“No sabemos por qué estos ocho, ha sido al tuntún”

Artículo publicado en el número de junio de La Marea, a la venta en quioscos y en nuestra tienda virtual

BARCELONA // «Agotado». «A punto de explotar». «Rabia, cansancio…». «Con incertidumbre de no saber qué va a pasar con nosotros de aquí a diez días…». Es el estado de ánimo de algunas de las personas condenadas a tres años de prisión por su participación en la protesta Aturem el Parlament (Paremos el Parlament) que el 15-M organizó en Barcelona el 15 de junio de 2011. Tras cuatro años de proceso judicial y una sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional (AN), en marzo de este año el Tribunal Supremo (TS) corrigió el dictamen y condenó a 8 de los 19 encausados a penas de cárcel. «No sabemos por qué estos ocho. Están cogidos al tuntún. No hay forma de diferenciar a uno de otro», afirma Isabel Elbal, abogada de algunos de ellos. La decisión del TS envía a prisión a los jóvenes por actos como «seguir a un diputado con los brazos en alto, moviendo las manos, coreando consignas de la manifestación«.

«Concuerda con el sentimiento mayoritario del pueblo de Cataluña», valoró el portavoz del Govern, Francesc Homs, al conocerse el fallo. Con estas palabras extendía al conjunto de la ciudadanía la opinión que repetidamente se había expresado desde la Generalitat y en tertulias de los principales medios: los hechos no podían «quedar impunes». Aquel 15 de junio, miles de personas rodearon el Parc de la Ciutadella el día en que el Parlament debía aprobar el primer gran paquete de recortes del Ejecutivo de Artur Mas, que no figuraban en su programa. Se produjeron momentos de gran tensión cuando los diputados accedieron al recinto. Por un dispositivo policial defectuoso, como sostuvo la propia AN en la sentencia, tuvieron que cruzar la masa de manifestantes. Los ánimos estaban caldeados por el brutal desalojo de Plaça de Catalunya dos semanas antes y las cargas que habían comenzado a primera hora de la mañana. Pero a pesar de que varios diputados denunciaron haber sufrido «agresiones» y «empujones», nada de ello se pudo probar en el juicio.

Un total de 19 personas fueron llevadas ante la Audiencia, que decretó la absolución para todas ellas excepto para una, a quien condenó a cuatro días de localización por haber pintado la gabardina de una diputada. «La acción colectiva de protesta se hallaba dentro del ámbito constitucionalmente protegido del derecho de reunión y manifestación. Estaba dirigida a configurar un espacio público que tuviera en cuenta la voz de los desfavorecidos por las políticas denominadas de austeridad«, señaló el auto. Pero tras el recurso presentado por la Generalitat, la Mesa del Parlament y la Fiscalía, el Tribunal Supremo condenó a 8 de los acusados por un delito contra las altas instituciones del Estado. Entendió que la protesta pretendía alterar el funcionamiento de la Cámara, en un clima de «intimidación ambiental», y que los actos individuales, que por sí mismos no eran punibles, contribuían a ese propósito colectivo. «La sentencia aporta un hecho nuevo: que la protesta crea una atmósfera hostil en el que cada acto individual es una aportación al delito», analiza Elbal. «Pero estar presente no te hace culpable de lo que haga el grupo. En un Estado social de derecho, quien la hace, la paga. Estamos volviendo al Derecho romano, en el que si se cometía un crimen pagaba el autor del delito, el perro, la familia y hasta los vecinos”, añade.

Recriminar recortes

«Desde el principio todo esto ha sido surrealista y esperpéntico, y ha acabado en una aberración», sentencia Jordi Raymond, uno de los condenados, en el encuentro que La Marea ha mantenido con seis de estos ocho jóvenes. Su delito: «Al tiempo que desplegaba una pancarta, pedí que no dejaran pasar a dos parlamentarios«. «No nos condenan por los hechos, sino por una cuestión política«, afirma Ciro Morales, «una de las personas que rodeaban a otro parlamentario, coreando lemas«, dice la sentencia. “Yo volví a casa con la sensación de contención, de que no había pasado nada que pudiera ser castigable», señala Olga Álvarez, a quien se le atribuye «recriminar las políticas de recortes de gasto y decir a un parlamentario que no les representaba«.

[Los cargos de los que se acusa a los ocho condenados, recogidos en el voto particular de Perfecto Andrés.]

Ninguno de los condenados fue detenido aquel 15 de junio, sino cuatro meses después, cuando agentes encapuchados de los Mossos d’Esquadra los fueron a buscar a sus domicilios y a sus puestos de trabajo. Al producirse las primeras detenciones, varias de las personas a quienes también buscaban los agentes se presentaron voluntariamente en la Ciutat de la Justicia. Allí se produjo una escena esperpéntica. Decenas de Mossos irrumpieron en el recinto, sin el permiso de la jueza decana, para arrestar a gente que ya se había puesto a disposición judicial. “La AN estableció que esas detenciones no tenían ningún sentido, porque estaban perfectamente localizados. Buscaban la estigmatización social, y ficharlos para que tuviesen antecedentes policiales», explica Elbal. «Les fotografiaron la oreja, el cuello, los ojos, a algunos les pusieron gorra y distinta indumentaria, con el fin de elaborar un informe pericial en el que constase que coincidían con las grabaciones de aquel día», relata la abogada.

«Tenían nuestros nombres y las fotos, pero como no había antecedentes tenían que ficharnos», afirma Jordi. «Las fotos que poseían eran ilegales», añade Rubén Molina. Según denuncian, les detuvieron por su vinculación con el activismo social. «Partimos de la idea de que existen ficheros policiales de gente movilizada políticamente. Desde el Parlament quisieron que hubiera un castigo, y buscaron en las imágenes qué personas podían reconocer a partir de las listas que ya tenían», expone Olga. «Jugaron a la estrategia de buenos y malos para disgregar al movimiento 15-M. Pensaban que gran parte del movimiento nos dejaría de lado. Pero no les funcionó», sostiene Ciro. «Tampoco echarnos a la Justicia encima, porque resolvió que ninguno de los hechos que se nos pueden imputar a nosotros es constitutivo de un delito penal», subraya José María Vázquez.

Objetivo, que no siente jurisprudencia

Efectivamente, la Audiencia Nacional –con un voto particular de Fernando Grande-Marlaska-, consideró que debía primar la libertad de expresión, el derecho de reunión y manifestación. Tras tres años de proceso, los 19 jóvenes respiraron aliviados. Hasta que el Supremo tumbó la sentencia, al considerar que el derecho a la participación política a través de los representantes debe primar sobre el derecho a la manifestación, y que el primero fue vulnerado aquel día. Al juez ponente, Perfecto Andrés, contrario a la condena, se le retiró la ponencia y tuvo que redactar un voto particular en el que razona que no podía valorar jurídicamente una cuestión que enmarcó en la esfera política. «Fue un palo, porque supuestamente ya estás libre«, afirma Ciro. «Es como tener que volver a jugar a su juego, cuando ni siquiera te lo crees», suspira Ángela Bergillos.

[El Tribunal Supremo achaca a las acciones individuales el propósito colectivo de «paralizar el Parlament».]

Miles de personas se manifestaron pocos días después con un lema principal: «Jo també estava al Parlament”. El enorme apoyo que han sentido es uno de los aspectos positivos que destacan de este periplo. «La solidaridad que hemos recibido no la había visto nunca», admite Ciro. «La gente que estuvo en el Parlament ve que le pudo haber tocado a ella, se ha comprometido de verdad», incide. A pesar de proceder de ámbitos distintos, «desde independentistas a libertarios, okupas, feministas…», enumeran, no sin dificultades han logrado mantener la cohesión del grupo. «En una situación de tanta tensión y tanta presión, es una victoria estar a estas alturas tomando decisiones colectivas», destaca Olga. Una de éstas ha sido la de pedir un indulto total. Tras haber recibido las notificaciones de ingreso en prisión, en el momento de la entrevista estaban a la espera de que el juez determinase si deben esperar la medida de gracia dentro o fuera de la cárcel. Finalmente, la resolución de la Sección Primera de la Sala de lo Penal les permite aguardar en la calle hasta que se pronuncie el Gobierno.

El próximo paso es recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC), en el que no confían demasiado, y si no les da la razón, acudir a Europa. La principal baza, expone Elbal, es que el TS les condenó sin ni siquiera escucharlos: «Lo que exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la doctrina del TC para condenar a una persona absuelta es respetar el relato de los hechos. Si quieres tocarlos, tienes que traer a los acusados, escucharlos y repetir el juicio. El TS afirma que no los ha cambiado, pero sí lo ha hecho, porque mientras la AN dice que la manifestación era legal, que fue comunicada a Delegación del Gobierno y que la Fiscalía nunca actuó, el Supremo mantiene que era ilegal».

Aunque la respuesta de Europa llegue mientras estén ya en prisión, o incluso tras haber cumplido la condena, no piensan renunciar a esta vía, pues si sienta jurisprudencia supondría una gran limitación para la protesta social. «No vamos a descansar hasta que Europa la quite, aunque sea dentro de diez años», mantiene Ciro. A pesar del cansancio, la rabia y el hartazgo, no han caído en el abatimiento. «Aunque entremos en la cárcel nunca será una derrota. Al revés, lo que hemos aprendido de nuestras formas de hacer, de la solidaridad y el apoyo mutuo me da mucha fuerza; y la certeza de que nuestras vidas siempre merecerán más la pena que las suyas», destaca Olga. «No entraremos en la cárcel con la cabeza baja, porque la única manera en que han podido combatir nuestra batalla pacífica ha sido meternos en prisión», zanja José María.