras deben, en consecuencia, reafirmar su total limpieza y transparencia para ser eficaces.

Con ello, los proyectos de investigación quedarían reservados para las materias que precisan laboratorios, equipos y estudios de campo, debiendo ser invertido el dinero exclusivamente en el proyecto, y no en los capítulos antes indicados. Así las investigaciones tendrían auténticos resultados científicos y, sobre todo, medios para obtenerlos. Y dejaría de escaparse el dinero en viajes y encuentros sociales, necesarios, pero que no deben ser financiados por un proyecto de investigación. Ojalá algún día ocurra.

* Jordi Nieva es Catedràtic de Dret Processal en la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona